El PP pide al TS que anule la designación de Dolores Delgado: "Se resucita el modelo fiscal de Franco"

El Gobierno de Pedro Sánchez "no persigue otro fin" con el nombramiento de Dolores Delgado que "situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como hacía la Ley Orgánica del Estado de 1967", afirma el Partido Popular en la demanda que acaba de formalizar ante el Tribunal Supremo.

En la demanda, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la formación de Pablo Casado pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que declare la nulidad radical de la designación de la exministra de Justicia como fiscal general porque constituye una desviación de poder al ser un "fraude constitucional" y porque la elegida no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible dada su "vinculación inequívoca con el Gobierno y el PSOE".

A esas dos tachas se une una tercera: Delgado tampoco cumple, a juicio del PP, el requisito de ser una jurista de reconocido prestigio, algo que el Gobierno "no ha justificado ni motivado debidamente" al proponerla para el cargo.

"El prestigio de Dolores Delgado como jurista es ignoto", afirma la demanda, que asegura que "si la Sala revisa el expediente encontrará un currículum ramplón, de mínima entidad, de mínima cualificación, más allá de exponer el cumplimiento de un oficio".

"Desprecio" a la Constitución

El PP, que recurrió el nombramiento de Delgado el 5 de marzo, formalizó la demanda el pasado 27 de julio, en plenas conversaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado sobre el reparto de las instituciones pendientes de renovación, entre ellas el Consejo General del Poder Judicial.

Se trata de un extenso escrito en el que la formación de Casado censura con dureza la designación como responsable del Ministerio Público de quien fue ministra de Justicia "hasta tan solo dos días antes de ser propuesta como fiscal general" por el Gobierno del que formó parte.

"Delgado entregó la cartera a su sucesor el día 14 de enero de 2020, esto es, el mismo día en que se propuso su nombramiento como fiscal general del Estado. ¿Puede acaso imaginarse un mayor desprecio a nuestra Carta Magna y a la imparcialidad del Ministerio Fiscal?", se pregunta el PP.

La demanda también subraya que Delgado fue en dos ocasiones candidata del PSOE al Congreso, extremo que fue omitido en el curriculum enviado a informe del Consejo General del Poder Judicial. Siete de los vocales de este órgano se pronunciaron sobre la "falta de imparcialidad" de la entonces candidata al cargo en un voto particular que el PP destaca.

Su condición de exdiputada tampoco fue mencionada por la propia Delgado en su comparecencia en la Cámara el 20 de febrero.

Pero el PP se encarga de recordar al Supremo que no sólo fue número 5 en la codiciada lista electoral por Madrid en los comicios del 28 de abril y del 10 de noviembre de 2019 sino también que en ninguna de las dos ocasiones concurrió en calidad de independiente, como podría haber hecho al amparo de la ley electoral.

El fiscal franquista 'resucita'

Para el Partido Popular, lo que ha ocurrido con el nombramiento de Delgado es una desviación de poder ya que lo que realmente se pretende es lograr un fin distinto al previsto en la ley: se persigue "el inconstitucional establecimiento de un puente directo, de un enlace permanente dirigido a una relación de inequívoca dependencia entre Gobierno y Ministerio Fiscal".

Y se hace "en términos tales" que "rememora" la ley franquista de 1967, en la que se consideraba al fiscal "órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales de Justicia".

En otros términos, con el nombramiento de Delgado -calificada en la demanda de longa manus del Gobierno, una "mera prolongación o brazo de los dictados del Ejecutivo"- "renace o se hace resucitar" el régimen político franquista.

"El Gobierno no ha querido, sino que ha renunciado a garantizar la independencia del titular de la Jefatura Superior del Ministerio Fiscal, persiguiendo otro fin que es situar al Ministerio Fiscal a su servicio, bajo su dependencia y con plena subordinación, como la Ley Orgánica del Estado, sin ocultamientos, explicitó", sostiene el PP, que recuerda la polémica afirmación de Pedro Sánchez de que la Fiscalía "depende del Gobierno".

Con ello, la "desconfianza" en la institución que se proyecta a partir de quien la dirige "se produce de inmediato porque su nombramiento se ha escrito con las letras de la ortografía de la dependencia respecto del Gobierno".

