Los cinco dirigentes de la izquierda abertzale condenados por el caso Bateragune reclamarán una indemnización al Estado tras la anulación de la sentencia por la que cumplieron seis años de cárcel, además de la inhabilitación para cargo público.



El Tribunal Supremo anuló este viernes la sentencia del caso Bateragune después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenase a España por la parcialidad de una jueza.



El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el exdirigente sindical Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, cumplieron penas de seis y seis años medio de prisión, ademas de ser inhabilitados para cargo público.



El abogado de los cinco, Iñigo Iruin, ha anunciado este sábado en San Sebastián que presentarán una reclamación de indemnización al Estado por "error judicial".



El abogado ha señalado que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en el caso del "error judicial" no es necesario otra sentencia que reconozca ese error porque el fallo de ayer del Supremo ya lo hace de forma "tácita", por lo que reclamarán la "responsabilidad patrimonial del Estado" y la indemnización correspondiente, para lo que tienen un plazo de un año.

Sentencias "obligatorias"

Iruin ha explicado que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son "jurídicamente obligatorias" para los Estados pero "no ejecutivas", por lo que son los tribunales nacionales los que deben establecer cómo se aplican.



El fallo del TEDH consideró que hubo una vulneración de los derechos de Otegi al ser juzgado por un tribunal "no imparcial" y ahora el Supremo ha declarado la "nulidad total" del proceso en la Audiencia Nacional y el propio TS, lo que incluye a los otros cuatro condenados. "No debieron ser condenados en ningún caso", ha sostenido.



Arnaldo Otegi ha considerado "curioso" que el fallo del Supremo se produzca "quince días después" de haberse celebrado las elecciones vascas, en las que no pudo ser candidato. "Seguramente han tenido que alargar las deliberaciones para escribir un folio" de sentencia que aplicara el fallo de hace dos años del Tribunal de Estrasburgo, ha ironizado.



El dirigente abertzale ha opinado que este caso fue una "operación de Estado, urdida por los aparatos del Estado con un gobierno del PSOE", que buscaba "impedir que la izquierda abertzale cambiara de estrategia" abandonando la lucha armada, "dividir" a la izquierda abertzale encarcelando a los que consideraban sus "activos más importantes" y "destruir el proyecto de la izquierda independentista".



Ha recordado que hace diez años la izquierda abertzale estaba ilegalizada y ahora EH Bildu "es la primera fuerza municipalista" en Euskadi y Navarra y tiene un "crecimiento homogéneo en los siete territorios" (lo que incluye el País Vasco francés). "La lectura es bien sencilla, hoy ellos son más débiles y la izquierda independentista es más fuerte, ha sido una victoria jurídica y política", ha mantenido.

"Un precio muy duro"

Otegi ha dicho que los cinco han "pagado un precio muy duro" pero están "muy satisfechos". "Hicimos lo que teníamos que hacer, era el precio que había que pagar", ha añadido en la rueda de prensa, en la que le han acompañado Rafa Díez y Miren Zabaleta.



El coordinador de EH Bildu ha reclamado al Estado que "defienda la unidad de España con argumentos democráticos y no con violencia" y que reconozca que "la tortura es una estrategia estructural" y que se "construyen pruebas para encarcelar".



En el origen del recurso de los condenados al TEDH está la respuesta que dio esta magistrada, Ángela Murillo, cuando Otegi, en la vista de una causa anterior, no quiso contestar si condenaba la violencia: "Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta". A lo que Otegi replicó: "Yo también sabía que lo iba a preguntar".



La Audiencia Nacional condenó a Otegi entonces a dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Él recurrió la parcialidad de Murillo y el Supremo le dio la razón. Otra Sala de la Audiencia lo absolvió en la repetición del juicio. Dos meses después, en el juicio por Bateragune se repitió la recusación contra Murillo pero esta vez sin éxito.



Para Estrasburgo, aceptar la primera recusación de la jueza por parcialidad contra Otegi en un caso y rechazarla en otro procedimiento diferente contra él solo unos meses después vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

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