Ni una semana sin turbulencias, y cada vez más serias, en la coalición de Gobierno. PSOE y Podemos rompían este jueves el protocolo firmando hace un año, a continuación del pacto de gobierno, por el que los dos grupos parlamentarios coordinarían su actuación en el Congreso. Y lo hacían, además, en una materia tan sensible como la relativa a la agenda feminista y a las competencias de Irene Montero.
El Grupo Socialista presentaba en solitario su propia ley de igualdad, sin la firma del partido morado. Algo por lo que fuentes de Podemos trasladan su "enorme malestar". Desde las filas socialistas, en cambio, sugieren que se trata de una pataleta, pues aseguran haberles informado previamente. Dicen, además, que los de Pablo Iglesias sabían que esa Proposición de Ley (PL) se presentaría en el primer trimestre de este 2021 dentro del "cupo" socialista para registrar iniciativas en la Cámara Baja.
Extremos ambos que niegan los podemitas, quienes enormente sorprendidos lamentan que no se haya tenido en cuenta a la ministra de Igualdad. Una actitud del PSOE que habría tirado por tierra, aseveran, el trabajo que "desde hace meses" venía haciendo Montero con los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno.
Desde el PSOE se reivindica además el trabajo que por una norma de este tipo lleva haciendo el partido hace más de una década. "Desde los tiempos de Pedro Zerolo" afirman, en referencia al célebre dirigente socialista fallecido en 2015. En otras dos ocasiones los socialistas la llevaron al Congreso, aunque sin éxito.
En lo referente a las competencias de Igualdad, uno de los ministerios que obtuvo Podemos en la negociación del Ejecutivo, llueve sobre mojado en cuanto al conflicto entre PSOE y Podemos. De hecho, por ahí llegó el primer encontronazo público de la coalición en 2020.
Fue cuando Iglesias insinuó que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, es un "machista frustrado" por las pegas jurídicas de su departamento a la ley de libertad sexual que ya preparaba entonces Montero. La norma a la que la ministra menciona coloquialmente como la del "solo sí es sí" en la que Campo veía graves lagunas jurídicas.
Fue una de las primeras zancadillas de la formación morada a la coalición, que luego se han prolongado en lo referente a la Monarquía en general y al rey Emérito en particular; a las pensiones; a materias sociales como los desahucios o el precio de la electricidad o, incluso, a cuestiones de política exterior.
El vicepresidente segundo Iglesias llegó a reivindicar, por su cuenta y riesgo, un referéndum para el Sáhara Occidental, comprometiendo la posición del Ejecutivo en las semanas previas a la Reunión de Alto Nivel (RAN) con Marruecos, que finalmente fue aplazada a febrero.
Detalles de la norma
La propuesta presentada en solitario por el PSOE, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, regula la "igualdad de trato y la no discriminación" en diversos aspectos de la convivencia, tales como la contratación en las administraciones públicas, los contenidos educativos o la actividad de los medios de comunicación.
Sobre este último punto, se establece que los medios deberán evitar "toda forma de discriminación en el tratamiento" en sus informaciones. En cuanto a las redes sociales, la nueva Ley promovería acuerdos con las empresas de internet para la eliminación de contenidos que atenten contra la igualdad de trato.
Igualmente trataría de regular los contenidos publicitarios, por considerar "ilícito" cuando atenten contra los principios generales de la reforma, así como lo relativo a la Inteligencia Artificial, impulsando que los algoritmos tengan en cuenta "criterios de minimización de sesgos". En el ámbito educativo se establecería la formación "específica" del profesorado en "atención educativa a la diversidad y a la igualdad de trato y no discriminación".
El título tercero de la Ley presentada por el PSOE incluye la creación de un "Comisionado para la igualdad de trato y la no discriminación". Un órgano que tendría, entre otras funciones, la de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos relativos a este ámbito susceptibles de infracción penal.