Casado se felicita del fallo del TSJM y califica de "insostenible" la situación del ministro Illa

El presidente del Partido Popular ha arremetido duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por imponer a la Comunidad de Madrid unas restricciones de movilidad que este jueves ha rechazado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Pablo Casado ha calificado que la situación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, es "prácticamente insostenible" porque "política y partidariamente arremetió" contra una comunidad autónoma de distinto color político.

Casado cree que el Gobierno lanzó un mensaje de "miedo" y "temor" a la ciudadanía cuando los políticos deben intentar dar "tranquilidad y no basarse en el miedo". A pesar de sus críticas, el líder de la oposición ha tendido la mano al Gobierno y ha vuelto a pedir modificar de la Ley Orgánica de 1986 para que las comunidades autónomas no dependan de los tribunales para restringir la movilidad: "Se ha mandado un mensaje de falsa confianza a los españoles", subrayó. 

La propuesta del Partido Popular pasa porque sea el marco jurídico y no los políticos los que regulen las circunstancias en las que se debe limitar la movilidad de la ciudadanía. Casado reclamó una "política seria, no partidista", y subrayó que "ningún ministro arremeta contra una comunidad por una campaña electoral en otra región". 

Casado, además, señaló también a Pedro Sánchez por hacer política contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: "Hoy se ha visto que no tenían razón. Los ciudadanos no merecen este espectáculo". Pese a las durísimas críticas, el presidente de los populares pidió a Moncloa una "acción coordinada de refuerzo y atención" que mejore, también, las condiciones de los médicos y de las enfermeras que trabajan en el sistema sanitario público. 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha compartido públicamente su valoración: "La sentencia avala que no fue la forma adecuada de comportarse por parte del Gobierno de la nación". Ahora será la Comunidad de Madrid la que deberá volver a decidir qué medidas deben regir el día a día de los ciudadanos para evitar la propagación del virus.