Justo cuando se cumple un año de que Pedro Sánchez se reuniera en Barcelona con Quim Torra para poner en marcha la llamada "Mesa de diálogo" de los independentistas, el PSOE refirma su compromiso con este órgano oficioso.
Los socialistas respaldaban este martes en el Congreso de los Diputados una moción al respecto de ERC, que trasladaba por unas horas el debate de la campaña catalana al Hemiciclo del Parlamento nacional. La diputada republicana Monserrat Bassa dejaba claro que esa Mesa sería para hablar de la "amnistía" y de la "autodeterminación". Horas antes el candidato del PSC, Salvador Illa, afirmaba tajantemente en una entrevista en Onda Cero que la amnistía "no cabe en la Constitución".
Antes del debate parlamentario, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, confirmaba su voto a favor ya que la moción "no difiere en nada", decía, del acuerdo que hace un año posibilitó la abstención clave de los trece diputados de ERC en el debate de investidura. Un pacto que ella misma, recordaba, negoció entonces con el propio Gabriel Rufián. "Está en el ánimo de este Partido, y de este Gobierno, cumplir con los compromisos adquiridos" sentenciaba Lastra.
La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Para Ciudadanos, que junto al PP y Vox rechazarán la iniciativa (por motivos técnicos la votación se realizará este jueves, aunque las posiciones ya están fijadas) la moción de ERC evidencia que los de Oriol Junqueras y el PSC están dispuestos a reeditar el Tripartito.
Así lo decía en una declaración convocada a tal efecto en el patio del Congreso la líder naranja, Inés Arrimadas. "Se acaba de constatar el pacto para el tercer tripartito" señalaba la presidenta de Ciudadanos, quien subrayaba que "esta vez peor, porque será liderado por ERC".
Para Arrimadas la moción aprobada equivale al "programa electoral" de ese eventual gobierno catalán, que a su juicio incluye "una mesa de chantaje, que excluye a más de la mitad de los catalanes, que da privilegios a los líderes del procés y que tapa absolutamente cualquier problema real que sufrimos en Cataluña. El Partido Socialista ya no puede engañar a nadie" concluía.
Arrimadas subrayaba que la única "duda" sobre el 14-F es si al PSC, ERC y los comunes, la marca de Podemos, les darán "los números" para formar ese ejecutivo autonómico. La republicana Bassa, por contra, proclamaba desde la tribuna de oradores que "nunca" formarán gobierno con el PSC.
Podemos: "El Gobierno no amenaza"
Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de los de Pablo Iglesias, Jaume Asens, afirmaba dirigiéndose a los independentistas que "estamos de acuerdo en lo fundamental". El diputado catalán buscaba la complicidad con ERC, mientras reprochaba a Junts Per Catalunya su mirada "estrecha" ante el "conflicto" catalán que, a su juicio, necesita una "solución para los presos y los represaliados".
Asens sacaba pecho de su influencia en el Gobierno de España, del que destacaba el "blindaje de la inmersión lingüística", realizado con la enmienda a la Ley Celáa pactada con el PSOE y ERC, así como que es un gabinete que "ya no amenaza" con la aplicación del artículo 155. Cuando era líder de la oposición, Sánchez negoció en 2017 con el entonces presidente, Mariano Rajoy, la aplicación por primera vez en la historia de ese artículo de la Constitución.
Salvador Illa.
La portavoz de Junts y candidata del partido de Carles Puigdemont, Laura Borrás, acusaba al Gobierno de no haber tenido "ninguna intención de negociar con Cataluña". Recordaba que hace un año se acordó que habría encuentros mensuales tras la cumbre en el Palau de la Generalitat, el 6 de febrero, entre Sánchez y Torra.
Negaba que la pandemia y el estado de alarma trastocaran los planes iniciales. Borrás afirmaba en cambio que la Mesa dejó de reunirse en 2020 porque simplemente fue, para el PSOE, "un trámite para asegurarse la investidura, no la convocó ni por convicción ni por voluntad real de avanzar hacia la solución de un conflcito".
El propio Illa confirmaba que si llega a presidir la Generalitat convocará esa Mesa. En el Hemiciclo, el diputado del PSC José Zaragoza arremetía contra los independentistas, acusándoles de considerar que sólo con un presidente autonómico separatista sería válido ese órgano de diálogo con el Gobierno central.