El presidente valenciano, Ximo Puig, se enfrenta a un dilema en materia de gestión sanitaria. En octubre de 2021 expira la concesión del Hospital de Torrevieja, público pero administrado por la empresa Ribera Salud. La Generalitat Valenciana ha de escoger entre dos opciones.
La ideológica pasa por aplicar de forma estricta su programa de gobierno y asumir la gestión de forma directa. Pero se da la circunstancia de que es uno de los hospitales más eficientes de la Comunitat Valenciana, según acreditó la Sindicatura de Comptes.
Además, prescindir de esta misma empresa en el Hospital de Alzira ha derivado en una peor gestión con un coste mayor, según los baremos oficiales de la gestión del hospital.
El Gobierno valenciano, si procede igual que con el Hospital de Alzira, tendrá que avisar a la empresa con un año de antelación. Es decir: debería tomar esta difícil decisión el mes que viene. Y justo se encuentra ahora elaborando los presupuestos de 2021, en los que tendría que contemplar el gasto de asumir la gestión del hospital de forma directa.
Serán unos presupuestos difíciles, dado el incremento del gasto y la caída de los ingresos por el impacto sanitario y económico de la pandemia. Tanto es así que el PSPV, el partido del presidente, está dispuesto a tomar como base para elaborar las cuentas el pacto para la reconstrucción Alcem-nos, que salió adelante con el apoyo de los grupos de la oposición PP y Cs.
En el mismo, las formaciones de izquierda (Compromís y Unides Podem, además de los socialistas) renunciaron a contemplar de forma explícita la reversión de concesiones sanitarias concretas. Y no solo eso: se hizo constar que se evaluará la “sostenibilidad del sistema en relación con la eficiencia”. “Es necesario hacer un trabajo de análisis para radiografiar el uso eficiente del sistema de salud”, acordaron los partidos firmantes.
Vista del Hospital de Torrevieja. EE
Tal escenario hace dudar al presidente. En una entrevista concedida a elEconomista el pasado mes de abril reconoció que se plantea mantener la concesión. “Queremos analizar y revisar todo lo que sea revisable", manifestó preguntado al respecto.
Por contra, su consejera de Sanidad, la también socialista Ana Barceló, se pronunció en junio en el sentido opuesto. Ante una pregunta formulada en Les Corts Valencianes por Unides Podem, aseguró que “la hoja de ruta del gobierno valenciano no ha cambiado”. “No se prorrogará el contrato y quedará concluido en el momento de su vencimiento”, aseveró.
Además de que se trata de la hoja de ruta del propio PSPV, los socialistas cuentan con una importante presión por parte de Compromís y Unides Podem para que acometa la reversión sanitaria en Torrevieja. Pero los datos parecen aconsejar lo contrario.
Sobrecoste millonario
Por un lado, el informe de la Sindicatura de Comptes aseveró en 2018 sobre el Departamento de Salud de Torrevieja que es uno de los "más eficientes" a la hora de evaluar "conjuntamente el principio de economía y el principio de eficacia".
En concreto, determinó que la asistencia integral de la población atendida es un 30% más barata que el gasto que supone la gestión pública de los hospitales valencianos. Ello representa un ahorro de alrededor de 45 millones de euros anuales.
Por otra parte, la Generalitat tiene un mal precedente con la reversión del Hospital de Alzira, donde también operaba Ribera Salud. Tal y como reveló EL ESPAÑOL en agosto, la reversión está suponiendo un sobrecoste de, al menos, 76 millones de euros.
La cifra se obtiene de los informes oficiales de evolución del gasto y coste de la Dirección General de Régimen Económico e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de Comunidad Valenciana, a los que tuvo acceso este diario.
En concreto, el sobrecoste se observa al comparar 2017, el último ejercicio completo de Ribera Salud; con 2019, el primero completo de gestión pública. El gasto en personal fue el principal responsable del sobrecoste, ya que pasó de 113 millones en 2017 a un total de 172 millones en 2019 (un 52,2% más). Todo debido a que se contrataron unos 806 profesionales más.
Pese a estas incorporaciones, el tiempo medio de las listas de espera ha empeorado. En enero de 2018, a solo unos meses de la ‘reversión’, era de unos 57 días en La Ribera, mientras que en enero de 2020 esta demora llegaba a los 78 días -21 días más-.
Ximo Puig, junto al CEO de Ribera salud, Alberto de Rosa, en una imagen de archivo. EE
Más allá de estas cifras, la inversión a futuro propuesta por Ribera Salud en el hospital de Torrevieja pone a la Generalitat Valenciana en un nuevo apuro. La empresa se ha comprometido a invertir 40 millones en la mejora del departamento en su plan estratégico 2021-2026 (es decir, en caso de continuar cinco años más).
Ante tal ofrecimiento, Eduardo Dolón, el alcalde de Torrevieja (PP), ha reclamado al Gobierno valenciano que, en caso de revertir la concesión, se comprometa también a invertir por tal importe, algo que le resultará muy difícil a la Generalitat en la actual coyuntura.
Puig, en definitiva, se encuentra en un brete. Si aplica de forma estricta su programa de Gobierno puede abocar al Hospital de Torrevieja a una peor gestión y más cara en un momento de crisis, como le ha ocurrido en Alzira. Por contra, si mantiene la concesión, se enfrentará a duras críticas por parte de sus socios, quienes no contemplan alternativa alguna a que el hospital pase a ser gestionado de forma directa por la administración.