La Administración General del Estado no dispone de la información necesaria sobre en qué áreas gastan las diócesis de la Iglesia Católica los recursos provenientes del IRPF ni de las exenciones fiscales, según un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas difundido este jueves.
Este organismo destaca que la Iglesia elabora más una memoria de actividades que una memoria justificativa que explique cómo la asignación tributaria del Estado contribuye a su sostenimiento económico; también contiene información suficiente para comprobar que esa asignación se ajusta a sus necesidades de financiación.
No existe un instrumento para que el Estado conozca la situación de la Iglesia respecto a su propósito de autofinanciarse, subraya el Tribunal de Cuentas.
El informe indica que no existe ni normativa ni acuerdo que establezca las necesidades de la Iglesia, a cuyo sostenimiento el Estado se compromete a colaborar, y "esta ausencia de concreción impide determinar con precisión la existencia de insuficiencias o excesos de financiación".
La Iglesia recibió en 2017 un total de 264 millones de euros de los fondos del IRPF, pero la Administración no dispone de información que permita conocer las áreas en las que las diócesis aplican esos recursos.
Ninguna incidencia
A pesar de que la Iglesia presenta una memoria de actividad más que una justificativa, y para la que no se han establecido criterios o normativa, el Tribunal de Cuentas precisa que el Ministerio de Justicia no ha puesto de manifiesto ninguna incidencia respecto de las memorias presentadas.
Y ello a pesar de que la memoria "es insuficiente" para que el Estado pueda analizar las obligaciones derivadas del Acuerdo con la Iglesia y de la normativa comunitaria.
Tampoco Iglesia y Estado han acordado el tratamiento de eventuales desajustes, déficits y superávits, entre el importe de la asignación tributaria y las necesidades de financiación.
En 2016 y 2017, según las memorias presentadas, la Iglesia tuvo unos superávits de 19,3 y 15,9 millones de euros, respectivamente.
"No es un impuesto religioso"
La asociación Europa Laica ha incidido en un comunicado en que el tribunal reconoce que la asignación tributaria "es una detracción de ingresos del Presupuesto General estatal y por tanto no es un impuesto religioso que afecta solo a los católicos, sino, simple y duramente, una pérdida de ingresos en el dinero público que afecta a todos los ciudadanos, sean católicos o no, lo que contradice la aconfesionalidad del Estado".
Critica Europa Laica que el informe constata las carencias documentales de la memoria anual, así como la ausencia de un control público efectivo que regule esta obligación.
"El Tribunal de Cuentas corrobora las denuncias de Europa Laica acerca de todo este tinglado confesional, las triquiñuelas nada justificativas de la Memoria así como la negligencia, cuando no connivencia, de la Administración y el Gobierno de turno sobre el dinero público regalado a la Iglesia católica", ha denunciado la asociación.