Ximo Puig realizó este lunes un anuncio sorprendente. Reveló que CaixaBank ha concedido un crédito de 1.000 millones de euros al 0% a la Generalitat Valenciana. Así lo explicó en una entrevista concedida a la televisión pública valenciana, À Punt, en la que calificó este préstamo como una buena noticia, ya que aliviará el gasto corriente de las maltrechas finanzas valencianas.
Preguntadas al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes de la Consejería de Hacienda precisaron que el crédito de 1.000 millones se destinará realmente a amortizar deuda pendiente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cuyo tipo de interés es del 0,83%. “Cambiamos una deuda que nos costaba el 0,83% por una deuda que nos cuesta 0%”, destacaron. Según agregaron, el ahorro para las arcas valencianas ascenderá a 12 millones con esta operación.
El crédito resulta ventajoso desde el punto de vista de la administración valenciana. Pero sorprende desde el prisma de la entidad financiera. ¿Por qué CaixaBank presta 1.000 millones de euros al 0% a la comunidad autónoma más endeudada de España?
El banco, ante la pregunta formulada por este periódico, rehusó a responder por tratarse de la información confidencial relativa a un cliente. La Generalitat, en la misma línea, tampoco precisó los motivos que han llevado a CaixaBank a concederle este 'prodigioso' crédito.
Fuentes del sector bancario interpretan que CaixaBank puede haber accedido a prestar tanto dinero al 0% a la Generalitat Valenciana debido al contexto de bajos tipos de interés -incluso negativos- en el que se encuentra la banca, y siempre que se trate de un crédito con un plazo muy corto de devolución.
Si a la autonomía le vencían en breve los 1.000 millones de FLA, puede haber encontrado un ahorro al cambiar de acreedor y deberle ahora el importe a CaixaBank. Y, por lo que respecta al banco, este podría haber encontrado un refugio para su dinero a corto plazo pese a prestarlo al 0%.
El bucle del FLA
Más allá del acuerdo con CaixaBank para el préstamo en cuestión, la concesión del mismo permite abrir una reflexión sobre la herramienta estatal del FLA. Los 1.000 millones obtenidos por la Generalitat Valenciana demuestran que, al menos ante supuestos y plazos concretos, la banca privada puede ofrecer mejores condiciones que las que brinda el Estado.
Si bien es cierto que el mecanismo del FLA ofrece unas condiciones ventajosas -con un tipo de interés del 0,83% y una vida media de 8 años- su uso resulta perverso en autonomías como la valenciana. “Estamos pagando los créditos con la tarjeta de crédito”, ha llegado a afirmar en más de una ocasión la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra.
Además de que se trata de un indeseable bucle financiero, el agravio es mayor en el caso valenciano por tratarse de la autonomía peor tratada por el Estado con el actual modelo de financiación, tal y como reconoce el propio Gobierno de España. La paradoja es clara: el Gobierno cobra intereses a la Comunidad Valenciana por el dinero que le presta para aliviar el maltrato que él mismo le causa.
Mónica Oltra, en una rueda de prensa del Gobierno valenciano. EE
Buena muestra del escenario en el que se encuentra la Comunidad Valenciana es el análisis que realiza la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre “la financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado” en su informe La liquidación de 2017 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.
El mismo volvió situar a los valencianos como los peor tratados con el actual sistema de financiación (caducado desde 2014), al recibir por habitante 641 euros menos que los cántabros -los que más reciben- o 198 euros menos que la media estatal. La cifra media que percibe cada valenciano por estas competencias homogéneas es de 2.330 euros frente a los 2.971 euros de los cántabros o los 2.528 euros de la media española.
En la mencionada entrevista concedida a À Punt, Ximo Puig insistió que la reforma del modelo de financiación es “irrenunciable”. Por contra, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, deslizó la semana pasada que el borrador para el nuevo modelo podría no llegar este año. Tal circunstancia incumpliría lo acordado con Compromís para obtener el voto del diputado Joan Baldoví en la investidura de Pedro Sánchez.
La mayor deuda autonómica
La Comunidad Valenciana vive inmersa en un drama financiero que se agrava año tras año. La deuda autonómica, que creció a un ritmo endiablado durante los últimos años del PP, también ha aumentado en alrededor de 6.000 millones desde la llegada de Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat en 2015, según los cálculos del propio Ejecutivo autonómico.
La principal razón es que el Gobierno valenciano, para no reducir el gasto, incluye cada año una “partida reivindicativa” de ingresos ficticios de más de 1.300 millones de euros, la cantidad que, según sus cálculos, deja de percibir por el agravio del actual modelo de financiación. Como es lógico, al no llegar esos ingresos, tal importe engrosa cada año el déficit y la deuda.
En la actualidad la Comunidad Valenciana tiene una deuda de 48.158 millones de euros, un volumen equivalente al 42,2% de su Producto Interior Bruto (PIB). Se trata del dato correspondiente al primer trimestre del año, el último proporcionado por el Banco de España.
A la espera de conocer con precisión el dato de deuda al cierre del primer semestre del año, la previsión es que esta ascienda de forma significativa por el incremento del gasto y la caída de los ingresos provocados por la pandemia.
Tanto es así que el propio Ximo Puig ya ha reconocido de forma pública que las previsiones iniciales para este año han “estallado”, y que rebasar los 50.000 millones de deuda al cierre del presente ejercicio 2020 “está dentro de lo posible”.
El 42,2% de deuda de la Comunidad Valenciana la sitúa con amplia diferencia como la autonomía más endeudada de España en relación con su riqueza, a mucha distancia de Castilla-La Mancha, segunda en el ranking con un 36,2% del PIB; y Cataluña, tercera con un 33,7%. En términos absolutos, la región se mantiene en segunda posición, solo por detrás de los 79.429 millones que debe Cataluña.