Perfil militante

Para el partido demandante, ello es evidente no sólo a la luz de la condición de exministra y de exdiputada socialista que la designada ostentaba hasta momentos inmediatamente anteriores al nombramiento de fiscal general sino, además, por el "perfil" que, según los populares, Dolores Delgado ha tenido como política.

La demanda reproduce manifestaciones realizadas por Delgado como candidata a diputada y como alto cargo socialista que "acreditan su absoluta y radical parcialidad" dado su "alineamiento sin fisuras con el PSOE" y su "notable escasez de mesura, prudencia y respeto por las diversas posiciones políticas de otros grupos políticos", en particular el PP.

"Cuando Pedro Sánchez va a Europa, se nos escucha… ¿Qué pasaba con el Partido Popular? Era vergonzoso, qué queréis que os diga" o "sois la militancia de la que me siento absolutamente enamorada y orgullosa, aún sin ser del partido socialista" son algunos de las afirmaciones de Delgado en mítines del PSOE que la demanda reproduce.

Lo mismo hace con manifestaciones realizadas por la actual fiscal general cuando era ministra, como la de que "el PP lleva en su ADN la corrupción”, “estar cerca de los populares es un poco tóxico”, "el PP es un partido corrupto y en descomposición", "trabaja contra la convivencia y eso genera inseguridad", "degrada las instituciones y el propio Parlamento".

El PP habla de una "militancia material" de Delgado en el PSOE por más que no pague la cuota de afiliada y afirma que la ahora fiscal general "rezuma prejuicios, prevenciones y odios" contra la formación de Casado, lo que entronca con su legitimación para impugnar su nombramiento.

Éste es un obstáculo jurídico relevante ya que la doctrina del Supremo es muy restrictiva respecto a la legitimación de los partidos para recurrir contra la actividad administrativa.

La "intranquilidad" del PP

La demanda sostiene que existe una conexión específica entre el real decreto impugnado y la esfera de intereses legítimos del PP y es que se ha nombrado fiscal general a alguien con una "pública y notoria aversión" a este partido, implicado en causas judiciales sobre las que la exministra puede ahora tomar decisiones como responsable del Ministerio Público e incluso promover su ilegalización y disolución.

Ello genera al PP "indefensión e intranquilidad", afirma la demanda, que apela la la necesidad de no consagrar la "impunidad" de "actos políticos" que son "manifiestamente ilegales" como el nombramiento para la Fiscalía de alguien cuya "falta de imparcialidad" no es ocasional o accesoria sino "permanente y arraigada".

Delgado "ha acudido y participado de forma activa en actos electorales y mitines del PSOE, ha defendido sin matices sus postulados, ha actuado en línea con el partido y coordinado sus mensajes a tal fin, ha sido elegida diputada en dos ocasiones (sin concurrir como 'independiente'), ha sido ministra del Gobierno, ha proferido duras descalificaciones e incluso acusaciones contra los partidos de otro espectro ideológico y en especial el principal partido de la oposición, que considera 'corrupto' y 'en descomposición'”, resume la demanda.

"¿Repentinamente puede una persona estar integrada en unas siglas y, al día siguiente, revestirse del manto sagrado de la imparcialidad? ¿Cómo se traspasa el sendero del partido al de la neutralidad en menos de 24 horas?", se interroga el partido demandante.

El PP cree que habría sido "debatible" la imparcialidad de Delgado si hubiera sido nombrada fiscal general tras un período de transición.

Réquiem por la Fiscalía

"Pero lo que resulta a todas luces un fraude constitucional es el paso inmediato y automático desde los poderes ejecutivo y legislativo a la Fiscalía General del Estado, tanto más cuando el presidente y líder del partido bajo cuyo patrocinio se ha accedido a sendos poderes políticos del Estado (y que no guarda una concepción precisamente garantista de la autonomía del Ministerio Fiscal) permanece en el cargo", indica en referencia a Pedro Sánchez.

Para el PP, la designación de Delgado es "un ataque frontal y directo frente a la separación de poderes" y es "más propia de regímenes de otra índole que de un Estado social y democrático de Derecho".

"El conflicto de intereses es palmario: ser militante político -se haya tenido o no el carnet del partido- y sin solución de continuidad pasar a ejercer la jefatura del Ministerio Fiscal sencillamente constituye una burla a la Constitución", concluye. 

"Se explicita y justifica la dependencia y subordinación al Gobierno del que era parte (parcial), con lo que se degrada, se desnaturaliza y, con ello, se entierra el Ministerio Fiscal".