Quizás lo recuerden. En abril de 2017, Podemos -que entonces no tenía el prefijo Unidas- sacó a las calles de Madrid lo que vinieron a llamar el Tramabús. Se trataba de un autocar, color azul Partido Popular, sobre el que iban impresas las caras de personajes como Luis Bárcenas, Jordi Pujol o Miguel Blesa. Su objetivo era, a base de ruido, denunciar la corrupción del poder. Como si se tratara de una vindicta del destino, ahora su ideólogo, el Secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, se sentará en el banquillo en calidad de imputado. Y el motivo es exactamente el mismo que denunciaba el autobús.
Pero no está solo. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado también al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente de la formación, Rocío Val. Los tres, además de cercanos al vicepresidente Pablo Iglesias, forman presuntamente el triángulo dirigente de lo que sería la presunta Caja B del partido morado. Se les acusaría, junto a Podemos como persona jurídica (igual que el PP con la Gürtel), de los delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, entre otros. Los tres están citados a declarar en sede judicial el próximo día 20 de noviembre.
Su imputación supone un duro golpe para Podemos, que ve como se le acumulan las causas judiciales. Por un lado, sigue pendiente de resolver la implicación de Pablo Iglesias en el llamado Caso Dina y, por otro, de confirmarse la acusación que se ha conocido este martes, la formación perdería fuerza en su discurso contra la corrupción que lleva como bandera desde su creación. Pablo Iglesias, muy dado a airear su opinión sobre cuestiones judiciales a través de las redes sociales, aún no se ha pronunciado sobre esto en el momento en el que se escribe este reportaje.
Aunque desconocidos para el público general, EL ESPAÑOL analiza quiénes son estos tres vértices que forman el triángulo de la presunta caja B, pertenecientes a la cúpula de Podemos y muy cercanos a Pablo Iglesias así como a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Juanma del Olmo, por ejemplo, es actualmente director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia de Iglesias. Es una suerte de Iván Redondo de Podemos y sobre él recaen las sospechas por sus actuaciones en la campaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019.
Por otro lado, Daniel de Frutos, como tesorero, estaba siendo investigado por el abogado purgado José Manuel Calvente. Además, formó parte de las negociaciones para la compra del famoso chalé de Galapagar que tantos disgustos ha traído a los dirigentes de la formación. Por su parte, Rocío Val es vicepresidenta de la cooperativa Kinema, fundada por el diputado Rafael Mayoral y que recibió cuantiosos contratos bajo el Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Este diario ya habló de ella el pasado mes de febrero, cuando la formación ocultó el fallecimiento de un trabajador.
Juanma, de las juventudes comunistas
Estos tres mosqueteros de la caja B han sido citados tras la denuncia presentada por el abogado purgado José Manuel Calvente en la que acusaba varias ilegalidades que había descubierto mientras estaba al mando del equipo legal de Podemos. Sus declaraciones abarcan desde la irregular adjudicación de las obras de la sede de la formación en Madrid hasta sobresueldos. Y cada uno de los tres juega su papel particular.
De 38 años de edad, Juanma del Olmo se empezó a interesar por la política de joven, cuando su tía le llevó a un mitin de Julio Anguita que se celebró en la Casa de Campo de Madrid. Diplomado en una formación superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, sus primeros pasos laborales fueron como programador en la empresa privada mientras que, poco a poco, iba participando en proyectos sociales.
Del Olmo entró en Podemos en sus inicios, en 2014. Y lo hizo a través de su amiga Irene Montero, la actual titular de Igualdad y pareja de Iglesias. Ambos se conocían de su etapa de estudiantes y militaron en la Unión de Juventudes Comunistas. Pronto fue escalando posiciones dentro de la formación, primero como diputado por Valladolid y luego ocupando cargos orgánicos.
Como anécdota, es pareja de Isa Serra, condenada a 19 meses de prisión e inhabilitación por un delito de atentado contra agentes de Policía, sentencia sobre la que cabe recurso. Ambos son padres de Adrián, un niño que lleva primero el apellido de la madre, para romper con la tradición de anteponer el del hombre, en pro de la igualdad. También fue cofundador de la marca 198 que viste a Iglesias y que comercializó una camiseta de la Selección Española de fútbol en su versión republicana.
Como ideólogo de la comunicación de Podemos, él está detrás no solo del Tramabús sino de la campaña de las cloacas -en la que se vendió, en parte, como víctima de Villarejo- y estuvo en el equipo, liderado por Montero, que negoció el Gobierno de coalición junto al PSOE. Su ahora lío judicial viene, justamente, de su rol en la campaña electoral de abril de 2019, la de las cloacas. Según José Manuel Calvente, Del Olmo fue el responsable de contratar para aquella campaña los servicios de la empresa Neurona Consulting.
De la relación de Neurona con Podemos, el Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades contables de entre 400.000 y 600.000 euros. Detrás de todo ello planea la sombra de Juanma del Olmo, el responsable de aceptar los pagos de la formación hacia la consultora. Neurona se había creado tan solo un mes antes de la adjudicación del contrato y tanto Rocío Val como Daniel de Frutos dieron presuntamente el visto bueno.
