Sánchez, único presidente de los cuatro grandes de la UE que se apropia del control de las 'fake news'

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha escudado en la estrategia contra la desinformación de la Unión Europea para justificar su nuevo comité contra las fake news. Pero el plan de Bruselas está diseñado específicamente para combatir campañas hostiles orquestadas por países terceros, en particular Rusia y China. Es decir, todos los esfuerzos están volcados en la dimensión exterior y no en la vigilancia de medios nacionales.

Por eso, la estrategia  de la UE contra la desinformación -que se ha reforzado tras el estallido de la Covid-19- depende directamente del Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell. Bruselas acusa a Moscú y a Pekín de promover una "ola masiva" de bulos sobre la pandemia en la UE con el objetivo de desestabilizar el escenario político y aumentar la polarización y el caos.

El servicio de acción exterior dirigido por Borrell cuenta con una unidad especial (East StratCom Task Force) dedicada específicamente a desmontar las campañas de desinformación del Kremlin. Un equipo en el que trabajan una veintena de personas y que en 2019 contaba con un presupuesto de 3 millones de euros. "En estos tiempos del coronavirus, la desinformación puede matar", suele repetir el jefe de la diplomacia europea.

El plan de Bruselas contra las fake news se basa en dos pilares. En primer lugar, apretar las tuercas a las plataformas digitales como Facebook o Twitter para que supriman información falsa. En 2018 se aprobó un código de conducta voluntario contra la desinformación, con la amenaza de convertirlo en vinculante si los gigantes tecnológicos arrastran los pies.

Más cooperación

El segundo pilar se basa en reforzar la cooperación. Para ello, se ha puesto en marcha un sistema de alerta rápida en el que participan Estados miembros e instituciones comunitarias con el fin de detectar rápidamente campañas de desinformación del exterior que supongan una amenaza para la seguridad o la salud pública en Europa.

Eso sí, la Comisión Europea no se cansa de insistir en que en este combate contra las fake news hay que garantizar la libertad de expresión y el debate democrático plural, así como proteger a los periodistas. Desde el inicio de la pandemia, la presidenta Ursula von der Leyen ha resaltado que las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros para frenar la Covid-19 deben respetar los valores y principios europeos y en particular el trabajo de medios libres e independientes.

El Ejecutivo comunitario ha anunciado este viernes que examinará el plan de Sánchez para verificar si se ajusta a estos parámetros. Por su parte, los eurodiputados de Ciudadanos ya han presentado una interpelación a la Comisión para intervega y frente lo que consideran un intento de "control del contenido de los medios" con un "ministerio de la Verdad".También el Partido Popular prepara iniciativas similares en Bruselas. 

De momento, Sánchez es el único presidente entre los cuatro grandes de la UE que se apropia del control de las fake news. Su comité de vigilancia está controlado por la Secretaría de Estado de Comunicación, que depende directamente de Presidencia y Moncloa. Así es como las grandes potencias europeas están actuando para hacer frente a la denominada infodemia.

Cuatro modelos

ALEMANIA: Berlín cuenta con una unidad de comunicación estratégica que sigue el mismo modelo que la de la UE. Está ubicada en el ministerio de Asuntos Exteriores y no en la cancillería, lo que deja clara su vocación de defensa frente al exterior. Los trolls del Kremlin son también para Alemania el principal foco de preocupación.

El objetivo declarado de esta unidad no es difundir contrapropaganda alemana, sino desmontar bulos rusos y proporcionar información alternativa "fiable". Además, la denominada 'ley Facebook' obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos ilegales en 24 horas. Para los incumplidores, contempla multas de hasta 50 millones de euros.

FRANCIA: En Francia, la ley contra las fake news de Emmanuel Macron confiere el poder de vigilancia al Consejo Superior del Audiovisual (CSA), un organismo independiente del Gobierno cuyo objetivo es garantizar el ejercicio de la libertad de comunicación audiovisual. El CSA tiene ahora competencias para revocar unilateralmente la licencia de cadenas de televisión o radio que trabajen "bajo el control o la influencia de un Estado extranjero" y "diseminen desinformación".

En periodios electorales, la ley prevé un procedimiento exprés para tumbar campañas de desinformación, pero con control judicial: es un juez el que debe tomar la decisión final, pero en un plazo máximo de 48 horas tras recibir una denuncia. Finalmente, la ley endurece las obligaciones de transparencia para las plataformas digitales.

ITALIA: El Gobierno italiano ha puesto en marcha un portal de internet a través del cual los ciudadanos pueden denunciar casos de fake news directamente a la policía. El sistema se conoce con el nombre de "botón rojo".

Los denunciantes tienen que proporcionar su dirección de correo electrónico, un link a la noticia falsa y datos sobre la red social donde la vieron. La información llega directamente a la Polizia Postale, la unidad responsable de investigar los delitos cibernéticos. Es la policía la que tiene que verificar si se ha cometido algún delito y emprender las necesarias acciones legales.

HUNGRÍA: Es el único caso que hasta ahora ha suscitado preocupación en Bruselas. Tras el estallido de la Covid-19, el Gobierno de Viktor Orbán aprobó la denominada Ley de Protección contra el Coronavirus. Una norma que impone penas de cárcel de hasta cinco años para las personas que obstaculicen las medidas para frenar la expansión del virus o que difundan fake news que causen alarma o dificulten la lucha contra la pandemia.

La oposición la calificó de un intento de censura y Von der Leyen reclamó a Budapest respeto para la libertad de prensa. Pero de momento, el Ejecutivo comunitario no ha tomado ninguna medida en este caso. Eso sí, tanto Hungría como Polonia tienen abiertos expedientes sancionadores en la UE por poner en riesgo el Estado de derecho.