El Gobierno se gastó 807 millones en sobresueldos el año de la pandemia

En 2020, el Gobierno destinó 807 millones de euros a pagar pluses de "productividad" y "gratificaciones" a trabajadores de la Administración General del Estado, según revela la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo había presupuestado 734 millones para este menester.

Los potenciales beneficiarios de estos sobresueldos son los más de 600.000 empleados -entre funcionarios, laborales y eventuales- que desempeñan su trabajo para la Administración del Estado, en las Fuerzas Armadas, en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Administración de Justicia, pero son muchos menos los receptores.

En el año de la pandemia, en un momento en el que la Covid ha propiciado el mayor hundimiento de la economía española desde la Guerra Civil, el Gobierno central destinó un 10% más de lo presupuestado -73 millones- a aumentar los ingresos de muchos empleados de la Administración.

Además del salario básico, la nómina de un empleado público puede incluir una retribución complementaria. Es en este segundo apartado donde entran los suplementos que reparte de manera discrecional la dirección del departamento en cuestión. Ese dinero extra que ingresa el trabajador se conoce popularmente como "bufanda". 

La Ley de Función Pública subraya que la entrega de estos sobresueldos tiene un carácter "subjetivo" e "individual" y su finalidad es retribuir "el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés con el que el funcionario desempeñe su trabajo". En la práctica, eso significa que cada jefe de departamento dispone de una cantidad y la reparte entre sus empleados como considera oportuno. 

Según los datos que ha podido consultar EL ESPAÑOL, los 17 ministerios que formaron el primer gabinete de Sánchez se repartieron 692 millones de euros en concepto de productividad. Por tanto, no se gastó ni un céntimo más de lo que se presupuestó: exactamente, 692.915.752 euros.

Gratificaciones

La situación es bien diferente en el apartado de "gratificaciones". El mismo año en el que 1,9 millones de españoles perdieron su empleo, el Gobierno destinó 73 millones de euros más a remunerar a determinados empleados.

La partida inicial para cubrir este capítulo era de 41,5 millones, pero acabaron destinándose 114.583.957 euros.

La ley explica que esta partida, "de carácter excepcional", está destinada a retribuir "servicios fuera de la jornada normal" que "no forman parte de la retribución mensual ordinaria". Su importe no es fijo ni regular, "es un concepto retributivo de carácter discrecional, tanto en los requisitos para su concesión como otros aspectos, como la cuantía".

Los empleados que accedieron a este complemento también cobraron productividad, trienios y complemento de destino, si es que tenían derecho a ellos.

Para tapar ese agujero de 73 millones en las arcas públicas, o bien habrá que reordenar partidas de los Presupuestos, detrayendo cantidades de otros capítulos, o tendrá que recurrirse al Fondo de Contingencia, creado para cubrir gastos "imprevisibles" o "urgentes". De otra forma, esa cantidad pasaría a engrosar el déficit. Las correcciones presupuestarias necesitan, en cualquier caso, el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

El pago de sobresueldos en la Administración se arrastra desde el comienzo mismo de la Democracia, pero se ha ido incrementando exponencialmente con el paso de los años. Cada partido político que ha llegado al poder ha encontrado en las bolsas de dinero destinadas a gratificaciones una forma de premiar a personas de sus equipos y castigar a los subalternos más rebeldes. Este modelo se replica en todas las administraciones autonómicas y locales.