La reforma educativa impulsada por la ministra Isabel Celaá ha despertado el rechazo de gran parte de la sociedad y de la clase política que se sienta a la derecha del Parlamento, que ha echado en falta diálogo para consensuar una ley educativa que blinde el aprendizaje de las generaciones futuras.
Los consejeros de Educación de Galicia, Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia han compartido con EL ESPAÑOL sus reflexiones sobre una reforma que consideran que es "tremendamente lesiva para la calidad del sistema educativo" y piden sacar la educación del fango político. "Los centros educativos no pueden ser espacios de revanchas ideológicas", resume el consejero de Educación andaluz, Javier Imbroda.
Eliminar al castellano como lengua vehicular en las comunidades con lengua cooficial, la repetición de curso o la situación de la concertada y de los colegios especiales han sido los aspectos de la nueva ley educativa que más controversia han generado en la sociedad. El consejero de Educación de Galicia, Román Rodríguez, lamenta profundamente que las comunidades autónomas no hayan podido hacer aportaciones ni sugerencias al texto de una ley que es de implantación obligatoria en todo el territorio nacional: "Se nos va a imponer sin conocerla y sin haber contribuido a mejorarla", se queja.
El responsable educativo gallego vislumbra uno de los mayores problemas que vendrán con la aplicación de esta nueva legislación, que es que se rompa el principio de igualdad que blinda la Constitución: "Puede suponer desigualdades y diferencias entre un alumno que viva en Lugo y otro de Zamora", alerta.
Un alto el fuego "lejos de crispaciones y polarización" reclaman desde Andalucía, donde creen que la nueva normativa debe servir como hoja de ruta para "las nuevas generaciones, que aborde los problemas verdaderos de nuestro sistema educativo. No debe ser una ley del gobierno de turno". Imbroda pide a todos los representantes públicos que "la educación de nuestros hijos debe ser sagrada. Demasiados avatares ideológicos ha sufrido nuestra educación para continuar cometiendo los mismos errores del pasado".
"Tremendamente lesiva"
Madrid critica sin miramiento una ley "tremendamente lesiva" para la calidad del sistema educativo porque "ataca la libertad de las familias a lahora de elegir el tipo de educación, menosprecia el esfuerzo de los alumnos y deja indefensas a miles de familias con alumnos en centros de educación especial, que les priva de una atención educativa personalizada y con mayores recursos".
Su consejero de Educación, Enrique Ossorio, lleva meses pilotando la redacción de una "normativa alternativa que blinde la educación especial y la concertada". A su juicio, el concepto de "demanda social" que quiere eliminar la ley Celaá para "atacar" la educación concertada "choca frontalmente" con el artículo 27 de la Constitución. Y adelanta que "podría ser anulada".
Andalucía es una autonomía que defiende la libertad de las familias para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos. "Vamos a impulsar un decreto, que está en vigor, con medidas para avanzar en esa libertad de elección de centros, en equidad y en transparencia", cuenta Imbroda. Entre las medidas que contempla está incluir un centro concertado en todas las zonas de escolarización para fomentar la posibilidad de que todas las familias puedan elegir, independientemente de que vivan en un barrio u otro.
Murcia también se posiciona abiertamente a favor de que sean las familias las que decidan a qué colegio quieren matricular a sus hijos: "Creemos firmemente en la libertad de cada familia para elegir la educación que desea para sus hijos, sea pública o concertada. También defendemos la educación especial o el distrito único, ya que el centro al que vayan los alumnos lo deben decidir sus padres, sin que venga determinado por lo que determine la Administración", describe su consejera de Educación, Esperanza Moreno.
Si la ley Celaá entra en vigor sin ningún retoque parlamentario más, los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y repetir será excepcional. En Galicia, sin embargo, se ha decidido seguir aplicando los mismos estándares de exigencia para la evaluación y promoción: "No es igual aprobar que no aprobar", defiende el consejero Rodríguez.
El departamento de Educación de la Comunidad de Madrid ha blindado también los "principios irrenunciables" sobre los que pivota la educación madrileña: "La libertad educativa, la igualdad de oportunidades y una educación de calidad", enumera el consejero Ossorio. Y para proteger su esencia, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está preparado jurídicamente para dictar las órdenes e instrucciones que sean precisas.
Educación especial
La ley Celaá ha generado también gran inquietud entre los padres con niños con necesidades especiales, ya que ley prevé derivar más niños de la educación especial a la ordinaria pero el sector de la discapacidad y los padres creen que no hay "garantías" para una plena inclusión de los menores en los colegios, al menos en el plazo de diez años que se marca la ley como objetivo.
