Apenas comienza el día, y con el calor de la mañana en Lanzarote, el cabo José Antonio Pérez González, 30 años de experiencia en la Guardia Civil, se despierta con la espalda medio torcida en su coche, estacionado en el parking ante su lugar de trabajo: el cuartel de Costa Teguise.
Han pasado muchas jornadas desde que se encuentra en esa situación. Con el aspecto desaliñado, cuentan sus allegados, inicia los primeros quehaceres del día hasta que puede ir a ver a su mujer y su hijo de seis meses, con los que no puede dormir desde hace 30 días.
Hace un mes que José Antonio Pérez utiliza su vehículo como lugar de residencia desde que el general jefe de la zona de Canarias le obligó a abandonar su casa, en uno de los pabellones del recinto. Llevaba una década destinado allí, y fue entonces cuando se le cedió la vivienda.
El impago de una deuda por el uso de las zonas comunes del pabellón en el que se encuentra la casa asignada al cabo es el motivo de la sanción. Esa deuda, acumulada entre febrero y noviembre de 2019 e inferior a los 300 euros, fue abonada por el guardia civil con retraso.
Los gastos en cuestión, relativos al mantenimiento y limpieza de zonas comunes del cuartel, se gestionan a través de una asociación creada hace ya años, una especie de comunidad de vecinos a la que los propios agentes domicilian el pago.
Según Sergio Acosta Navajas, el abogado de la Unión de la Guardia Civil (UGC) que defiende al cabo, existe en el cuartel la costumbre, la norma no escrita, de que todos los inquilinos efectúan los pagos para el mantenimiento a finales de año. Ha habido otros precedentes similares, resaltan los documentos del caso, a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL.
Es decir, otros guardias civiles retrasaron sus respectivos pagos y la respuesta nunca fue tan expeditiva como la que ha recibido José Antonio. Pese a que ya hace meses que regularizó sus pagos, quienes dirigen el cuartel de Lanzarote no le han dado ninguna respuesta.
Expulsado de su casa
Han pasado ya 30 días desde que salió por la puerta y se puso a dormir en su coche. Sucedió a finales de julio. José Antonio exigió varias veces que se le reconociera que ya había subsanado la deuda, pero nada.
Los primeros días se negó a marcharse y a dejar allí a su mujer y a su hijo, que todavía permanecen en la casa situada en el interior del destacamento. Pero al persistir la sanción, optó por dormir en el automóvil, en el aparcamiento del recinto. Le faltan recursos y no quería que le abriesen un expediente disciplinario. Por eso, también, no ha querido hablar para este periódico a lo largo de la elaboración del reportaje.
El día 15 de julio, José Antonio envió una carta al Defensor el Pueblo suplicando amparo ante su situación y explicando el, a su juicio, anómalo proceder de los jefes de compañía del cuartel de Costa Teguise:
"Las cuotas de la Asociación de vecinos se han satisfecho en mi caso siempre anualmente, en vez de mensualmente como debería ser, esta acción de pago es una práctica habitual en la mayoría de los adjudicatarios 3n el acuartelamiento de Costa Teguise de la Guardia Civil, haciendo el pago de las cuotas comunes a conveniencia con un consentimiento tácito de los administradores de la asociación de vecinos, sin que en ningún caso, supusiese un problema. Prueba de ello, son los asientos e ingresos en la cuenta de la entidad bancaria donde los vecinos de la asociación ingresan sus cuotas de gastos comunes.
Según Orden General de Pabellones, deberían de reclamarse estos gastos en aplicación de derecho privado (Código Civil), debiéndose haber realizado el requerimiento de pago a través de esta Asociación de Vecinos y sus representantes, hecho que no ha ocurrido. Y no por el Jefe de la Compañía; en tal caso, debería existir un acuerdo de la asociación de vecinos para la reclamación de las cantidades debidas, interponiendo el¡ correspondiente procedimiento Monitorio en reclamación de cantidad, por lo que el procedimiento seguido por la Guardia Civil no ha sido el correcto".
A finales del año pasado, José Antonio atravesaba por dificultades económicas. Habló con el responsable de la contabilidad de la asociación de vecinos y le dijo que se retrasaría en el pago. Que lo realizaría a la mayor brevedad posible.
Los jefes no se interesan
Con la contractura propia de quien pernocta en su vehículo noche tras noche, José Antonio inicia el día tomando el café en el establecimiento más cercano al acuartelamiento. Allí se encuentra con sus compañeros de profesión. Le dan ánimos para continuar. A los suyos les dice que cree que todo esto le pasará factura a nivel mental.
Por el momento, ninguno de sus superiores se ha dirigido a él para interesarse por su situación. Tampoco por su familia. Nadie se para junto al coche cuando le ven durmiendo allí para preguntarle cómo está. Uno de los pocos apoyos lo obtiene de madrugada. Compañeros del turno de noche se acercan, charlan con él y le dan ánimos.
Tres días antes de que expirase el plazo para que el cabo fuese desalojado del pabellón, su abogado presentó un recurso de alzada para solicitar que se suspendiera la ejecución del desahucio. También exigió una prórroga. No hubo respuesta.
Los primeros días, el agente creía que todo se iba a resolver con rapidez. Estaba esperanzado porque había subsanado por completo la deuda. Cuatro semanas después de todo aquello, de muchas noches separado de su mujer y de su hijo de apenas seis meses, sus más allegados le ven con rabia e impotencia.
Son ellos los que dicen que una frase grabada a fuego a lo largo de tres décadas de servicio en la Benemérita le martillea el cerebro cada mañana: "El honor es mi principal divisa, una vez perdido no se recupera jamás".
Últimamente, cuando está solo por las noches, a la espera de novedades de su abogado, llega incluso a pensar que se equivocó de profesión. Intenta dormir abatiendo el respaldo del coche, pero no lo consigue. Antes de tumbarse recibe la videollamada de su hijo y de su mujer.