Sánchez se aúpa a la vez en el separatismo y en la España del terruño: lo que cuestan 31 diputados

Pedro Sánchez se tomará las uvas este año habiéndose quitado en el 2020 saliente las dos espinas políticas que aún le quedaban en su trayectoria. La primera, lograr una investidura, como hizo en enero; y la segunda, sacar adelante sus propios Presupuestos, cosa que a más tardar el 29 de diciembre -cuando las Cuentas Públicas vuelvan al Congreso desde el Senado- habrá logrado definitivamente. Pero, ¿a qué precio? Alto, sin duda, política y económicamente.

El presidente del Gobierno ha decidido auparse en el terruño, y en las fuerzas separatistas catalanas y vascas, para garantizarse una legislatura tranquila hasta 2023, tras una negociación de la que se caía definitivamente Ciudadanos, que llegó a votar con el PSOE y sus socios en contra de las enmiendas a la totalidad del PP y otras formaciones de la oposición.

De los 189 síes al proyecto presupuestario, 31 responden a intereses territoriales, los defendidos por la amalgama de fuerzas separatistas, nacionalistas o regionalistas que han negociado su respaldo. Se trata, además de ERC y Bildu, del PNV, de los cuatro diputados del PdeCat (que al contrario que sus antiguos compañeros de Junts Per Catalunya votaron sí), de los valencianos de Compromís, y de los diputados únicos de Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y Nueva Canaria (Coalición Canaria votó en contra).

Traducido a cifras, algunos ejemplos: las Cuentas Públicas destinarán sesenta millones a la mejora de las líneas de explotación de alta velocidad para el corredor Mediterráneo, y otros cuarenta al rodalies (tren de cercanías) catalán, una partida de la que no ha dudado en sacar pecho ERC.

Los Presupuestos supondrán un aumento para la Comunidad Valenciana de 450 millones con respecto a las cuentas vigentes; Teruel recibirá más de 100 millones, un incremento del 20%; Cantabria percibirá el 75% de lo pedido para infraestruturas ferroviarias; y Canarias veinte milllones para infraestructuras turísticas y 200 milllones del convenio de carreteras.

Sin olvidar el traspaso de prisiones al País Vasco que consigue el PNV, definido por el Ejecutivo como su único "socio preferente", y los 120 millones destinados a construir un nuevo centro penitenciario en San Sebastián. Además, el lehendakari Íñigo Urkullu cuenta con recibir también la gestión de las pensiones por más de 10.000 millones de euros.

Y todo ello mientras al calor del debate presupuestario, e impulsado por ERC, se ha planteado, con el aval del propio Sánchez, la "armonización fiscal" que señala directamente a la Comunidad de Madrid y a su política fiscal practicada desde hace años, con la bonificación de impuestos como el de patromonio o sucesiones. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitución en defensa de su autonómía en materia de gravámenes.

Atlántico contra Mediterráneo

La España del arco mediterráneo ve cómo se aumentra la inversión en ella un 45% mientras que cae un 11% en Galicia, como denuncia en declaraciones a EL ESPAÑOL el diputado único del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego, que en apenas un año ha pasado del sí a la investidura al no a los Presupuestos Generales del Estado.

También en conversación con este diario, el representante de Compromís, Joan Baldoví, niega que haya agravio comparativo: "Nosotros tenemos el 40% de la población, el 50% del PIB, el 60% de importaciones y exportaciones y la mayor parte del turismo", argumenta.

Igualmente en declaraciones a este medio el parlamentario de Teruel Existe, Tomás Guitarte, asegura que han conseguido arrancar al Ejecutivo la reactivación de "proyectos que estaban enterrados, y que están orientados al principal problema de nuestra provincia, que es la falta de accesibilidad física al territorio". Entre ellos la mejora de las autovías A-68, A-40 y A-25.

José María Mazón, el hombre del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, en Madrid, afirma a preguntas de EL ESPAÑOL que el dinero destinado a su región permitirá avanzar algunos tramos ferroviarios en construcción o la duplicación de la vía entre Santander y Torrelavega, algo "muy importante", subraya, para aumentar la "velocidad" y porque vale también tanto para mercancías como para el servicio de cercanías. Mazón votó no a la investidura pero ahora sí a los Presupuestos.

El camino inverso al gallego Rego, que acusa al Gobierno de agravar un "déficit histórico en inversión en infraestruturas" en la comunidad gallega, con una red ferroviaria que no se ha renovado en cincuenta años. El diputado del BNG detalla que del apartado del AVE, cuyas obras no están completadas en Galicia, únicamente se consignan 29 millones de euros a Galicia, cuando, afirma Rego, esa cantidad se podía haber elevado a "cien o doscientos millones".

Montero niega agravios 

María Jesús Montero, nada más aprobarse el pasado jueves los Presupuestos, arremetía contra los nacionalistas gallegos tras su voto en contra y aseguraba que la inversión en Galicia por habitante está por encima de la media del resto.

Rego afirma a este diario que no es la Comunidad que más recibe medida la inversión de esa manera y que el criterio de población "siempre nos perjudica", ya que no tiene en cuenta "el encarecimiento de los servicios por la dispersión" o el "envejecimiento de la población".

Guitarte, que subraya en todo momento el carácter "transversal ideológicamente" de Teruel Existe, se muestra solidario con los problemas de despoblación gallegos por ser "muy similares" a los de su provincia. Baldoví, por su parte, asegura que buena parte de la Comunidad Valenciana tiene los mismos problemas que afectan a gallegos o turolenses ya que, detalla, "el 80% de la población se concentra en quince o veinte kilómetros de costa".

Por otra parte, la oposición denuncia costes políticos ajenos a la materia presupuestaria para obtener el voto favorable de ERC y Bildu. En el caso de los republicanos, la apertura del debate sobre la reforma del delito de sedición, que Podemos plantea que solo se castigue si se produce con armas, e incluso el indulto a Oriol Junqueras y el resto de condenados por el golpe secesionista de 2017.

En el caso de Bildu, el reciente acercamiento a cárceles cercanas al País Vasco de varios etarras, como los asesinos del matrimonio Jiménez-Becerril, o la relajación de las medidas penitenciarias para el asesino de Miguel Ángel Blanco, por las que las víctimas han puesto el grito en el cielo.

Sánchez, que hace apenas un año ganaba las elecciones generales prometiendo no gobernar con los nacionalistas, les tiene ahora como combustible de su acción de Gobierno. Y todos avisan que estarán vigilantes hasta el fin de la legislatura de los compromisos concretados en los Presupuestos, que a partir del 1 de enero de 2021 estarán ya en vigor.