El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social está impulsando cambios normativos a marchas forzadas ante el brutal atasco de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). De las más de 900.000 solicitudes presentadas desde que el pasado 15 de junio se abrió el plazo, la Administración sólo ha podido tramitar algo más de 340.000, y darle el sí a unos 86.000 expedientes, siempre según datos oficiales ofrecidos por el departamento de José Luis Escrivá.
El enorme cuello de botella ha provocado tensiones dentro del Gobierno, con críticas feroces de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, que calificó hace pocos días de "inadmisible" la situación. Fue el mismo secretario general de Podemos el que forzó la máquina en las primeras semanas de la pandemia por coronavirus, también con salidas en público exigiendo el anticipo de este proyecto del Gobierno, que el propio ministro de la rama socialista ya había puesto como la principal de sus prioridades.
Pero Escrivá no quería acelerar tanto. El ministro estaba comprometido con el primer apellido de su departamento, "Inclusión", pero sabía de las limitaciones del segundo, la "Seguridad Social", así que la llegada de la Covid lo puso entre la espada y la pared: o hacerlo bien o anunciar que se había hecho con urgencia.
El Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, recoge en su artículo 25 que "el Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a la resolución y notificación del procedimiento a la persona solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo". Pero sobre todo, que "transcurrido dicho plazo sin que se hubiera producido resolución expresa, se entenderá denegada la solicitud por silencio administrativo".
340.000 caerían en 10 días
Es decir, que cientos de miles de solicitudes habrían empezado a caducar hoy mismo, 15 de septiembre, al empezar a cumplirse esos plazos. Y es que los datos del Ministerio admiten que sólo se ha dado una primera respuesta a 344.000 expedientes, así que más de 560.000 pliegos (el 62,2%) empezarían a decaer este martes 15 de septiembre por silencio administrativo. Y que en los primeros 10 días ya se habían presentado 344.585 expedientes.
El mismo Ministerio había previsto de alguna manera este atasco, y se había protegido incluyendo esa salvedad de que la no respuesta significa un no, en contra de lo que prevé la ley ordinaria sobre el silencio administrativo. La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, promulgada por el Gobierno Rajoy, explica que "el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo", salvo excepciones expresas.
Según cifras ofrecidas por el departamento de Escrivá a este periódico, a fecha de 14 de septiembre se había dado el sí a 86.000 expedientes -un exiguo 9% de los presentados-; a 100.000 más (11,3%) se les ha reclamado subsanar faltas de documentación; sólo 63.000 se habían denegado (7%) y otros 64.000 (7,1%) incumplían los criterios de vulnerabilidad, y se habían cancelado por duplicidad 31.000 solicitudes más (un 3,4%).
Las reformas
Ahora, el Ministerio ha impulsado tres reformas normativas para "agilizar" y "hacer más eficiente" sus trabajos. Pero, sobre todo, y en palabras del ministro, "porque hay mucha gente que necesita ese dinero, al que tiene derecho, y aún no lo recibe".
Para empezar, se va a ampliar el periodo de retroactividad del derecho que el decreto ya reconocía. Escrivá ha insistido en que "aunque tardemos, todos los beneficiarios cobrarán con efecto de 1 de junio". Pero la norma sólo lo reconoce para los expedientes presentados hasta el 15 de septiembre; ahora será para las solicitudes iniciadas antes del 31 de diciembre de este año 2020.
El segundo "ajuste" será que ya no será considerado un "requisito previo" estar inscrito como solicitante de empleo en el SEPE. Para evitar trámites engorrosos -sobre todo con el atasco que ya hay en las oficinas del paro por la pandemia, según reconocen fuentes del Ministerio-, será una "obligación a posteriori".
Y finalmente, la clave para evitar la caducidad de los cientos de miles de solicitudes, que provocaría la repetición de los trámites para los aspirantes a beneficiarios... y una nueva duplicidad de documentos en las oficinas del Ministerio. "Todas las solicitudes serán tramitadas", explican fuentes de Inclusión y Seguridad Social. "No se desestimará ninguna por silencio administrativo", remarcan.
La bronca y la incógnita
"Por supuesto que la emergencia sanitaria trae consigo una económica y hay que responder a ella", decía en abril el también ex director de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero de inmediato, Escrivá -economista con premio extraordinario de licenciatura- añadía que "la medida es muy compleja y hay que hacerla bien".
Mientras, el líder morado enredaba en los medios con el IMV, e incluso daba a entender un acuerdo que nunca existió para implantar una renta mínima "temporal" de urgencia. Iglesias fue desautorizado en público por la ministra portavoz, María Jesús Montero, y la bronca interna en el Gobierno trascendió, mientras el vicepresidente presionaba a Escrivá. Pero éste no llevó el decreto al Consejo de Ministros hasta una reunión extraordinaria a finales de mayo, estirando el plazo que le impuso Pedro Sánchez para aprobar un texto "consistente y, sobre todo, eficaz", dijo entonces.
Pablo Iglesias, reunido telemáticamente con agentes sociales, Díaz y Escrivá en abril.
Aun así, el atasco está provocando ruido, caída de expectativas y una ronda del ministro por los medios para explicarse y anunciar los cambios normativos. Lo que aún no saben en el departamento es el procedimiento con el que se implementarán. A preguntas de este periódico, una portavoz del Ministerio ha insistido en que "se está estudiando, se hará de inmediato y si fuera por nosotros y por el ministro, ya estaría cambiado".
Y es que el atasco en la Administración afecta a esos niveles. "Casi un millón de expedientes es una barbaridad", explica Escrivá. "Y haber tramitado más de un tercio en sólo tres meses, también lo es", se defiende. Lo cierto es que para sacar adelante tantísimo trabajo, su departamento firmó un contrato con TRAGSA para liberar a los funcionarios del trabajo que conlleva el tratamiento inicial (captura de la solicitud, comprobación y reclamación de documentación) de todas las solicitudes, y que puedan tratar los 500 operadores de esa empresa pública.
Por otro lado, el Ministerio también confirma que "ya está en marcha el procedimiento" para la contratación de trabajadores interinos. Son "soluciones transitorias ante un aumento de la carga de trabajo". Una presión que no sólo es achacable al IMV, según fuentes oficiales, sino a "un periodo en que las plantillas se han visto muy mermadas por la jubilación del personal y una fuerte reducción de la tasa de reemplazo".