El escándalo de los 777 asesores del Gobierno: cuestan un 38% más e Iglesias supera a Illa

Hay una fotografía que se ha ido viralizando estos días en la que Iván, un cocinero del zaragozano Bodegón Azoque, llora desconsolado en el altillo donde habita su restaurante mientras que su socio, José, le calma con la mano en la espalda. La instantánea tiene esa capacidad, difícil, de premio fotográfico, de venir a resumirlo todo. El negocio cierra, de nuevo. Después de un primer golpe, del que salió por los pelos y con el agua al cuello, el nivel crece y ya no da para más. A lo que provoca esto, los medios de comunicación lo llaman así: segunda ola.

Esa es la realidad que está dejando el bicho, el desastre del coronavirus, que va desde la salud a la economía (¿acaso no son lo mismo?) arramblando con todo por el camino. Ese es el mundo real, el de la mayoría de la gente. Pero hay otro mundo maravilloso, más como de Yupi, en el que esto no parece existir y además avanza con una prosperidad envidiable. Es el del personal eventual del Gobierno y sus ministerios, el de los asesores y los dedazos, el de los amigos pagados con dinero público.

El actual Gobierno de coalición regido por el PSOE y Unidas Podemos gasta 55,8 millones de euros al año en personal eventual, en su mayoría asesores colocados a dedo, según el CSIF. Es una cifra que daría para contratar 1.850 médicos o 2.056 enfermeras. Daría para contratar casi 3.000 funcionarios o para construir otro hospital de pandemias como el que está levantando Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Es equivalente a lo que, en mayo, el Ejecutivo destinó para ayudar a los países que acogen la migración venezolana y ocho veces el dinero destinado por parte de España a la OMS para intentar paliar la pandemia.

Se trata del gasto en personal eventual más grande de la historia de la democracia española para alimentar el Gobierno con más carteras ministeriales, 22. Y va a crecer.

A la cifra de los 55,8 millones calculada por el CSIF se llega teniendo en cuenta los Presupuestos Generales del Estado de 2018, los vigentes hasta hace unos días. EL ESPAÑOL ha analizado los nuevos presupuestos aprobados esta semana y el Gobierno destina en ellos un total de 44,44 millones de euros a asesores, sin contar con las dietas y complementos que engrosan sus nóminas, lo que hará que la cifra del CSIF seguramente se quede corta. En los de 2018 de Mariano Rajoy la cifra era de 27,68 millones. Mucho menor. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han aumentado su partida nada menos que un 38%.

Y ahí caben todos.

Cabe Pablo Casado, que fue asesor de José María Aznar, o José Miguel Vidal Zapatero, primo de José Luis Rodríguez Zapatero que ejerció de asesor en su Gobierno. Ahora, están las asesoras de Irene Montero que le celebraron el cumpleaños en el ministerio con el famoso vídeo. También Elena Biurrun y Ángel Guirao, exalcaldesa y exconcejal de Torrelodones, que trabajan para el ministerio de José Luis Escrivá, oriundo de Torrelodones. Está con Yolanda Díaz el ex Comisiones Obreras Manuel Lago, amigo de Suso Díaz, padre de la ministra. Así se puede seguir en un sempiterno etcétera, ya que el Gobierno de Sánchez cuenta actualmente con 777 eventuales. En el primer año de Mariano Rajoy, en 2011, había un total de 123. La cifra es ahora seis veces mayor.

Mientras, en la España real, la misma semana en la que se conoce que el Gobierno aumenta su presupuesto para dedazos ese 38%, se ha sabido que el paro ha subido hasta el 16,3% y que la salida del confinamiento sólo ha permitido recuperar la mitad del empleo destruido por la actual crisis. Si, además, se tiene menos de 25 años, la tasa de desempleo es del 40,4% y ya hay un millón de hogares con todos los miembros en paro. España no volverá al nivel económico previo a la pandemia hasta 2026, FMI dixit, y el Salario Mínimo Interprofesional no termina de llegar a los que de verdad lo necesitan.

El actual Gobierno de coalición creó, con su formación en enero, una serie de ministerios que servían para cumplir cupos políticos. Así, durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy había un Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -el de Íñigo Méndez de Vigo- que englobaba lo que en la actualidad son cuatro: Educación, Cultura, Ciencia y Universidades. Si bien esto se llevó a cabo en un momento de relativa bonanza económica, el desastre del coronavirus no ha hecho repensar ni un ápice que la estructura sea demasiado grande. 

Así que aquí están las dos Españas de las que hablaba Antonio Machado en su Españolito. Pero ya no va de rojos y azules. Va del Gobierno y sus amigos y de ese gran grupo social que lo intenta pero que no llega; va de los privilegiados y de la otra cara de la moneda que forman los derrotados.

