La Semana Santa confinada deja en España imágenes de ciencia ficción: playas vacías, calles semidesiertas y controles policiales en las carreteras para evitar los desplazamientos.
El estado de alarma para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus seguirá vigente al menos hasta el 26 de abril y cuatro semanas después de ser decretado por el Gobierno de Sánchez, siguen las dudas sobre su aplicación en ciertos ámbitos.
Es el caso de las celebraciones religiosas, el real decreto ley especifica en su artículo 11 establece que la "asistencia a los lugares de culto, ceremonias civiles y religiosas" está "condicionada" a la "adopción" de medidas de contención en atención a las características de y "dimensiones" de tales lugares para garantizar el distanciamiento social de "al menos un metro".
Aunque muchas iglesias y congregaciones religiosas han decidido bajar la persiana y posponer las ceremonias de culto hasta nuevo aviso, estas prácticas están permitidas según la normativa. Sin embargo, este mismo viernes una veintena de fieles fueron desalojados de la Catedral de Granada.
"La Policía dice que tenemos que desalojar la iglesia, que si no sancionarán a las personas presentes uno por uno", comunicaba el arzobispo Martínez antes de pedir a los congregados que se acercaran a comulgar y salieran del templo.
El medio de comunicación Datadista ha preguntado sobre este suceso a la comisaria principal de la Policia Nacional, María Pilar Allué, que comparecía este sábado en la rueda de prensa tras el Comité Técnico. "La normativa vigente no ampara este tipo de actividades en estos momentos de confinamiento", ha despachado Allué, que aclarado también que el desalojo de fieles en Granada se hizo a instancias de la Policía Nacional pero fue ordenado por "los oficiantes" de la misa.
Sin embargo, el real decreto es bastante claro y sí contempla misas como la que transcurría el viernes santo en la catedral de Granada, dónde había 20 fieles, siempre que no se den "aglomeraciones" y con "distancia de al menos un metro".
Poco después de la entrada en vigor del decreto, el Gobierno sí emitió una modificación de esta orden que imponía más restricciones en el caso de las ceremonias fúnebres al considerar que "es difícil aplicar las medidas de contención y distanciamiento" en estos casos.
Además, la normativa establece que un máximo de tres familiares o allegados podrán participar en la "comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida" manteniendo siempre "la distancia de uno o dos metros entre ellos".