En busca de Yuanxin y Jialiang, los chinos condenados por estafar cuatro millones a Valencia

Las opciones de recuperar los 4 millones de la rocambolesca estafa que sufrió la EMT de Valencia se vuelven todavía más remotas. El Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong, justo cuando se cumple un año del robo, ha dictado sentencia sobre el mismo. Pero el precoz y escueto dictamen -de solo dos páginas- tan solo condena a los testaferros que recibieron las transferencias por parte de la Entidad Metropolitana de Transporte, que además se encuentran en paradero desconocido. Se trata de los titulares de las mercantiles JG Trade Co y Shengyi Trading Limited -Zuo Jialiang y Li Yuanxin, respectivamente-.

Preguntadas al respecto, fuentes de la EMT de Valencia subrayan a EL ESPAÑOL la importancia de que ya haya dos personas condenadas a devolver las cantidades sustraídas, pues el fallo les impone devolver 1,6 y 2,4 millones de euros, tal y como informó este jueves elDiario.es. Sus sociedades recibieron las cantidades mediante un total de 8 transferencias a favor de las cuentas que ambos tenían en Bank of China, unos traspasos que los estafadores lograron al manipular a una empleada de la entidad municipal haciéndose pasar por su jefe y concejal, Giuseppe Grezzi.

El problema es que, a su vez, los testaferros ahora condenados no solo dispersaron después los fondos mediante 13 transferencias más dirigidas a otras firmas -movimientos en cuyo detalle no entra la justicia del territorio autónomo dependiente de China- sino que se ambos se encuentran actualmente "en rebeldía" -prófugos-.

Con los únicos condenados desaparecidos se antoja difícil que la EMT vea materializada su principal ambición: la de recuperar el dinero público sustraído. Así lo interpreta Federico Varona, socio director del despacho valenciano Varona Asesores -especializado en asuntos económicos y jurídicos-. "Es muy difícil recuperar el dinero en estafas de este tipo, en los que se dispersa el dinero en un país como China. Desconozco el informe de viabilidad realizado por el despacho contratado por el ayuntamiento, pero las posibilidades suelen ser remotas", apunta. 

La entidad metropolitana, no obstante, insiste en que se trata de "un paso" hacia su objetivo, y recuerda que, además de la causa de Hong Kong, se lleva a cabo un procedimiento paralelo en el Juzgado de Instrucción Número 18 de Valencia. En este último la EMT pretende que se depuren las responsabilidades por parte de la empleada que materializó las transferencias -la directora de administración, Celia Zafra-, y de la entidad financiera Caixabank, pues considera que el banco, en función de sus protocolos, debió impedir las transferencias a un país en el que la EMT nunca había operado y que debió percatarse de que eran falsas las firmas que autorizaban los traspasos.

Varona apunta al respecto que, más allá de estas cuestiones, la estafa fue posible debido a la falta de elementales mecanismos de control por parte de la EMT, en particular de herramientas de conciliación bancaria, pues el robo se produjo por goteo, mediante ocho transferencias repartidas a lo largo de 20 días en los que nadie en la EMT se percató de que se estaban realizando traspasos no previstos.

Así fue la estafa

El sonado robo de 4 millones a la EMT valenciana responde a la operativa de la conocida como 'estafa del CEO', por la que los ladrones suplantan la identidad de los máximos responsables de una entidad para empujar a cargos inferiores a traspasarles dinero.

En el caso de la EMT, los estafadores, mediante un servidor ubicado en un país francófono de África no identificado, se hicieron pasar por el concejal de movilidad y presidente de la EMT de Valencia, Giuseppe Grezzi, para mover a Celia Zafra a realizar las transacciones que ella creyó enmarcadas en una OPA a una firma extranjera para llevar a cabo un proyecto sobre puntos de recarga de vehículos.

Los cacos eligieron el momento perfecto, pues los superiores de Zafra estaban de vacaciones o de baja, y la EMT contaba con un líquido de 24 millones de euros en una cuenta bancaria procedentes de un crédito del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Además de suplantar a Grezzi, también se hicieron pasar por un abogado de Deloitte. Este falso letrado fue el que logró que Zafra firmara un acuerdo de confidencialidad que la aisló de su entorno y, posteriormente, llegara incluso a proporcionarle las firmas de sus superiores. Al obtenerlas pudo falsificarlas y, con los documentos falsos generados, consiguió que Zafra hiciera hasta ocho transferencias que sumaron los 4 millones sustraídos.

Lo sucedido fue una bomba política que ha puesto contra las cuerdas al alcalde Joan Ribó, quien ha respaldado en todo momento a su concejal Giuseppe Grezzi (ambos de Compromís) pese a las presiones contra el dirigente tanto de la oposición -liderada por el PP de María José Catalá- como de sus propios socios de gobierno -el PSPV de la vicealcaldesa Sandra Gómez-.