Ese 38%

En la serie Borgen, que retrata de una forma un tanto naif los intestinos de la política danesa, hay un personaje que suele pasar desapercibido pero que guarda mucho simbolismo cuando se pasa por el prisma español. Se trata de Niels Erik, el secretario permanente de la Oficina del Primer Ministro. Es un funcionario, que asesora al primer nivel a la líder del Ejecutivo, Birgitte Nyborg, y que estaba ahí antes de que ella llegara al puesto y que seguirá ahí cuando las elecciones coloquen a otra persona al frente de la particular Moncloa danesa.

En España, y en su cultura democrática, es impensable que un puesto de tanto poder en el Estado y tan cercano al presidente del Gobierno no responda a intereses partidistas y sin optar por colocar ahí a algún afín. Prueba de ello son las 26 direcciones generales que, por ley, deben estar ocupadas por funcionarios y que el actual Ejecutivo ha otorgado a amigos que no lo son. Con Mariano Rajoy la excepción se aplicó a 10 puestos; en la primera etapa de Pedro Sánchez fueron nueve y ahora la cifra se ha triplicado. Así, se dan casos como el director general de Derechos de los Animales, Sergio García, que, en vez de ser un funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, es un activista que regenta un bar vegano en Madrid y que está titulado en Artes Aplicadas a la Escultura.

Si alguien pensaba que la actual crisis sanitaria y económica que vive el país iba a lograr que desapareciera la tendencia del Gobierno a servir como agencia de colocación, se equivocaba. No es sólo que esta semana Pedro Sánchez se haya subido el sueldo por tercera vez, ahora un 0,9% más, es que ha aumentado en un 38% el presupuesto dedicado a personal eventual, a asesores. Así, ha pasado de los 27,68 millones destinados por Mariano Rajoy en sus últimos presupuestos y vigentes hasta la semana pasada, a un total de 44,44 millones de euros. Se trata además de unos presupuestos deficitarios que obligará al Estado a endeudarse unos 110.000 millones en 2021. 

El que más dinero se ha llevado en este sentido es el propio Sánchez, que se otorga 19,76 millones del total, la mayoría para su propio gabinete. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 liderado por Pablo Iglesias, es el quinto departamento que más dinero recibe, nada menos que 1,24 millones. Es más de lo que suman Ciencia e Innovación y Educación juntos y mucho más de lo que suma Sanidad, tan necesario en estos días, que se queda en 772.070 euros para asesores. Eso sí, el Ingreso Mínimo Vital que abanderó Iglesias no está llegando a la gente que lo necesita.

De hecho, el Ministerio de Sanidad es uno de los más damnificados en este sentido. Bien cabría pensar que la pandemia debería repercutir en que Salvador Illa esté bien asesorado, que sepa tomar las decisiones correctas y que, para ello, la partida dedicada a su personal eventual haya crecido. Pues no. Casi, pero no. El ministerio de Illa recibe en la actualidad esos 772.070, menos que el de Iglesias, el de Inclusión Social o el de Transición Ecológica. Es más, respecto a los anteriores presupuestos de Mariano Rajoy, el aumento es nimio: en 2018 la cifra destinada a Sanidad era de 738.840 euros. Ha crecido sólo en 33.000 euros mientras que Sánchez se ha aumentado a sí mismo tres millones.

“La crisis sanitaria ha demostrado que necesitamos unos servicios públicos potentes”, explicaba a EL ESPAÑOL Francisco Lama, secretario de Acción Sindical del CSIF, el principal sindicato de funcionarios. “La ciudadanía necesita un Gobierno que apueste por el número de empleados públicos necesarios para estas situaciones. Hay asesores que sin haber hecho demasiados méritos están recibiendo unas retribuciones muy por encima de las de un médico o un catedrático”, añadía.

“Lógicamente, hacen falta asesores, pero nos preocupa ese incremento que se está viendo en esta Legislatura. Y esos salarios nivel 30 están creciendo. La proliferación de asesores en el ámbito político, elegidos a dedo y con salarios más altos que los de otros colectivos, daña la imagen de los empleados públicos”, comentaba.

Sus palabras tienen números. El 30 de junio de 2020, según Civio, el Gobierno de coalición de Pose y Unidas Podemos contaba con 777 eventuales, cifra que ahora habrá crecido. Durante el mismo periodo de tiempo desde la formación de Gobierno, 175 días, el último Ejecutivo de Mariano Rajoy tenía 566. Es decir, además de cambiar los del PP por los propios, se incrementó la cifra contratando a más de un asesor por día. En 2011 la cifra era de sólo 123.

