La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, órgano dependiente del Ministerio del Interior, ha ordenado el traslado de otros dos etarras a cárceles próximas al País Vasco. Uno de ellos, José Luis Barrios, también conocido como 'Txetxu', es uno de los asesinos de Alberto Jiménez-Becerril, concejal del PP en Sevilla, y Ascensión García Ortiz, su esposa, procuradora de profesión y también afiliada al PP.
Ambos fueron víctimas de un atentado perpetrado por Barrios y otro etarra, apodado 'Kantauri', hace 22 años. Murieron al recibir sendos tiros en la nuca a la una de la madrugada del 30 de enero de 1998, en una calle del casco histórico de la ciudad hispalense, cuando regresaban caminando a su casa. Ambos tenían 37 años. Barrios, al año siguiente, fue condenado a 60 años de prisión.
Así, el ministro Fernando Grande-Marlaska prosigue con la línea ya marcada con su llegada al ejecutivo hace dos años. 'Txetxu' cumplía su condena en la prisión de Albolote (Granada), donde la Junta de Tratamiento del centro penitenciario ha dado el visto bueno a su traslado, manteniendo la clasificación en primer grado, "aplicando el principio de flexibilidad del art. 100.2 del Reglamento Penitenciario, con el objetivo de su progresiva adaptación al régimen ordinario".
El asesino del concejal sevillano será ahora trasladado a la prisión de Zuera, en Zaragoza, a pocas horas de distancia de el País Vasco. Tendrá el privilegio de cumplir lo que le resta de condena más cerca de su domicilio.
Es preciso recordar que este etarra, miembro del llamado 'comando Andalucía', fue también condenado a un total de 232 años de prisión como uno de los autores del atentado cometido el 10 de febrero de 1997 contra una furgoneta del Ejército del Aire en la localidad granadina de Armilla. A causa de la explosión de un coche bomba, Domingo Puente, que trabajaba en la base como peluquero, falleció en el acto, y 17 personas resultaron heridas de diversa gravedad.
Segundo traslado
A la vez, también se ha aprobado el traslado de Igor González Sola, condenado a 20 años de prisión por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación. Se encontraba cumpliendo condena en la prisión de Soria. Ahora terminará de cumplir su pena en la cárcel de San Sebastián.
"Las víctimas del terrorismo nos levantamos cada viernes con el temor de no saber qué nuevo movimiento en política penitenciaria nos tiene preparado el Gobierno", aseguran desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
El gobierno de Pedro Sánchez ha acercado ya a un total de 43 presos de ETA en estos dos últimos años. Por este motivo, algunas asociaciones de víctimas exigen ya con "carácter urgente" una reunión con el ministro del Interior. Se sienten decepcionados, preocupados y desamparados."Todo esto difiere mucho de lo que el propio Ministro nos ha asegurado en las reuniones que hemos mantenido con él a lo largo de todo este tiempo".
Delitos de sangre
Tan solo en los últimos seis meses se han trasladado una quincena de presos, más que en todo el año pasado. Todos ellos están ya en localidades más próximas a sus lugares de origen.
Entre los beneficiados por estas medidas hay convictos que tienen un largo camino penitenciario por delante, con largas penas y delitos de sangre. Además "ninguno de ellos ha pedido perdón", aseguran desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). No hay en ese nutrido grupo de terroristas ningún signo de colaboración con la justicia. Tampoco atisbo de arrepentimiento.
Algunos casos resultan, para la AVT, particularmente irritantes, como por ejemplo el de Francisco José Ramada Estévez alias Bera. Ramada cumple todavía 26 años y tres meses de condena. El 18 de mayo se aprobó su traslado desde Murcia a Pamplona, a tan solo 75 kilómetros de Bera del Bidasoa, su localidad natal. Fue la primera vez que se llevaba a un etarra a una prisión cercana a su domicilio.
Ramada fue uno de los secuestradores de José María Aldaya y del empresario Cosme Delclaux, liberado en la madrugada del 1 de julio de 1997, tan solo unas horas antes de que la Guardia Civil encontrase a José Antonio Ortega Lara en un angosto zulo escondido dentro de una nave industrial de Mondragón. La banda terrorista le mantuvo encerrado durante 532 días en ese lugar.