El juez de la Audiencia Nacional pide al Supremo que investigue a Alvise Pérez por financiación ilegal de su partido

Al ser éste eurodiputado, sólo el Alto Tribunal puede hacerlo. Y así lo ha planteado Calama en una exposición razonada en la que recoge los "indicios sólidos" contra el político.

Tal y como recuerda el documento, el empresario Álvaro Romillo confesó ante la Fiscalía haber entregado 100.000 euros en efectivo a Pérez para financiar su campaña a las elecciones europeas del 9-J.

El 'cripto-empresario' que dio 100.000€ a Alvise declara ante el juez que esperaba "favores futuros" del político

Pérez concurrió con la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), que consiguió tres escaños en el Europarlamento.

En su resolución, Calama subraya que existen "indicios sólidos" de responsabilidad penal frente al político. De hecho, en su denuncia, Romillo aportó decenas de mensajes entre ambos, en los que Alvise, tanto antes como después de convertirse en eurodiputado, se abre a "hacer lobby" en Bruselas en favor de las compañías del empresario y de la inversión en criptoactivos, a lo que éste se dedicaba.

Según figura en uno de esos chats, en abril de 2024, Pérez expresó: "Estoy pensando en la potencialidad de nuestra colaboración. Con un buen acuerdo de colaboración tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo, financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal".

Romillo estaba siendo investigado por Calama por la posible estafa cometida por Madeira Invest Club (MIC), el conglomerado que agrupa sus empresas y que Pérez, precisamente, promocionó en un acto en el Hipódromo de la Zarzuela, en abril de 2024, poco antes de las europeas.

Pero su confesión ante la Fiscalía provocó la apertura de una pieza separada dedicada a investigar la posible financiación ilegal de SALF. Calama facilitó a Pérez la posibilidad de declarar voluntariamente en esta rama de la instrucción, pero éste, que se había comprometido a hacerlo, acabó declinándolo.

Ahora bien, durante su interrogatorio por estos hechos, Romillo aseguró que entregó el dinero al político, ya que esperaba "favores futuros". También manifestó que había abordado con Pérez la posibilidad de que éste promocionara en sus redes sociales los negocios del empresario y una parte de lo que los inversores que llegaran de su mano pagaran fuera a parar al político.

Por todo ello, Calama atribuye a Alvise un posible delito electoral y de financiación ilegal de partidos políticos. En concreto, habría incumplido la prohibición que limita a 50.000 euros anuales la donación efectuada por una misma persona.

En su exposición razonada, el magistrado también envía al Supremo los indicios existentes contra Romillo, al considerar que las conductas de los dos investigados "constituyen la cara y cruz de una misma moneda" y están entrelazadas por una "íntima conexión".

"El primero [Alvise] se habría dirigido al segundo [Romillo] a fin de solicitarle ayuda para crear unas wallets en los que poder recibir donaciones anónimas efectuadas por terceras personas, de forma que quedaran al margen de todo control financiero. Álvaro Romillo no solo habría creado estas wallets a los referidos efectos, sino que también le habría proporcionado 100.000 euros en efectivo con objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones del Parlamento Europeo", resume Calama.

"En buena lógica, enjuiciar ambas infracciones por separado podría dar lugar al dictado de sentencias contradictorias, ya que mientras en un caso podría declararse probado la entrega de la referida donación, en el otro podría concluirse que esta entrega en ningún momento tuvo lugar", explica para justificar por qué envía al Supremo también lo relativo al empresario, que no es aforado.

Por tanto, una vez el Alto Tribunal acepte la exposición razonada, la Audiencia Nacional seguirá investigando, tan sólo, la pieza relativa a la supuesta estafa de Madeira Invest Club.

En 2023, antes de que Alvise Pérez participara en el acto del Hipódromo de La Zarzuela, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había advertido del MIC, al que calificó de "chiringuito financiero". Madeira, avisó CNMV en un comunicado, no contaba con las autorizaciones necesarias para efectuar las inversiones que ofrecía.