Pero este no es el único frente que tiene abierto Del Olmo. Cuando en diciembre del año pasado se purgó al abogado Calvente, él denunció que se hacía porque estaba investigando sobresueldos que se camuflaban bajo gastos de taxi y viajes. En ese sentido, Del Olmo fue en 2018 el diputado que más dinero cargó al partido en combustible -100 euros mensuales-, a pesar de no tener coche declarado, según adelantó El Independiente. Además, cargaba alrededor de 300 euros al mes en concepto de taxi. Y a pesar de todo eso, sin embargo, seguía utilizando para moverse un BMW con el que se le ha visto en varias ocasiones.
Daniel, el tesorero
Como en toda trama de corrupción en un partido, aunque esta sea por el momento presunta, siempre juega un papel fundamental el tesorero. En este caso se trata de Daniel de Frutos. Según la denuncia presentada por José Manuel Calvente y por la que De Frutos ha sido imputado, su labor este tiempo ha sido la de eliminar los elementos de transparencia de la contabilidad del partido y oscurecer todos los movimientos de dinero.
Nacido en 1976 en Madrid y padre de un niño, De Frutos comenzó su carrera laboral como contable en empresas como Retouch Brands, propiedad de la millonaria Paris Hilton, y Accessorize. Lo hizo tras graduarse como técnico superior en Administración y Finanzas. Entró en Podemos en 2015, al inicio de las andaduras de la formación, y pronto fue escalando hasta convertirse en tesorero tras el congreso de Vistalegre II, en 2017. Un año después, en 2018, fue él el que decidió dejar de detallar tanta información en el portal de transparencia del partido.
Del núcleo duro del secretario de organización de Podemos, Alberto Rodríguez, De Frutos ha estado envuelto en varias polémicas. La más notable fue cuando, en 2019, se descubrió que él mismo se saltaba la limitación salarial impuesta por Podemos, para ellos mismos, para dar ejemplo. Según relataron diversos medios, De Frutos cobraba el año pasado más de 800 euros a través de varios complementos que servían como trampa para saltarse la regla de cobrar como máximo tres veces el SMI. Sus sobresueldos fueron parte de la investigación que llevaban a cabo los abogados purgados.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ese mismo 2019 premió con una extra de 210 euros a la abogada Marta Flor, famosa ahora por el caso Dina. “Ese sueldo se lo subió Dani de Frutos y era un momento en el que se estaba despidiendo a gente y el propio De Frutos hablaba de recortar gastos”, explica a este diario una fuente interna que ha pedido permanecer en el anonimato. Marta Flor también es cercana a Alberto Rodríguez.
La otra gran polémica fue cuando se conoció que Daniel de Frutos había estado presente en las gestiones para la compra del chalé de Galapagar en el que actualmente residen Iglesias y Montero. Según Calvente, De Frutos apartó al resto del equipo legal en esa operación, por lo que no han trascendido detalles claros de cómo se realizó. Lo que sí que se sabe es que el chalé de Galapagar contó con una hipoteca extraña, la mejor del mercado en el momento, con el tipo de interés más bajo de toda España, un 0,5%. En la mejor hipoteca de aquel momento el interés era del 1,5%.
Rocío, del PCE
El último vértice de los tres mosqueteros de Iglesias es Rocío Val, la gerente de Podemos que controla los contratos y gastos de la formación a nivel estatal. Si pasa algo irregular, ella seguramente lo conoce ya que gestiona el dinero junto a Daniel de Frutos. Está en el cargo desde 2019 y tiene una estrecha relación con el diputado Rafael Mayoral también de la cúpula.
Inició sus andaduras políticas como secretaria general de las Juventudes Comunistas del PCE, en las que militó Pablo Iglesias hasta los 21 años, y más tarde se convirtió en secretaria general del PCE en la Región de Murcia. Ella es la vicepresidenta de la cooperativa Kinema, de la que era socio Rafael Mayoral. Según Calvente, Kinema, que presta servicios de asesoría legal a Podemos desde 2014 y lleva la gestoría desde 2019, también es parte de la trama corrupta y era otra de las patas de su investigación antes de ser purgado.
El juez Juan José Escalonilla ha reclamado al Registro de Cooperativas de Madrid una copia del registro de Kinema. Además, ha ordenado que se averigue si Rocío Val cobraba sobresueldos. Kinema ya saltó a los titulares cuando tanto el PP como Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid la acusaron de llevarse contratos a dedo por parte del Gobierno de Manuela Carmena.
El pasado mes de febrero, EL ESPAÑOL reveló que la dirección de Podemos había ocultado el fallecimiento de Ángel, un trabajador que había muerto montando un mitin. Entre las distintas denuncias aportadas a este medio por empleados de la formación, destaca que se pidieron explicaciones a Rocío Val y ella no las dio. Es más, fue más allá e instó a compañeros de Ángel a que borraran mensajes de condolencia que habían hecho públicos.
Con todo esto encima de su mesa, Pablo Iglesias sigue guardando silencio. En la memoria resuena aquella pregunta que le hizo el periodista Vicente Vallés: Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias asumiría usted responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido? “Apertura de juicio oral, dimisión”, respondió tajante Iglesias. El cronómetro podría ponerse en marcha pronto.
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