Los sanitarios exigen un escudo legal para retirar ventiladores a pacientes ante el colapso de las UCI

Al inicio de la pandemia de la Covid-19, la falta de respiradores hizo que muchos sanitarios tuvieran que decidir qué pacientes se quedaban con uno de estos equipos -imprescindibles para enfermos en situación crítica- y cuáles no.

En algunas ocasiones, la deliberación y el posterior triaje, una decisión puramente médica, se volvió en su contra a modo de denuncia de familiares de los enfermos. Por ello, ante la alta incidencia de la Covid en esta tercera ola y la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), los sanitarios piden un plan que les proteja ante esas denuncias.

El objetivo es que este tipo de decisiones no tengan consecuencias legales para los profesionales, que se limitan a aplicar los protocolos establecidos, y prevenir denuncias, como las que se registraron en mayo de 2020 por la Fundación Zaballos.

Con las UCI casi tan saturadas como durante la primera ola, la necesidad de ese respaldo a los sanitarios ha vuelto al primer plano. Aunque, como bien recuerda el senador y médico Koldo Martínez (Geroa Bai), este tipo de decisiones están aceptadas “legal y éticamente” en la ley de autonomía del paciente. Antes, las tomaban los médicos “junto con el apoyo de todo su equipo, con consenso, y ahora no”.

Moción del Senado

Por ello, Koldo Martínez registró en el mes de abril una moción en el Senado para que el Gobierno especificara los principios y valores con los que se debe realizar la atención sanitaria a los pacientes de coronavirus Covid-19 en España.

La propuesta fue aceptada en una Comisión de Sanidad en noviembre, pero no se ha materializado en ninguna medida concreta.

Ahora, y ante las denuncias de muchos profesionales que aseguran estar volviendo "a la primera ola", Koldo Martínez reitera la necesidad de ese pronunciamiento por parte de las autoridades para blindar “aún más” la autonomía y profesionalidad del médico que decida retirar un ventilador a un paciente.

“En la primera ola, la gente gestionó el número de respiradores como pudo y se hizo con la mayor fineza ética y clínica imaginables”, reitera.

A modo de ejemplo, el senador solicita que se haga algo similar a lo que hizo el Estado de Maryland (EEUU). Allí se ha estipulado que, si se registra una denuncia por la limitación de ventiladores, no se aceptaría. Esta fórmula legal de avalar todas las decisiones de los sanitarios es, a juicio del senador, "un símbolo de confianza entre la Administración pública y los profesionales sanitarios".

Ejemplo de EEUU

La nueva redacción de la sección de seguridad pública de Maryland incluye un apartado por el cual “un proveedor de atención médica es inmune a responsabilidad civil o penal si actúa de buena fe y bajo una proclamación de emergencia sanitaria catastrófica”.

Precisamente, la revista Jama publicaba en el mes de abril un estudio en esa misma línea sobre la posible responsabilidad legal por retirar ventiladores durante la pandemia de la Covid-19. También se han pronunciado al respecto diferentes organizaciones sociosanitarias y docentes.

Por ejemplo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) consensuaron un documento de recomendaciones generales para las "decisiones éticas difíciles" que deben adoptar los profesionales sanitarios durante la pandemia.

Ambas medidas son útiles, según Martínez, pero siguen siendo criterios de una sociedad científica "que no representa el acuerdo de la población española". Y, por tanto, podrían seguir acarreando problemas legales a los profesionales. 

"Yo estoy convencido de que el comportamiento ético de los profesionales es claro. Pero no estaría nada mal que existiera un pronunciamiento del Gobierno diciendo que apoyan a estos médicos y enfermeros", apunta. Para el senador de Geroa Bai, este pronunciamiento supondría eliminar de una "sobrecarga emocional" al sanitario.

El documentado final que se aprobó en la moción del Senado (que todavía no está ejecutada) consiste en que el Gobierno de España "especifique los principios y valores con los que se debe realizar la atención sanitaria a los pacientes de coronavirus Covid-19 en España".

En resumidas cuentas, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez marque los criterios éticos que respalden a los sanitarios en las decisiones de triaje.

Una pregunta del CIS

Esta disyuntiva no solo se ha planteado en el área profesional y parlamentaria. Hay que recordar que uno de los últimos estudios del CIS sobre la gestión de la pandemia preguntó por la posibilidad de quitar respiradores a personas con menos esperanza de vida.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluía, en su última encuesta sobre la pandemia, una pregunta a este respecto.

Pedía a los ciudadanos que escogieran entre varias opciones ante una situación hipotética en la que "hubiera escasez de respiradores, vacunas medicamentos y otros remedios para la Covid-19 y hubiera una posibilidad de salvar a la persona a quien se le administrara".

"Si pudiera elegir entre proporcionárselos a la persona más joven, o a la persona más enferma o a la persona más anciana y otro criterio distinto, ¿cuál sería su decisión?", planteaba el CIS.

La mayoría de los encuestados respondió (un 29,6%) que se inclinaban por usar los recursos con "el más joven, con más vida por delante", mientras que un 26,2%, en segundo lugar, se decantaba por "proporcionárselo al más enfermo y con más riesgo de morir". En tercera posición (el 20,2%) se situaron quienes tenían dudas o no sabían qué contestar.