La infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de España suscitó este jueves un movimiento unánime por parte de todos los partidos en Les Corts Valencianes. Desde Podemos a Vox, pasando por Compromís, PSPV, Cs y PP: las seis formaciones representadas en el parlamento autonómico suscribieron la propuesta de la Comisión de Expertos para paliar el maltrato financiero.
La iniciativa consiste en crear un fondo estatal para compensar a las autonomías peor tratadas con el actual modelo, caducado desde 2014. En el caso de la Comunidad Valenciana, la autonomía que menos recibe actualmente por habitante, este fondo le compensaría con 1.336 millones de euros en 2021 -siempre y cuando el Gobierno de España atienda la reclamación de la región-.
La cifra coincide con la “partida reivindicativa” de ingresos ficticios con la que cada año cuadra sus presupuestos el Gobierno Valenciano a cuenta de la reforma que no llega. Como es lógico, al tratarse de un montante inexistente, se traduce cada ejercicio en déficit y empuja al alza una deuda autonómica que ya se acerca a un total de 50.000 millones.
Y con el objetivo de poner fin a este método tan poco ortodoxo, la citada comisión de expertos presentó este jueves su “propuesta de corrección transitoria de los resultados de aplicación del sistema de financiación autonómica de la Ley 22/2009, a instrumentar hasta la reforma global del sistema”. La misma fue apoyada por los representantes de todos los partidos en la Comisión Mixta Corts-Consell sobre financiación autonómica.
“Coste asumible”
“Hemos elaborado una propuesta simple con un coste presupuestario total que consideramos asumible dada la importancia del problema a resolver, que es la enorme diferencia de financiación por habitante entre las comunidades mejor y peor financiadas”, explicó Francisco Pérez, presidente de la comisión. “Esta propuesta debería ser de aplicación inmediata y continuada mientras la reforma no tenga lugar”, agregó.
El consejero de Hacienda, Vicent Soler, subrayó que la fórmula escogida persigue paliar la infrafinanciación “en toda España”. En efecto, proponen que el fondo ascienda a 4.220 millones de euros a nivel nacional, “de los que 1.336 corresponderían a la Comunitat Valenciana, 1.070 a Madrid, 926 a Andalucía, 536 a Cataluña, 213 a Murcia y 138 millones a Baleares”.
Tabla del reparto del fondo. EE
“De esta forma estas comunidades autónomas alcanzarían el 96,3% de financiación media por habitante en 2021, con el objetivo de llegar al 98,3% en los dos años siguientes”, explicó Francisco Pérez.
Preguntados al respecto los partidos de la oposición, PP, Cs y Vox, confirmaron su apoyo a esta iniciativa en busca de una mayor igualdad en la financiación española por habitante. PP y Cs, no obstante, criticaron al Ejecutivo que llevan reclamando este fondo transitorio desde 2017 sin que la Generalitat Valenciana se lo haya reclamado con firmeza al Gobierno central.
800 euros menos
Tal y como recordaba este jueves la Consejería de Hacienda, los ingresos por habitante que proporciona el actual sistema de financiación autonómica -según las cifras de 2019- oscila entre los 2.035 euros que percibe la Comunidad Valenciana y los 2.880 euros de Cantabria. “En el caso de las comunidades forales, estas alcanzaron al menos un 60% más que los recursos medios per cápita de las comunidades de régimen común”, según el análisis del Comité.
“A esta financiación desigual hay que añadir los ingresos externos a los sistemas de financiación autonómica. La disparidad de recursos totales provoca que, más allá de los déficits en los que incurra cada comunidad, también sean muy diferentes los niveles de gasto por habitante. En 2019, la Comunitat Valenciana gastó 3.445 euros per cápita, Cantabria 4.252 euros y las Comunidades Forales, 4.863 euros”, añadieron en la misma línea.
A su vez, el consejero lamentó que “una vez cubiertos los gastos para prestar los servicios públicos fundamentales a un nivel similar, los recursos por habitante para el resto de los gastos de las comunidades mejor financiadas -ya sean forales o comunes- doblan a los de las peor financiadas”. “Eso sucede, incluso, cuando estas últimas gastan menos en educación, sanidad y protección social que las primeras”, denunció Soler.