PP y Ciudadanos impulsan una reforma de la euroorden para evitar otro caso Puigdemont

El Partido Popular y Ciudadanos impulsan una reforma de la orden europea de detención y entrega (OED) que tiene entre sus objetivos evitar que se repita el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsellers fugados, cuya entrega a España por rebelión o sedición ha sido rechazada tanto por Alemania como por Bélgica. Por eso, populares y naranjas proponen ahora en la Eurocámara añadir los ataques "contra la integridad constitucional" a la lista de delitos de la euroorden para los que la entrega es automática. 

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha presentado este lunes en la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo su proyecto de informe para la reforma de la euroorden. Su principal propuesta es ampliar la lista de 32 delitos para los que la entrega es automática, sin necesidad de verificar la doble tipificación. Además de los ataques contra la integridad constitucional, Zarzalejos propone incorporar otros como los delitos contra el orden público, la usurpación de identidad, el genocidio, los abusos sexuales y algunos delitos medioambientales.

La iniciativa cuenta con el pleno apoyo de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, que ha actuado como ponente en la sombra del grupo liberal Renew. "Es necesaria la inclusión de los delitos contra el orden constitucional e integridad del territorio, porque esto servirá en estos tiempos para reforzar el Estado de derecho y la democracia en toda la UE", sostiene Pagazaurtundúa. 

En el debate celebrado este lunes, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha defendido también la reforma de la euroorden con el fin de evitar que el espacio Schengen se convierta en "una auténtica área de impunidad para los criminales". "No es admisible que para delitos tan graves como el terrorismo o los que atentan contra el ordenamiento constitucional de los Estados miembros se pueda evadir la aplicación de órdenes judiciales dictadas por un tribunal europeo", ha dicho Buxadé, que ha citado los casos de la etarra Natividad Jáuregui y de los políticos catalanes fugados en Bélgica.

Por su parte, los socialistas españoles apuestan por "relanzar la euroorden", pero consideran "prematuro" pronunciarse sobre la propuesta de Zarzalejos de incluir los delitos contra la integridad constitucional, según informan a EL ESPAÑOL fuentes de este partido. Eso sí, el eurodiputado del PSOE Domènec Ruiz Devesa ha dicho que el tribunal alemán que denegó la entrega de Puigdemont vulneró el "espíritu de la euroorden" porque actuó como "tribunal juzgador sobre el fondo" y no como "tribunal de extradición".

Tanto los Verdes como Izquierda Unitaria se oponen a ampliar la lista de delitos de la euroorden. "Es inaceptable que la derecha española instrumentalice este informe y también al Parlamento Europeo para conseguir que extraditen a los exiliados catalanes", ha dicho Diana Riba, eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya (adscrita a los Verdes). El informe de Zarzalejos, ha proseguido, "no sólo perjudica a la credibilidad de esta institución sino también a la reputación del país al que dicen defender".

"Es absurdo pensar que se trata de un informe que va a afectar a la situación de ningún reclamado en este momento, de ninguna persona sujeta a la OED. De modo que el argumento me parece que es radicalmente inexacto", le ha replicado el eurodiputado del PP. Además, ha subrayado que los delitos contra la integridad constitucional están contemplados en los códigos penales de la mayoría de los Estados miembros.

El comisario de Justicia, el liberal belga Didier Reynders, ha dicho que está dispuesto a presentar propuestas para mejorar la euroorden si el informe de Zarzalejos logra un apoyo mayoritario en el pleno de la Eurocámara. No obstante, Reynders se muestra escéptico sobre la necesidad de ampliar la lista de 32 delitos.

"Extender el catálogo de delitos no va a resolver de forma directa los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros en la aplicación de este instrumento. Las soluciones están en las autoridades judiciales de los Estados miembros", ha resaltado.

Reynders ha apuntado que no le compete a la Comisión pronunciarse sobre casos concretos como el de Puigdemont, pero ha desvelado que su equipo está examinando si Bélgica y Alemania aplican correctamente las normas de la UE sobre la euroorden y tendrá en cuenta lo ocurrido con el expresidente catalán en su evaluación. El Ejecutivo comunitario lleva meses amenazando con procedimientos sancionadores contra los países que no usan bien la euroorden, pero hasta ahora no ha hecho nada.

En cuanto al informe de Zarzalejos, los distintos grupos políticos podrán presentar sus enmiendas hasta el 5 de octubre. La votación y aprobación del texto en la comisión de Libertades Civiles se prevé durante el mes de octubre, mientras que el pleno se pronunciará probablemente en noviembre. En todo caso, el informe no tiene carácter vinculante y será Reynders el que decida en último término si propone o no una reforma de la euroorden.