España archiva la causa de los militares marroquíes que acribillaron a dos jóvenes melillenses

La Justicia ha archivado definitivamente el caso de Abdeslam Ahmed Ali (24 años) y Mohamed Amin Mohamed Driss (20 años), dos jóvenes españoles de Melilla que fallecieron por los disparos de tres miembros de la Marina Real marroquí mientras navegaban en la costa de Nador. Así se pone de manifiesto en el auto de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso El ESPAÑOL.

La sentencia es un nuevo revés para los familiares de los jóvenes, conocidos como Emin y Pilsy, una semana después de que se cumpliese el séptimo aniversario de la tragedia. “Estamos estudiando el auto, pero me parece de vergüenza lo de la Fiscalía que defiende a los asesinos. Solo puede ser por presión de alguna mano negra”, lamenta a El ESPAÑOL Abdeslam Ahmed, padre de Pisly.

Y es que el tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de 18 de septiembre de la Audiencia Nacional. De esta manera, revoca lo decidido hace mes y medio: búsqueda internacional, detención e ingreso en prisión de los tres presuntos autores del tiroteo que terminó con la vida de estos dos españoles el 27 de octubre de 2013.

La defensa tenía indicios de que los militares marroquíes investigados, Mounir Tisman, Aziz El Mals y Mouhein Brioul, se encontraban en Marruecos, por lo que en un auto del 18 de septiembre había emitido “órdenes europeas e internacionales de búsqueda, detención, e ingreso en prisión”.

Sin embargo, el fiscal apeló contra esa resolución al entender que no existían “suficientes elementos que permitan dirigir el procedimiento contra persona alguna determinada”; y el Tribunal de la Audiencia lo admitió a trámite.

"Mera fotocopia"

El fiscal argumenta que el documento que aporta la acusación, un atestado policial realizado por la Gendarmería Real de Marruecos en la comisaria de Nador la noche del suceso “consiste en un mera fotocopia”, y que “carece de eficacia por cuanto que no puede ser corroborado por ningún otro medio”, según reza en el auto que archiva el caso.

Lo cierto es que el documento policial está traducido al castellano por un intérprete jurado y sirvió al juez de Instrucción en su momento para identificar a los tres militares como los presuntamente responsables de la muerte de Emin y Pisly; y por lo que se les citó a declarar en calidad de imputados.

De hecho, el Ministerio Fiscal consideró que ese documento constituía un elemento útil de información, apto para iniciar una investigación, que resultó frustrada ante el rechazo de las autoridades marroquíes.

El despacho de Baltasar Garzón recurrirá la resolución judicial ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que la Audiencia Nacional ha archivado la causa y no cabe recurso: la única vía es el sobreseimiento provisional.

En conversación telefónica con EL ESPAÑOL, el abogado que ejerce la defensa, Pedro Javier Díaz, confiesa: “No nos sorprende la decisión porque aunque el fiscal está supeditado al principio de neutralidad y de legalidad, su posición ha sido cambiante a lo largo del proceso, desde el momento en que la defensa solicitó las órdenes europea e internacional de detención de los presuntos autores”.

Y mantiene que “es incuestionable que las dos víctimas fallecieron a bordo de la embarcación española y por disparos de la Marina Real marroquí. El documento policial es privado, está reflejado en la causa y es rotundo”.

Desde 2014

“Nos parece un disparate jurídico, hay una investigación desde 2014 y no se ha cuestionado ni recurrido por el fiscal hasta la orden de detención. Y lo normal es que en caso de indicio de que los presuntos autores nos se vayan a presentar se les dicta una orden de detención, búsqueda y captura en caso de ser un investigado”.

La defensa considera que la decisión “es una valoración subjetiva de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional en contra de la más clara lógica jurídica. Han sido requeridos y no han sido personados, toca que les traigan ante el juez para que continúe la investigación judicial”.

Las sospechas de familiares y de la defensa apuntan a que “las autoridades marroquíes han presionado mucho”, aunque no hay constancia de ello. Díez recuerda que “el fiscal ya había solicitado en 2016 inmunidad diplomática para los presuntos culpables por ser militares. Y ahora dice que no están identificados”.

Los familiares, que son víctimas, no fueron llamadas como tales a testificar en Marruecos, e incluso no pueden hacer nada si los presuntos autores entran en España. Insisten en que recurrieron en numerosas ocasiones a políticos y a diplomáticos de ambos países “sin recibir respuesta ni apoyo”.