El Partido Popular se opone a que el Gobierno recurra de nuevo al estado de alarma si se cumplen las previsiones y hay a medio plazo un rebrote de Covid-19. El presidente del PP, Pablo Casado, considera que hay leyes ordinarias suficientes como para poder confinar a los ciudadanos en caso de que sea necesario sin necesidad de decretar de nuevo un estado excepcional. Esta tesis sigue siendo desterrada por el Gobierno, que insiste en que el único instrumento legal que existe en la Constitución para limitar la circulación de las personas es el estado de alarma.
El PP quiere apartarse de la imagen de oposición destructiva que vende el PSOE sobre ellos y trabaja ya por que los españoles lo visualicen como un partido responsable que está dispuesto a negociar con el Gobierno mejoras en la vida de los ciudadanos. De hecho, en Génova hablan ya abiertamente de negociar con el Gobierno un cambio normativo que permita controlar la circulación de los españoles en el caso de que surja un rebrote. El objetivo del PP es que Sánchez no vuelva a acumular el mando único de la gobernabilidad de España por una futura crisis sanitaria que limite las competencias de los presidentes autonómicos.
Casado mantuvo este lunes por la mañana en la sede de Génova una reunión con los principales alcaldes del PP, entre ellos José Luis Martínez-Almeida (Madrid) y Jorge Azcón (Zaragoza). Tras este encuentro, el líder de la oposición habló de "colaborar" con el Ejecutivo central para hacer frente "a cualquier contingencia futura". El líder de la oposición animó a Pedro Sánchez a aprobar en Consejo de Ministros un proyecto de ley con los cambios que considere oportunos en la legislación actual y se debata abiertamente en el Parlamento. "El Gobierno puede tramitar ya proyectos de ley para que las Cortes Generales dejen perfectamente planificado un plan b jurídico", destacó.
El PP votó a favor de las tres primeras prórrogas del estado de alarma, en la cuarta se abstuvo y pidió a Sánchez que pensara en cómo volver a la legislación ordinaria limitando los movimientos de los ciudadanos. En la quinta y sexta prórroga votó en contra ante la negativa de Moncloa de levantar el estado de alarma. Aquellas dos votaciones fueron utilizadas por destacados miembros del PSOE y Unidas Podemos para sentar al PP en el mismo banco que Vox.
Artículo 3
El plan Activa España que Casado diseñó con su gobierno en la sombra incluía una batería de normativas legislativas que permitiría al Gobierno contener un hipotético rebrote sin necesidad de volver a tener poderes excepcionales que otorga un estado de alarma. Ahora, el PP da un paso más al frente y tiende la mano a Sánchez para dialogar y consensuar cualquier cambio que se necesite para proteger a los ciudadanos.
Sobre cómo es posible acordonar una zona con hipotéticos casos positivos en coronavirus, Casado citó este lunes el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986 de materia de salud pública, que recoge que "con el fin de controlar enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria podrá adoptar las medidas oportunas para el control de enfermos, de las personas que estén en contacto con ellos, así como las que consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
Los conservadores también tienen en mente la ley general de Sanidad, que permite tomar aquellas medidas que se consideren "sanitariamente justificadas frente a un riesgo inminente y extraordinario para la salud". El tercer punto del decálogo del PP incluye la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, que permite tomar medidas "estrictamente necesarias" en ese ámbito.
Gestión de crisis
Además, Casado también ha hecho mención a que el Ministerio de Sanidad tiene competencia en la gestión de alertas que permite "suspender actividades y actuaciones si existen riesgo para la salud". De hecho, el PP recuerda que antes del estado de alarma ya se confinó algún municipio como Igualada para evitar la propagación del virus.
En quinto lugar, los conservadores cuentan con la ley de seguridad nacional, que en su artículo 23 incluye la coordinación reforzada de los recursos de todas las administraciones a través de la declaración de "situación de interés para la seguridad nacional". Por sexto y último lugar, estaría la ley del sistema nacional de Protección Civil, que garantiza el mando único de gestión de crisis en situación de emergencia nacional.