Lo más llamativo de todo ello es que esos nombres que reciben ahora 55,8 millones del erario no son públicos. Se sabe quiénes son muchos, por su participación en el día a día de la política, pero el grueso son personas desconocidas. Como no son altos cargos, la Administración entiende, a priori, que no tiene que dar sus identidades. En caso de que los dé, como por ejemplo a través del Portal de Transparencia, no facilitará su currículum vítae porque como no es necesaria ninguna trayectoria para ocupar el puesto, consideran que no hace falta saber qué méritos tienen. Es decir, que podrían ser primos del que manda, como pasó con el de José Luis Rodríguez Zapatero.

Usted mismo que está leyendo este reportaje puede hacer la prueba: llame a cualquier ministerio y comente, educadamente, que con sus impuestos está pagando el salario de los asesores y que le gustaría saber quiénes son. Suerte.

Se suben el sueldo

La presentación de los Presupuestos Generales del Estado, de todas formas, no beneficia únicamente a los asesores y dedazos que el Gobierno quiere bajo su paraguas. También va para ellos, como esa especie de mantra erróneo de que el dinero público no es de nadie. El PSOE y Unidas Podemos pactaron para estos presupuestos una subida salarial del 0,9% que fue celebrada por los trabajadores de la administración como agua de mayo, como un reconocimiento que llevaba tiempo sin avanzar y que, por fin, venía a recompensar tantas penurias sufridas especialmente durante la crisis.

Ahora el propio Gobierno se aplicará también esa subida del 0,9%. La subida se conoció apenas dos días después de que el Congreso de los Diputados decidiera congelar el salario de los parlamentarios. Es un movimiento efectivo de cara a la galería, ya que es difícil para muchos ciudadanos que pasan penurias estos días entender que sus señorías cobren más y más. Pero el movimiento efectista y ejemplar no ha ido con los miembros del Gobierno.

Así, Sánchez se ha subido el sueldo hasta en tres ocasiones en los últimos tres años, desde que llegó a la Moncloa en 2018. Ese verano en el que asumió el cargo, el sueldo anual del presidente del Gobierno estaba en 80.953 euros. En 2019 pactó, de nuevo con los funcionarios, un acuerdo que permitió que subiera a 84.845 euros en 2020 y ahora, con los nuevos presupuestos y el incremento a los funcionarios, ha subido a 85.608 euros.

Mientras, la España que gobierna se hunde. Esta misma semana en la que se ha conocido todo ese aumento para asesores y para ellos mismos, se ha sabido también que la tasa de paro ha crecido hasta el 16,3% con 355.000 desempleados más. Se trata del mayor aumento desde el primer trimestre de 2012, en plena recesión económica. Y eso que aún no se tiene en cuenta a los que están en ERTE, que son 728.909 personas. Ya se duplicó en agosto la tasa de paro de la zona euro y el futuro no es esperanzador.

Estas cifras, al igual que el número de asesores, también crecerán. Porque hay gente que del ERTE pasará al paro y del empleo al ERTE con la segunda ola. Este 2020 el Producto Interior Bruto de España caerá a niveles a los que no se desplomaba desde la Guerra Civil y protagonizará la mayor recesión de todas las economías desarrolladas del mundo, según los datos y previsiones del Fondo Monetario Internacional.

“El miedo lo tienes en casa. Tienes tus ahorrillos, por supuesto, pero de repente ves cómo a partir de ahora no va a entrar ni un sólo euro”, explica en conversación telefónica con EL ESPAÑOL José Fontanellas, uno de los cocineros que aparecen en la ya famosa fotografía del Bodegón Azoque a la que hace referencia el primer párrafo de este reportaje. En la foto, él es el que consuela a Iván. “Nos da miedo que, si ha habido un segundo parón, pueda haber un tercero, o un cuarto y así”.

-¿Temen tener que cerrar definitivamente?

-Como autónomo no puedes pensar en eso, si se te mete en la cabeza acabarías loco cavando cada día tu propia tumba. Pero tengo amigos que sí, que ya se han arruinado. Nosotros no tenemos dos empresas o tres para apoyarnos. Somos empresarios artesanos, es nuestro oficio y nuestro trabajo y lo que sostiene a nuestras familias.

Esa es su España, la de la mayoría. Por lo menos, ahora queda el consuelo de que el Gobierno se ha provisto de un amplio presupuesto para contratar una cantidad de asesores mayor que servirá para solucionar la España de José y los demás. Y la subida de sueldo de Pedro Sánchez servirá para poner más empeño en su trabajo. O no. Quién sabe.