17 sanidades y 17 modelos educativos a la espera de los rastreadores y el salvavidas de la 'app'

Pedro Sánchez presentó al rey Felipe VI la composición del primer Gobierno de coalición de la historia reciente el 13 de enero tras llevar nueve meses al frente de un gabinete en funciones. Nadie se podía imaginar entonces que un virus que aquel día solo se sabía que atacaba en Wuhan, una localidad china situada a diez mil kilómetros de distancia de España, destruiría todos los planes que tenían en la cabeza PSOE y Unidas Podemos. 

El presidente del Gobierno se comprometió con Pablo Iglesias a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, a abordar una reforma fiscal ambiciosa en la que los ricos pagaran más impuestos, a derogar la ley mordaza y a dar un aire más feminista y social a las leyes que se imprimieran a partir de ahora. Antes de que el coronavirus arrasara con todo, solo les dio tiempo a subir el salario mínimo hasta los 950 euros.  

La pandemia puso en marzo el contador a cero y afloró las lagunas de un sistema descentralizado al que le falta coordinación para dar respuestas más ágiles ante la rapidez con la que se propaga el virus. El elevadísimo nivel de contagio y la saturación del sistema sanitario obligó al Gobierno a encerrar a los españoles en sus casas por decreto. Este hecho insólito puso a prueba a un Gobierno que aún no es capaz de detectar con soltura dónde se esconde el virus y se resiste a reformar la legislación ordinaria para confinar sin tener que recurrir a otro estado de excepcionalidad.

Tras tres meses de estado de alarma, Sánchez aprobó el decreto para volver a la nueva normalidad el 14 de junio. Entonces, el Gobierno se comprometió a ejecutar cambios legislativos en las leyes ordinarias para no tener que recurrir a un estado de alarma si el virus se volvía a descontrolar. Moncloa dedicó todo el verano a animar a los españoles a que disfrutaran de las vacaciones en un intento de salvar la temporada estival. Sin embargo, en este intento de equilibrar la economía y la salud se ha dejado pasar el tiempo sin acometer una reforma legislativa necesaria para prevenirse legalmente ante una segunda oleada más virulenta que solo se remita con otro confinamiento obligatorio.

Pablo Casado lleva meses estudiando y analizando con sus asesores todos los caminos que pueden abrirse en la legislación ordinaria para preparar al país ante un posible descontrol de la pandemia. El presidente del PP acude a la cita que tiene con el presidente del Gobierno este miércoles con la intención de volverle a ofrecer una reforma exprés de la Ley General de Salud Pública en la que se incluya un párrafo que se especifique que se podrá limitar entradas y salidas de personas en zonas afectadas y que se controle el movimiento de circulación. 

El líder de la oposición hablará en nombre de los presidentes autonómicos del PP, que reclaman reformas legislativas para confinar de una manera mucho más ágil y rápida en zonas afectadas por la Covid. Hay presidentes socialistas, como el aragonés Javier Lambán, que también ha pedido esta reforma en el marco constitucional.

Pedro Sánchez ha puesto a disposición de los presidentes autonómicos una especie de estado de alarma a la carta para que sean ellos y no el Gobierno los responsables de futuros confinamientos en sus respectivos territorios. La oferta ha sido entendida en gran parte del territorio como una sacudida de Moncloa para no quemarse en el comienzo de curso. De momento, ningún presidente ha anunciado su interés en solicitarlo.

Medidas de detección precoz

"La tecnología también puede salvar vidas si se emplea para afrontar un desafío como el que tenemos por delante". El presidente del Gobierno animaba a comunidades autónomas y a todos los españoles a descargarse Radar covid, la aplicación de telefonía móvil aún en pruebas que se ha convertido en la única esperanza de gobiernos -central, autonómicos y municipales- para frenar los contagios. 

España llegó mucho más tarde que otros países como Francia, Reino Unido, Alemania o Italia. Indra, la empresa encargada de desarrollar la app, utilizó la isla de la Gomera para lanzar su prueba piloto. Hoy, sin embargo, todavía está en pruebas en algunas autonomías. El objetivo final es que todas lo integraren en su sistema sanitario. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, asumía este domingo en EL ESPAÑOL cualquier responsabilidad si la app falla. 

El Gobierno también pidió a las autonomías que invirtieran todo lo que pudieran en rastreadores para detectar casos positivos en atención primaria. Era, a juicio de Sánchez, un instrumento "esencial e insustituible" para hacer frente a la pandemia. El Ejecutivo dejó en manos de las autonomías gestionar esta contratación, que varía en función de en qué comunidad estés. Pero la integración de esta aplicación en la nueva realidad requiere de tiempo, trabajo y recursos para unas administraciones que están muy al límite.

De hecho, el Gobierno se ha visto obligado a poner a disposición de las autonomías 2.000 rastreadores militares para ayudar en esta labor, imprescindible para frenar los contagios masivos. El viernes, eran seis las regiones que ya habían solicitado efectivos al departamento que dirige Margarita Robles.

Relación con las CCAA

La agresividad del virus ha roto las costuras de un Estado autonómico descentralizado y ha dejado a la luz la falta de coordinación real que hay entre el Gobierno central y los ejecutivos regionales. El presidente del Gobierno y los autonómicos se han reunido quince veces desde el 14 de marzo, pero todas las fuentes consultadas aseguran que han sido citas "inútiles que solo servían para que los ciudadanos nos vieran sentados en la misma mesa. Puro márketing. En coordinación ha fallado todo", coinciden desde distintas autonomías. 

Ahora que el Gobierno ha devuelto todas las competencias a las autonomías, Gobierno y comunidades se esfuerzan en escurrir el bulto de la responsabilidad y señalan al contrario cuando otro fallo los deja al descubierto. 

La vuelta al colegio y la saturación del sistema sanitario ha dejado al trasluz que en España existen 17 formas diferentes de gestionar, con 17 modelos sanitarios y 17 modelos educativos diferentes. Sánchez, criticado por aplicar el mando único durante los tres meses que duró el estado de alarma, devolvió los poderes plenos a las autonomías a mediados de junio y ahora escucha a los presidentes autonómicos reclamarle medidas más efectivas para combatir la epidemia.

En parte, porque los datos no son nada halagüeños. Como ejemplo: este domingo, Cataluña notificó 1.527 contagios, un dato equivalente a los 1.500 que se registraron el 31 de julio en el conjunto de las autonomías. En las últimas 48 horas, las regiones que han actualizado sus datos suman más de 10.000 positivos sin contar con Madrid, que en la última semana ha sido el territorio en el que la potencia del virus ha crecido con mayor intensidad.

En paralelo, el último ejemplo del choque entre Gobierno y comunidades ha sido por la vuelta al colegio. Tras varias semanas de reproches cruzados, Gobierno y comunidades sentaron el jueves las bases mínimas para que la vuelta al colegio en Madrid, en Murcia o en Teruel sea lo más parecida posible.

Hasta que sea efectiva la vacuna que ya ha anunciado el ministro Salvador Illa, la gran incógnita que habrá que despejar en septiembre es si España será capaz de reactivarse económicamente y convivir con el virus sin tener que volver a otro confinamiento.