El mayor sindicato de la Policía Nacional, Jupol, ha presentado una querella contra nueve personas, entre ellas Fernando Simón, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y altos mandos del Cuerpo por delitos contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación omisiva por no proporcionarles el "material adecuado" para protegerse del coronavirus y no suspender las manifestaciones del 8 de marzo.
El escrito también va dirigido al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, al director de la Policía Nacional, Francisco Pardo; al director Adjunto Operativo, José Ángel González; y los subdirectores generales de Recursos Humanos y Logística. También contra la directora general de Salud Pública, María Pilar Aparicio Azcárraga, cuya firma aparece en los informes de Sanidad de la desescalada. A todos ellos les acusa de "dejación de funciones" y actuar "atendiendo a criterios políticos", poniendo de relieve una "palmaria falta de actuación".
Jupol denuncia que los agentes de la Policía Nacional fueron expuestos a un "intolerable riesgo de contagio" que, a fecha de las manifestaciones del 8 de marzo, "tenía el carácter de pandemia global de acuerdo con la máxima autoridad sanitaria internacional".
Ni guantes ni mascarillas
Explican, que en el caso de Madrid se concentraron 120.000 personas "sin que se advirtiera a los asistentes, ni a los agentes de servicio, del riesgo de contagio en que incurrían". Así, Jupol afirma que ni se les facilitó mascarillas ni guantes. Tampoco se les recomendó su uso. Es decir, los agentes acudieron a estas manifestaciones "sin que se tomara una sola medida de prevención o evitación del contagio de Covid-19".
En este punto, culpan a las autoridades de la "propagación" del virus, que entienden se extendería a los familiares, compañeros de trabajo y amigos de los asistentes contagiados, "siendo la Comunidad de Madrid a día de hoy, la región con mayor número de muertos por coronavirus de España".
Remarcan que permitir la celebración de eventos multitudinarios, no solo las manifestaciones del 8-M, era una "actuación arbitraria" y "carente de una explicación razonable". Así, y obligados a participar sin medidas de protección, las autoridades "les expusieron" a un "elevadísimo" riesgo de contagio "del que fácilmente podría haberse prescindido si se hubieran atendido las abrumadoras advertencias con las que se contaba en dicha fecha".
Dejación de funciones
Por todo ello, y con el convencimiento de que los riesgos que concurrían para la salud pública eran ya conocidos por los querellados, Jupol considera que la decisión de no actuar supone una infracción de un deber jurídico, que constituye el ilícito penal de prevaricación omisiva. En este punto, se destaca de los querellados una "incomprensible dejación de funciones" y que, en todo momento, actuaron "atendiendo a criterios políticos".
No puede admitirse, sobre la base de ningún prisma bajo el que pretenda examinarse la materia, que a fecha 8 de marzo de 2020 existieran meras dudas acerca de la inconveniencia de permitir una concentración de miles de personas. Muy al contrario", remarcan en la querella.
Jupol denuncia también la "palmaria falta de actuación de las autoridades competentes", que ignoraron "el clamor" que circulaba ya dentro del cuerpo sobre el riesgo que podía generar el coronavirus desde febrero. Así, explican de nuevo en el escrito que "miles de agentes" han desempeñado sus funciones durante semanas "desprovistos de cualquier tipo de medios de protección y sin protocolos claros de actuación o, incluso, con protocolos contradictorios".