La Justicia acorrala a Iglesias con sus 4 alfiles condenados o imputados: hoy declara Del Olmo

Cuatro condenas, dos imputaciones y un suplicatorio en camino. No, no hablamos de ninguno de los partidos de la vieja política, sino del que hace apenas un lustro -junto a Ciudadanos- lideró la nueva, Podemos.

Pablo Iglesias comienza a estar acorralado por la Justicia, cuyas decisiones afectan directamente a cuatro de sus más estrechos colaboradores. Hoy viernes declara ante Juan José Escalonilla, titular del juzgado número 42 de Madrid, Juan Manuel del Olmo, director de Estrategia de la Vicepresidencia segunda del Gobierno y gurú de la comunicación de Podemos, del que es miembro destacado de su dirección.

Lo hace por la presunta financiación irregular del partido morado en la que la propia formación, como persona jurídica, está también investigada, tras la denuncia de su ex abogado, José Manuel Calvente. Otras dos personas de la dirección del partido, de menor perfil político, están imputadas en la misma causa. Se trata del tesorero Daniel de Frutos y de la gerente, Rocío Val. 

Esta misma semana Del Olmo era condenado junto al portavoz parlamentario, Pablo Echenique. Ambos deberán pagar 80.000 euros por haber llamado "violador" a la persona asesinada hace más de treinta años en la localidad madrileña de Leganés con la complicidad de Pilar Baeza, la que fuese candidata de Podemos a la alcadía de Ávila. Nunca hubo condena contra el hombre asesinado por ese delito, ni siquiera juicio.

En el caso de Echenique, se trata de la segunda condena en su contra. El político aragonés desistía el pasado 20 de octubre del recurso de casación que presentó el año pasado en el Tribunal Supremo (TS )por el caso del impago a su asistente. Una decisión que convierte en firme la sentencia en su contra, que le obligará a pagar una multa de 11.000 euros. En su día, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó en 2017 la sanción impuesta al portavoz morado por la Seguridad Social al no haber cotizado, como debía, por su asistente. 

Juan Manuel del Olmo, junto a Irene Montero, en una imagen de archivo. EFE

Agresiones a policías 

La cuarta condena es la recibida por la portavoz morada en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra. Fue sentenciada el pasado abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a diecinueve meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por atentar contra agentes de la Policía en una manifestación contra un deshaucio en 2014, en los inicios de Podemos.

La también portavoz de la Ejecutiva morada, respaldada en todo momento por Iglesias y que recurrirá al Tribunal Supremo por considerar injusta la sentencia, deberá indemnizar con 7.000 euros a dos de los policías que resultaron heridos tras la protesta. 

Según el fallo unánime del tribunal madrileño, Serra increpó a una de las agentes llamándole "cocainómana, mala madre, hija de puta" mientras que a otra le dijo "zorra, que te follas a todos los policías municipales, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro". Todo ello, según los jueces, acompañado del lanzamiento contundente de objetos contra los agentes.  

Y el último podemita enredado en asuntos judiciales, aunque obviamente no el menos importante, es el número tres del partido, Alberto Rodríguez. El Secretario de Organización de Podemos se enfrenta a la causa abierta por su presunta agresión a otro policía, también en 2014 y también en una manifestación, en este caso contra el entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert.

Isabel Serra. EFE

Esta misma semana el TS ha enviado al Congreso de los Diputados el suplicatorio para que se le levante la inmunidad a Rodríguez y responda así por los delitos de atentado a la autoridad y lesiones a un policía, al que habría propinado una patada. El pasado 20 de octubre el diputado canario se negó a ir voluntariamente a declarar, lo que ha hecho inexcusable el suplicatorio, sobre el que el que la Cámara Baja tendrá ahora que pronunciarse. 

Iglesias y Dina 

Problemas con la Justicia, los de los cuatro alfiles de Iglesias, no muy distintos al quebradero de cabeza que supone para el vicepresidente segundo el caso Dina. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ya ha pedido al Supremo la imputación del líder morado por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de genéro, daños informáticos y denuncia falsa o simulación de delito. 

Iglesias ocultó durante meses a su colaboradora Dina Bouselham, hoy en tareas propagandísticas, una tarjeta de móvil con material íntimo y comprometedor que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le entregó al líder de Podemos a comienzos de 2016. No fue hasta el verano de aquel año cuando se lo devolvió a su propietaria, justo después de que parte de su contenido, en concreto un chat en el que el propio Iglesias afirmaba que "azotaría hasta hacerla sangrar" a la presentadora de televisión Mariló Montero, hubiese sido publicado.

Este mismo año, el vicepresidente segundo justificó su actuación por la necesidad de "proteger" a una mujer de "veintipocos años" que se veía en una situación comprometida. Una actitud que le valió ser tildado de machista. 

Desde Podemos, todas estas causas, por muy distintos motivos, se atribuyen a una supuesta conspiración de poderes del Estado, del establishment y de los medios de comunicación. Algo que denominan con el término anglosajón "lawfare". Sobre la causa que afecta a Iglesias en concreto, aseguran no contemplar ni como hipótesis que pudiera ser condenado por un caso del que se considera víctima.

Si finalmente hubiera condena, el afectado ya no sería sólo Podemos, sino el Gobierno de España. Y eso, obviamente, obligaría a Pedro Sánchez a tomar una decisión sobre su socio de coalición.