Investigan a dos mandos de la Guardia Civil por no aislar a 34 agentes tras hallar positivos entre ellos

Un juez de Tarragona investiga en estos momentos la denuncia interpuesta contra dos mandos de la Guardia Civil. El magistrado trata ahora de discernir si ambos cometieron un delito contra la salud pública al ordenar a 34 subordinados que regresasen al cuartel en el que estaban destinados en lugar de confinarlos tras haber estado en contacto todos ellos con dos compañeros que habían dado positivo por coronavirus.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se investiga en el Juzgado de Instrucción de Gandesa (Tarragona). Quienes tratan de llevar a los tribunales a los dos responsables del destacamento creen que su orden provocó, a su regreso, el contagio de 21 miembros del cuartel de Zaragoza. 15 de ellos no habían estado en contacto con los primeros positivos.

Por ello, los agentes piden al juez que se investigue a los mandos responsables de esa decisión por un delito de prevaricación administrativa, por otro de una "infracción de las normas de prevención de riesgos laborales" y por un tercer presunto "delito de lesiones por imprudencia grave" -negligencia sanitaria en pleno desarrollo de la segunda ola de la pandemia-.

Todo ocurrió hace cosa de un mes. Los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) se encontraban protegiendo la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Es una de las tareas a las que se dedican estos grupos desde hace por lo menos 12 meses a lo largo de toda la geografía nacional.

Dos de esos efectivos habían dado positivo el pasado mes de septiembre. En cuanto se conoció el hecho, sus superiores les confinaron en la central nuclear que estaban custodiando.

Al resto de los compañeros, reza la denuncia, se les realizaron pruebas rápidas, los llamados test serológicos de la Covid-19. Todos ellos pertenecían a la unidad ubicada en el cuartel de la Benemérita en Casetas (Zaragoza). Habían estado conviviendo con los agentes contagiados, "en contacto directo".

Tras conocerse este dato, dos de los mandos responsables de la unidad ordenaron a los 32 agentes restantes el traslado de una provincia a otra. Según los abogados de los denunciantes, lo ocurrido "infringe la obligación de estar en cuarentena en la misma planta nuclear y esperar la realización de las pruebas PCR, según se establece en la normativa sanitaria, para cumplir el confinamiento en sus domicilios de Zaragoza".

21 positivos

Los agentes entienden que esa orden pudo conllevar un enorme riesgo, "a pesar de haber dado negativo en el test rápido y sobre todo cuando las autoridades sanitarias exigen a la población afectada que respete dicho confinamiento bajo amenaza de sanción". 

La orden les llegó a todos los miembros de este grupo del Instituto Armado a través de unos audios internos que enviaron los mandos a los suboficiales. Los denunciantes advierten al juez de que constan esas grabaciones y que puede solicitarlas si así lo requiere para comprobar que lo que dicen es cierto.

Días después de regresar al destacamento de Zaragoza, el cuartel se cerró. A los 34 agentes trasladados de vuelta a su puesto se les comenzaron a practicar pruebas PCR. También al resto de integrantes del cuartel. De los 200 dieron positivo 21. 

Todos habían seguido conviviendo juntos, denuncian desde Jucil, la asociación del Instituto Armado que ha elevado la denuncia a los juzgados. "Se les mandó a Zaragoza sin ningún tipo de medida de distanciamiento. Entraron en contacto con todos los compañeros de allí".

Respuesta de los mandos

Desde la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que representan a buena parte de los mandos del cuerpo, aclaran "que la propagación del COVID no ha tenido lugar durante ningún acto de prestación de servicio". Indican que tuvo su origen en una comida de despedida celebrada el pasado 12 de septiembre en Zaragoza, a la que asistieron unas 30 personas, entre personal destinado en ese regimiento.

"Uno de los dos grupos de efectivos del GRS que conformaban la unidad de respuesta de la central nuclear inició la comisión de servicio el día 14 de septiembre, dos días después de que hubiese tenido lugar la comida de despedida".

Cinco jornadas después de la comida dos de los agentes presentaron síntomas de coronavirus. "Uno de ellos había asistido a la comida. Posteriormente, tras la realización de prueba PCR se confirmó que los síntomas obedecían a PCR positivo. Ese mismo día 17, otro agente que se encontraba en Zaragoza y que había asistido a la comida, sintió síntomas compatibles, resultando también positivo tras ser sometido a la prueba", aclaran desde la asociación.

"Conocidos los hechos se informó por los cauces reglamentarios a la Consejería de Sanidad de Aragón". Fue entonces cuando se declaró oficialmente un brote de Covid-19 en ese acuartelamiento. La Consejería de Sanidad remitió el 22 de septiembre un escrito en el que recomendaba que los casos confirmados detectados en la central nuclear permanecieran aislados en dichas instalaciones hasta que obtuvieran el alta médica. Cosa que no hicieron.

Dicha recomendación de Sanidad establecía que el resto de contactos fueran trasladados "lo antes posible" a la base de Zaragoza para la realización de la correspondiente prueba PCR. Las pruebas de los trasladados desde la central nuclear, así como de todo el personal de la Unidad que pudo de alguna manera tener contacto con ellos, fueron realizadas en la base del GRS los días 22 y 23 de septiembre.

"Por tanto -indica la Unión de Oficiales-, la decisión de replegar a los guardias civiles fue una decisión de los mandos en cumplimiento de las directrices de la Consejería de Sanidad".

"Esparcimiento incontrolado"

De esos 21 solo seis formaban parte del grupo que vigilaba la central nuclear de Tarragona. Jucil, la asociación que ha presentado la denuncia, cree que los otros 15 contagiados podrían haberse infectado por esa orden de los mandos, quienes obligaron a regresar al destacamento a los guardias civiles.

Tras enviar de vuelta a su cuartel a los miembros de la Benemérita se produjo "un esparcimiento del virus de forma incontrolada".

Los denunciantes creen que el brote ya expandido entre el resto de compañeros del acuartelamiento "podía haber sido evitado si se hubiese respetado la normativa sanitaria por parte del ahora denunciado, y los funcionarios se hubieran quedado en el mismo lugar en el que compartieron espacio con los compañeros infectados por el virus".