Isabel Díaz Ayuso se niega a adelantar el toque de queda en Madrid a las 20.00 horas, como reclaman sus homólogos en Castilla y León, Andalucía, Murcia y Galicia. El Gobierno ha aplazado a este miércoles la discusión sobre si, con los datos epidemiológicos disparados, es necesario matizar el real decreto actual y anticipar la hora a la que los ciudadanos deberán estar en casa.
El equipo de Salvador Illa solo está dispuesto a trasladar este debate al Gobierno si las 17 autonomías le piden adelantarlo y si el Partido Popular se compromete a apoyar esta modificación en la votación que obligatoriamente se tendría que hacer en el Congreso de los Diputados. El argumento en el que se escudan para buscar una mayoría incontestable es que se trata de una limitación de derechos fundamentales y, por lo tanto, solo se puede acometer por consenso. De momento, ninguna de las dos premisas se cumplen.
El Partido Popular, que lideró la presión al Gobierno para obligarle a cambiar las reglas del juego que rigen la vida de los españoles, no ha conseguido poner de acuerdo a las cinco autonomías donde gobierna para defender una misma postura en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebra este miércoles en Sevilla.
Ayuso, sobre el toque de queda: "Para arruinar a la hostelería que no cuenten conmigo"
La voz discordante
Madrid volverá a poner la voz discordante en la reunión con Salvador Illa. Isabel Díaz Ayuso no está dispuesta a bajar la persiana en la región antes de las 22.00 horas, a pesar de tener una incidencia de contagios muy elevada -804,2 casos por cada cien mil habitantes-, no muy alejada de la de Castilla y León, que supera los 970 casos.
Desde que el virus galopa sin control por España, Ayuso ha apostado por un equilibrio entre la salud y la economía. En este caso, su teoría para desmarcarse de adelantar el toque de queda es que se condenaría a la ruina a los comerciantes: "Conmigo que no cuenten para destrozar la hostelería de Madrid", sentenció públicamente.
Al mismo tiempo que se desmarcaba de la alineación de los presidentes autonómicos del PP, Ayuso mostraba su "respeto" a que cada autonomía tome la decisión que considere oportuna para frenar el nivel de contagios. En el despacho presidencial de alguna región que pide este adelanto entiende que, con este mensaje, Ayuso dejó caer que "los demás respeten también su decisión".
La postura que defenderá ante Sanidad el consejero madrileño, Enrique Ruiz-Escudero, es que la norma vigente es suficiente para controlar la tercera ola en Madrid: "Nosotros apostamos por la estrategia que llevamos aplicando: el toque de queda a las 23.00 horas y el cierre de la hostelería y el comercio a las 22.00. La mantendremos hasta el 31 de enero", confirman a este diario fuentes del entorno de la presidenta madrileña.
Respaldo
Castilla y León ha sido la primera -y única- autonomía que ha sobrepasado los límites del estado de alarma y ya confina a sus ciudadanos a las ocho de la tarde. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, cuenta con el visto bueno de la dirección nacional de su partido: "El PP es partidario de salvar vidas. Cualquier medida que tomen nuestros presidentes autonómicos tienen nuestro apoyo", aseguró el secretario general del PP, Teodoro García Egea, este martes tras la reunión del comité de dirección.
Andalucía y Murcia se sumaron muy pronto a la solicitud que abanderó Mañueco en Castilla y León. Los presidentes autonómicos Juanma Moreno y Fernando López Miras evitaron saltarse la ley y se limitaron a proponer al Gobierno el cambio legislativo para adelantar el toque de queda. Los dos líderes regionales enviaron sendas cartas al presidente del Gobierno para que reconsidere la necesidad de confinar a partir de las 20.00 en aquellos rincones donde la situación epidemiológica esté disparada.
Las dos autonomías trasladarán este miércoles esta postura al debate con Salvador Illa. Por su parte, el consejero de la Presidencia andaluz, Elías Bendodo, unas horas antes del Consejo Interterritorial de Salud, ha respondido a Ayuso. "Nadie quiere arruinar la hostelería", ha dicho Bendodo, pero ha defendido que se "limite" la actividad del sector para frenar la posibilidad de contagios.
En una entrevista en RNE, el consejero respeta las declaraciones de la presidenta madrileña, pero no las comparte. Al respecto, ha argumentado que en Andalucía la hostelería "no ha cerrado nunca", excepto en el primer estado de alarma, y la Junta les ha facilitado ayudas al sector porque da mucho empleo en la comunidad.
En la misma línea se presentará el equipo que lidera el presidente de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, que también ha dejado clara su intención de adelantar el toque de queda en Galicia para cortar el avance del coronavirus. "El comité clínico es claro y unánime: necesitamos ampliarlo", reclamó el presidente gallego este martes.
La dirección nacional
La dirección nacional del PP no ha marcado una única directriz a sus autonomías y se limita a avalar las medidas que necesiten sus presidentes autonómicos "en función de los datos que le dan sus expertos". El equipo de Pablo Casado pide a Pedro Sánchez que tome el control y presente una estrategia nacional de salud para frenar la tercera ola. Sin embargo, las cinco autonomías donde gobiernan los conservadores llegan al encuentro con el Gobierno sin haber consensuado una réplica común.
El equipo de Casado se resiste todavía a anunciar qué postura tomaría si el Gobierno cede, se abre a modificar el real decreto y lo somete a una nueva votación en el Congreso de los Diputados. Los conservadores quieren un gesto de Moncloa, que les hagan llegar el nuevo documento y consensuar sus términos antes de anunciar su decisión definitiva. "No podemos decir qué votaremos si no hemos visto el papel", se defienden.
La decisión última para modificar los términos actuales que rige el estado de alarma la tiene el Gobierno. Sánchez ha dado una instrucción muy clara a su equipo de Sanidad: la norma solo se modifica si lo solicitan las 17 autonomías y si el PP la apoya. En caso contrario, el estado de alarma quedará como está y las autonomías deberán moverse en la horquilla que permite el real decreto. Por lo tanto, ningún presidente podrá obligar a sus ciudadanos a estar en casa antes de las 22.00 horas, como ahora hace Mañueco en Castilla y León.