La Mesa del Congreso ha dado el primer paso para acelerar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial e impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga nombramientos mientras esté en funciones. El Parlamento ha aprobado tramitar esta proposición de ley por vía de urgencia, lo que permitirá acortar los plazos de tramitación y aligerar los cambios.
El Congreso está más cerca de efectuar uno de los cambios más polémicos de la legislatura. Los miembros de la Mesa han optado por no pedir ningún informe al propio Consejo, que el 17 de diciembre pidió al Congreso ser partícipe en la propuesta haciéndoles llegar un informe con sus consideraciones. El CGPJ también solicitó al Parlamento que escuchara las sugerencias del Consejo de Europa -a través de la Comisión de Venecia- y las de las asociaciones de jueces y fiscales.
La Mesa ha optado por rechazar esta solicitud, que llegó a través del Grupo Parlamentario Popular. Si este cambio legislativo se hubiera impulsado desde el Gobierno a través de un proyecto de ley, el Ejecutivo obligatoriamente hubiera tenido que solicitar un informe al Consejo de Estado y al propio CGPJ. En el caso de las proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios este trámite es opcional, no obligatorio.
A partir de hoy, se abre un periodo de ocho días hábiles para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a la iniciativa, computándose para ello el mes de enero, que es inhábil en las Cámaras. La propuesta ha salido adelante con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos.
Negociación
El PSOE y Unidas Podemos, los partidos autores de la proposición de ley, presentaron la iniciativa a principios de diciembre en el registro del Congreso de los Diputados para presionar al Partido Popular y conseguir que se abriera a negociar la renovación, enquistada desde hace dos años.
Los dos partidos que conforman el Gobierno buscan limitar las funciones del CGPJ cuando se encuentre en funciones, como está ahora. La Constitución obliga a un amplísimo consenso para proceder a los nuevos nombramientos: tres quintos de ambas Cámaras. En otras palabras: el relevo debe ser aceptado por 210 diputados y 159 senadores, por lo que obligatoriamente se necesita al Partido Popular en la ecuación.
La negociación que están dispuestos a abrir en Génova mantiene sus líneas rojas: Unidas Podemos debe quedar fuera y que sean los jueces los que elijan a los jueces. El Grupo Parlamentario Popular solo tiene ahora un camino para frenar este cambio legislativo: presentando una enmienda a la totalidad a la iniciativa y que la Cámara la apruebe por mayoría.