La bronca en el Congreso por la Ley Celaá vaticina una revuelta en el mundo educativo

El Congreso vivió este jueves una escena inédita, sólo imaginable en el contexto de una legislatura en la que todos los lugares comunes de la política han sido vueltos del revés. La de los diputados de la derecha puestos en pie y gritando "libertad" mientras los de la izquierda aplaudían la aprobación de una ley que desprotege el patrimonio común en beneficio del particular y recorta derechos de padres y alumnos.

La Ley Celaá, que vuela por los aires tanto los pilares ideológicos de la derecha en el terreno de la educación –la escuela concertada, la religión y el español– como los de la izquierda –la atención a los discapacitados, la igualdad de oportunidades y la calidad de la escuela pública–, nació por un solo voto de diferencia y con una expectativa de vida limitada al tiempo que Pedro Sánchez permanezca en Moncloa. 

La Lomloe nace con menos votos a favor –177– que su precursora –182–, con la oposición de casi todo el centroderecha parlamentario a excepción del PNV –PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, Foro y PRC votaron no y JxCAT se abstuvo– y con la oposición de buena parte de la comunidad educativa.

La concertada "manipula"

El debate se cerró con la intervención de Luz Martínez Seijo, la portavoz de Educación del PSOE, que acusó a PP, Ciudadanos y Vox de difundir mentiras sobre la ley. La diputada socialista negó que la Ley Celaá vaya a acabar con la libertad de elección de los padres. También negó que el español vaya a desaparecer de las escuelas de las regiones con lenguas cooficiales. Nadie en los escaños de la derecha pareció creerla. 

No acabaron ahí los ataques de Martínez Seijo, que desmintió también cualquier intento de acabar con la escuela concertada mientras acusaba a esta simultáneamente de "manipular" a los niños para ponerles en contra de la nueva ley. Una acusación de la que no presentó pruebas y que calificó de "adoctrinamiento" destinado a "obviar a los que no tienen recursos y no tienen libertad para decidir". 

Pero la bronca llegó al final de su intervención, cuando Martínez Seijo dio las gracias por su actitud a sus homólogos de ERC, Más País y PNV. En ese momento, las bancadas del PP y de Vox se pusieron en pie y se arrancaron con gritos de "libertad, libertad" a los que los diputados de PSOE y Podemos respondieron con aplausos a la portavoz socialista.

PSOE contra PSOE

La disputa se extendió como una mancha de aceite hasta más allá del Congreso de los Diputados. El PSOE aragonés, el de Javier Lambán, se dio la mano con PP, Vox y PAR y aprobó una propuesta de Ciudadanos en defensa de la vehicularidad del español sólo unos minutos después de que los diputados del Congreso aprobaran la Ley Celaá.

La iniciativa naranja tuvo el voto en contra de Podemos, CHA e IU. De acuerdo a ella, el Gobierno aragonés, en manos de PSOE y Podemos, debe instar ahora al Gobierno central, formado por los mismos partidos, a mantener la vehicularidad del español en el sistema educativo.

El encargado de defender la propuesta en el parlamento regional aragonés fue el diputado socialista Ignacio Urquizu, que lamentó que "no se haya estado a la altura" para aprobar la Ley Celaá con mayor consenso del que esta ha obtenido finalmente.

No quedó claro, sin embargo, si el comentario de Urquizu era una andanada destinada a PP, Ciudadanos y Vox, o más bien a su propio partido. 

Se vende la libertad

En el exterior del Congreso, el PP recogía firmas contra la Ley Celaá y la plataforma Más Plurales, que agrupa a asociaciones de padres, sindicatos de la educación, empresas, profesores y escuelas, defendía la concertada con una concentración cercana al Congreso en la que podían verse carteles de "Se vende: libertad de elección" y se cantaban consignas como la de "nuestros hijos no serán como Lastra ni Rufián". 

La concentración de Más Plurales recibió el apoyo, entre otros, de Inés Arrimadas y Cuca Gamarra, la portavoz del PP. Gamarra afirmó que la Lomloe no ha sido más que una herramienta de negociación para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y que con esta ley "se entregan la educación y la libertad para seguir en el poder". 

Una ley "estalinista"

Las críticas de los diputados de centro y de derecha a la ley fueron constantes a lo largo de toda la sesión en el Congreso de los Diputados. Sergio Sayas, de UPN, dijo que la Lomloe es "una mezcla de sectarismo y ataque a la libertad". UPN ha anunciado también que recurrirá la ley. 

Marta Martín, de Ciudadanos, dijo que la Ley Celaá es "una atrocidad de estilo estalinista que atenta contra los niños que necesitan una educación especial. Ustedes confunden la inclusión con la educación ordinaria".

Inés Arrimadas se negó, ante la prensa, a que "la educación de nuestros hijos sea decidida por la ministra Isabel Celaá". Según la líder de Ciudadanos, eso no le corresponde "ni a los nacionalismos ni a los gobiernos de ningún color político".

"Defendemos la concertada, la especial, que sean los padres los que elijan", añadió Arrimadas. "Vamos a estar siempre al lado de los padres. Como madre quiero poder elegir. Esto es una lucha por la libertad".

La portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, aseveró que la nueva ley educativa, que sustituye a la Ley Wert, es "un proyecto que despoja de toda autoridad al profesorado y destierra el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos". Por su parte, Pablo Casado calificó la ley de "contrarreforma educativa" 

Joaquín Robles, de Vox, afirmó que la Lomloe "certifica el final del papel de ascensor social de la enseñanza, ejecutado por los verdaderos enemigos de las clases sociales más desfavorecidas".

División entre sindicatos

Muchos de esos diputados llevaban, por iniciativa del PP, un lazo naranja en la solapa que simboliza su oposición a la Ley Celaá. Una ley que ha sido aprobada quemando plazos y trámites a una velocidad inaudita para una iniciativa de este nivel y que apenas ha dejado tiempo a la oposición para estudiar u objetar sus medidas.

La mayoría gubernamental ha rechazado, de hecho, todas las enmiendas presentadas por la oposición salvo una de Más País y Compromís.

La división en el sector educativo vaticina que la ley será todavía objeto de polémica mientras siga en vigor. UGT y CC.OO., junto con la progresista Confederación Española de Asociaciones de Padres y Alumnos (CEAPA) se han felicitado por la aprobación de la ley, aunque han dicho que echan en falta otro tipo de medidas relativas al profesorado. 

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), la Central Sindical Independendiente y de Funcionarios (CSIF), así como docenas de asociaciones de defensa del español o el sector de la concertada en pleno han criticado la aprobación de la Lomloe.

Este domingo hay convocadas nuevas manifestaciones en contra de la Lomloe, que todavía no ha finalizado su tramitación parlamentaria –aún debe pasar por el Senado–, en varias ciudades españolas.