Galicia presume de ser la comunidad con un porcentaje mayor de alumnos (92,7%) con necesidades educativas especiales integrados en centros ordinarios. "Esto no significa en ningún caso que hayamos descuidado la educación especial. Vamos a mantener nuestro modelo de inclusión educativa pero, por supuesto, vamos a seguir apoyando los centros de educación especial, que son absolutamente necesarios", alienta su consejero.
Mantener unos niveles de excelencia en la educación especial es otra de las prioridades para el Gobierno andaluz que dirige Juanma Moreno: "Hemos superado de largo los 400 millones de euros y los centros específicos de educación especial tienen por primera vez un programa de mejora de instalaciones dotado con siete millones de euros. Es insuficiente, pero estamos dando pasos importantes", cuenta su consejero, que quiere escuchar las dudas y temores de los padres que quieren aquello que sea mejor para sus hijos. "Hay que tener sensibilidad con la opinión de las familias de estos alumnos en vez de imponerles cualquier decisión. Inclusión sí, especial también".
Dos lenguas
El castellano deja de figurar con la nueva ley como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. En cualquier caso, las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanza tanto en español, como en las lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.
En Galicia se convive con dos lenguas: el castellano y el gallego. Según los resultados del último informe Pisa, es la autonomía donde mayor porcentaje de alumnado habla dos lenguas (un 96%). "No tenemos ningún problema en el ámbito lingüístico ni vamos a permitir que la Lomloe lo cree: nos hubiera gustado que el ministerio hubiese tomado nota de nuestro modelo en lugar de querer generar un conflicto donde no existe", defiende Rodríguez.
Cumplir
Todos los responsables educativos se comprometen a cumplir la ley cuando entre en vigor, pero anuncian que blindarán la calidad del sistema dentro de sus respectivos límites autonómicos para que sus alumnos finalicen sus estudios con un nivel académico alto.
El consejero gallego advierte al Gobierno de que "no pueden pedirnos que tiremos por la borda el trabajo conjunto durante una década de las más de 400.000 personas que componen la comunidad educativa gallega. Dentro del marco legal, usaremos todas nuestras capacidades normativas y organizativas para corregir los efectos perversos de una mala ley".
En Madrid ya se está estudiando una reforma del sistema educativo autonómico "para dotarle de un mayor nivel de calidad, digitalización e innovación que pueda compensar cualquier efecto negativo del modelo de enseñanza que propone el Gobierno de Sánchez e Iglesias".
Los servicios jurídicos de la consejería de Educación de Murcia está analizando todas las vías jurídicas posibles par aplicar las "reformas, contrarreformas o decretos que sean necesarios para dejar sin efecto diferentes aspectos de la ley", adelanta su consejera, que no quiere despejar aún la incógnita de qué puntos derogaría: "Están realizando ese trabajo en estos momentos, por lo que es precipitado destacar qué medidas concretas o decretos se llevarán a cabo".
La polémica ley se encuentra en el Senado para su discusión y debate y solo volverá al Congreso si la Cámara Alta introduce algún cambio en la norma. Las comunidades se preparan para analizar a fondo el texto definitivo que aprueben las Cortes Generales y desarrollar leyes autonómicas para contrarrestar los aspectos más lesivos de la norma.
Legalidad
Castilla y León adelanta que utilizará todas las herramientas legales a su alcance para "mantener, en la medida de lo posible, el sistema educativo de la Comunidad, que ha demostrado ser excelente", defiende su consejera de Educación, María del Rocío Lucas. "No se trata de proteger a las familias frente a una ley aprobada en las Cortes. Castilla y León no está en ese escenario: utilizaremos todas las herramientas para defender un sistema que está dando excelentes resultados", remata.
Desde Andalucía hablan con cautela y esperarán a tener el texto definitivo de la ley para evaluar qué camino seguir. "Estamos a tiempo de dialogar y buscar acuerdos", pide el consejero Imbroda. "Merece la pena intentarlo porque está en juego el futuro de nuestros hijos. Pongamos el foco en nuestros alumnos y sus necesidades, dialoguemos con toda la comunidad educativa, dejemos a la educación al margen de trincheras".
En la misma línea se pronuncia Castilla y León, que confía en que "aún hay margen de mejora" antes de la aprobación definitiva de la ley: "Cuando se apruebe la ley estudiaremos más a fondo los mecanismos normativos a nuestro alcance".