La Consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, liderada por Rubén Martínez Dalmáu (Unides Podem), impidió el pasado lunes 10 de agosto el desalojo de un piso público en los bloques portuarios de El Cabanyal (Valencia). En él vive como okupa junto a su familia Marcos J. D., un ciudadano español con una larga lista de delitos entre los que constan varios robos con violencia y un homicidio imprudente que tuvo lugar en Zaragoza -según recoge su informe de antecedentes policiales, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-.
El individuo y su pareja, Tamara B. H., habían sido condenados al desalojo de la vivienda por parte del Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia, una salida de la que fueron notificados previamente, el 3 de agosto, tal y como consta en el oficio de la ejecución en cuestión.
Todo discurría sin incidentes, hasta el punto que a las 11.00 horas del día del desalojo la pareja había vaciado voluntariamente el inmueble -según dicho oficio-. Pero la intervención de dos altos cargos de la Consejería de Vivienda, liderada por la marca valenciana de Podemos, impidió que se cumpliera el mandato judicial.
En efecto, según el mencionado oficio de la ejecución, en el lugar se personaron el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, y la directora general de Coordinación Territorial de Vivienda, Adoración Guamán, quienes instaron al también allí presente Vicente Gallart, gerente de la empresa pública Plan Cabanyal (sociedad propietaria del piso okupado) a que no procediera al tapiado de la vivienda.
Según argumentaron, su intención era solicitar una suspensión de la sentencia hasta garantizar la reubicación de la familia.
El juzgado, por contra, rechazó el aplazamiento. E incluso dio la vivienda por desalojada, al certificar la última inspección policial que la familia había sacado todos sus enseres personales a la calle, según el oficio de la ejecución. Pero la realidad fue bien distinta. Con la vivienda sin tapiar por orden de la consejería de Podemos, Marcos J. D. y su familia regresaron a la misma con el beneplácito de las autoridades autonómicas.
Rubén Martínez Dalmau, Adoración Guamán y César Jiménez. EE
Fuentes vecinales trasladan a este periódico su decepción con el proceder de la secretaría autonómica, pues el desalojo provenía de una denuncia particular por un enganche ilegal al tendido eléctrico que había resultado probada. Además, agregan, se trata de un individuo violento que había tenido importantes problemas de convivencia con otros residentes de los bloques portuarios.
Preguntadas al respecto, fuentes del entorno de Marcos J. D. niegan a EL ESPAÑOL que se trate de una persona violenta, e incluso desmienten sus antecedentes. Afirman que no es él el homicida de Zaragoza, que se le está confundiendo con otra persona llamada igual. Pero el DNI que consta en la ejecución del desalojo de los bloques portuarios es el mismo que el del informe de antecedentes en el que consta el homicidio. En ese informe, además, la Policía advierte de que Marcos J. D. ha utilizado hasta dos identidades falsas, en las que cambia el nombre, su fecha de nacimiento e incluso el nombre de sus progenitores.
El homicidio, bautizado por la prensa aragonesa como el crimen de Contamina -por la calle en la que se produjo- tuvo lugar el 13 de diciembre de 2008 en Zaragoza. Según la sentencia, facilitada a El ESPAÑOL por parte del Tribunal Supremo, la muerte fue causada por un puñetazo en un bar propiciado por el condenado. El alto tribunal lo calificó como homicidio imprudente en abril de 2012 y rebajó la condena de cinco a cuatro años de cárcel, al considerar que no tuvo la intención de causar la muerte de Iñaki de las Heras, el fallecido.
Los argumentos de Podemos
Preguntado al respecto por este periódico, el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, trasladó que su departamento desconocía los antecedentes delictivos de Marcos J. D., si bien agrega que habría obrado de igual modo en caso de conocerlos. “Nosotros no consultamos el expediente delictivo, lo que ponemos por delante es, en el caso que haya menores, saber qué va a pasar con ellos. Tenemos como consigna no desahuciar si no hay alternativa habitacional”, subrayó el dirigente.
El criterio del departamento dirigido por Podemos (que controla al 50% la sociedad Plan Cabanyal) se impuso al del gerente de esta sociedad, Vicente Gallart, nombrado por el PSOE de la ciudad de Valencia (pues el Ayuntamiento controla el 50% restante de la firma). Preguntados al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes de la entidad se limitan a confirmar que se disponían a cumplir con la ejecución de desalojo del Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia cuando recibieron la orden contraria por parte de la consejería.