La EMT de Valencia ignoró un robo de 4 millones pese a chequear 16 veces su cuenta bancaria

La estafa de 4 millones de euros que sufrió la EMT de Valencia es un asunto cada vez más sonrojante para el Ayuntamiento de Joan Ribó (Compromís). Un informe de CaixaBank remitido al juez que instruye la causa revela que dos directivos de la entidad -el gerente, Josep Enric García; y la directora de gestión, María Rayón- accedieron 16 veces a la cuenta de la que se sustrajo el dinero durante los 17 días en los que se realizaron las transferencias.

Tales chequeos de la cuenta corriente, que se produjeron entre el 3 y el 20 de septiembre de 2019, los realizaron García (en 3 ocasiones) y Rayón (en 13), pese a que el primero se encontraba de vacaciones y la segunda, de baja por maternidad.

Tal circunstancia, sin embargo, contrasta con lo que dijeron ante el juez, pues ambos declararon haber entrado en solo una ocasión cada uno a la plataforma entre el 3 de septiembre y el día 23, cuando CaixaBank al fin advirtió a la EMT de que le estaban robando.

La EMT argumentó este martes al respecto que los directivos accedieron a la cuenta porque "ambos son los únicos que, de manera mancomunada, podían autorizar pagos a proveedores mediante sus credenciales digitales". "Entraron los días 17 y 18 de septiembre para hacer el pago quincenal a proveedores, como contaron en sede judicial", precisaron.

"En el caso de la directora de gestión hay conexiones de otros días a unas horas extrañas y que ella no reconoce. Habrá que aclarar a quién pertenecen esas entradas ya que las pruebas periciales dicen que en los equipos de EMT de la directora de gestión no hubo ninguna brecha de seguridad", agregaron sobre el resto de accesos.

La empresa pública, en defensa de sus directivos, asegura además que "autorizar pagos no implica ver los movimientos porque aparece en apartados diferentes". "Por eso ellos no vieron las transferencias realizadas", sostiene.

Pero tales argumentos no convencen a la oposición, que no se explica cómo pudo pasar tanto tiempo sin que nadie en la empresa pública se percatara del flagrante robo de 4 millones de euros -y menos tras conocer que hubo 16 accesos de los directivos durante la estafa-. Por ello la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, reclamó este lunes que ambos vuelvan a declarar ante la justicia para aclarar la información sobre sus accesos a la cuenta.

La estafa

El sonado robo de 4 millones a la EMT valenciana respondió a la operativa de la conocida como 'estafa del CEO', por la que los ladrones suplantan la identidad de los máximos responsables de una firma para empujar a cargos inferiores a traspasarles dinero.

En el caso de la EMT, los estafadores, mediante un servidor ubicado en un país francófono de África no identificado, se hicieron pasar por el concejal de movilidad y presidente de la EMT de Valencia, Giuseppe Grezzi, para mover a la directora de administración, Celia Zafra, a realizar las transacciones que ella creyó enmarcadas en una OPA a una firma extranjera para llevar a cabo un proyecto sobre puntos de recarga de vehículos.

Los cacos eligieron el momento perfecto, pues García y Rayón estaban ausentes y la EMT contaba con un líquido de 24 millones de euros en una cuenta bancaria procedentes de un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Además de suplantar a Grezzi, también se hicieron pasar por un abogado de Deloitte. Este falso letrado fue el que logró que Zafra firmara un acuerdo de confidencialidad que la aisló de su entorno y, posteriormente, llegara incluso a proporcionarle las firmas de sus superiores. Al obtenerlas pudo falsificarlas y, con los documentos falsos generados, consiguió que Zafra hiciera hasta ocho transferencias a China, que sumaron los 4 millones sustraídos.

Jarro de agua fría

Lo sucedido fue una bomba política que ha puesto contra las cuerdas al alcalde Joan Ribó, quien ha respaldado en todo momento a su concejal Giuseppe Grezzi (ambos de Compromís) pese a las presiones contra el dirigente tanto de la oposición -liderada por el PP de María José Catalá- como de sus propios socios de gobierno -el PSPV de la vicealcaldesa Sandra Gómez-.

La información que ahora trasciende es un jarro de agua fría para el consistorio, que precisamente considera que CaixaBank, además de Zafra, es responsable de lo ocurrido. En concreto, opina que el banco, en función de sus protocolos, debió impedir las transferencias a un país en el que la EMT nunca había operado, y que debió percatarse de que eran falsas las firmas que autorizaban los traspasos.

Las escasas opciones de Ribó para recuperar algo de dinero pasan por la posible responsabilidad de CaixaBank, pues la pista del dinero parece muy difícil de seguir. El Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong ya ha dictado sentencia sobre el caso, pero su precoz y escueto dictamen -de solo dos páginas- tan solo condena a los testaferros que recibieron las transferencias, que además se encuentran en paradero desconocido.

Se trata de los titulares de las mercantiles JG Trade Co y Shengyi Trading Limited -Zuo Jialiang y Li Yuanxin, respectivamente-.