La fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

España

La Abogacía del Estado fracasa en su petición de que el TS no revise el nombramiento de Delgado

El PP presentó esta demanda al entender que el nombramiento de Delgado constituye "una desviación del poder al ser un fraude constitucional".

6 febrero, 2021 16:53

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El Tribunal Supremo se pronunciará sobre el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a petición del Partido Popular. El TS ha optado este sábado por aplazar su decisión sobre la posible falta de legitimidad del PP para interponer una demanda contra el nombramiento de la fiscal, alegada por la Abogacía del Estado para reclamar que se decretara su archivo y, por lo tanto, continuará con la investigación.

Así lo ha acordado la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo en un auto en el que resuelve sobre las alegaciones de la Abogacía del Estado pidiendo que se rechazara el recurso contencioso administrativo promovido por el PP para que se anulase el nombramiento de la fiscal general por su vinculación con el partido al frente del Gobierno, habiendo sido poco antes ministra de Justicia y diputada del PSOE.

En respuesta a esas alegaciones, el PP sostuvo que en este caso no se podía tener en cuenta la jurisprudencia sobre la legitimidad activa de los partidos políticos, al entender que la "designación incorrecta" de Dolores Delgado es "susceptible" de afectar a los procedimientos judiciales en los que pueda estar inmerso el PP o alguno de sus miembros.

A esto añadía, que "como primer partido de la oposición" debe además ejercer el control sobre los actos del Gobierno, "interponiendo recursos ante la jurisdicción ordinaria y constitucional".

En ese sentido, el Partido Poular ha sugerido esta semana que Dolores Delgado podría estar influyendo en el proceso judicial del extesorero popular Luis Bárcenas. 

Así lo consideró el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien sugirió que la fiscal podría estar detrás del cambio de estrategia en la defensa del extesorero después de que el pasado miércoles remitiera una carta a la Fiscalía Anticorrupción acusando al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy de "destruir" documentación relevante sobre la contabilidad en B en Génova. El objetivo último de esta supuesta alianza, según García Egea, sería hacer daño al partido y desviar el foco de atención sobre el Gobierno.

"¿Ha pactado la fiscal general del Estado con el señor Bárcenas para perjudicar al Partido Popular? ¿Forman parte las declaraciones del condenado señor Bárcenas por robar al Partido Popular de algún tipo de acuerdo con la Fiscalía, cuya máxima responsable es exdiputada socialista y exministra del señor Pedro Sánchez (...), sobre todo en estos momentos, que vemos que el Gobierno no se destaca por su buena gestión en la pandemia? Son preguntas que cabe realizarse", afirmó García Egea en Trece TV.

"Fondo del asunto"

En este trámite de alegaciones, "en el que no se ha formulado contestación a la demanda ni se ha tramitado el resto del recurso, no puede resolverse la objeción procesal planteada" por la Abogacía del Estado, relativa a la falta de legitimidad del PP para interponerla, señala el auto.

Los magistrados explican que no pueden resolver esta cuestión sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que les lleva a aplazar su decisión a la resolución definitiva que finalmente emitan.

"Esta singular conexión, expresada en los trámites y la naturaleza de este tipo de nombramientos, aconseja, por tanto, que el recurso debe seguir sustanciándose hasta su conclusión por sentencia, en la que se examinará dicha falta de legitimidad y, en su caso, el fondo del asunto", precisan.

El PP presentó esta demanda el pasado mes de agosto al entender que el nombramiento de Delgado constituye "una desviación del poder al ser un fraude constitucional".

Según el PP, Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible para este nombramiento dada su "vinculación inequívoca" con el PSOE y el Gobierno, que con su nombramiento solo persigue "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación".