Si a principios de diciembre decíamos que la formación de una ola era también la ola misma, es decir, que esos pequeños repuntes que veíamos en Madrid, Baleares o Cataluña podían acabar en algo tan grave como lo que hemos visto en lo que va de 2021, no hay que olvidar que el declinar de esa ola cuando la orilla aún queda lejos puede ser igual de peligroso.
Así, en España, país de excesos, solo nos preocupan los nuevos casos, los nuevos hospitalizados o los nuevos fallecidos cuando intuimos que al día siguiente pueden ser más. Cuando vemos que la cosa va a menos, nos tranquilizamos, pensamos en otra cosa y no le damos más vueltas: la ola terminó, volvamos a lo nuestro.
Sin embargo, lo cierto es que siete semanas después del fin de semana de Nochebuena y Navidad en el que supuestamente tan malos fuimos, el volumen de casos y hospitalizados que vemos en cada indicador de la pandemia sigue siendo alarmante. Según los datos oficiales del ministerio de Sanidad hechos públicos este lunes, siete comunidades autónomas siguen por encima de los 750 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
No hablamos ya ni mucho menos de fechas festivas o de excesos sino que esa incidencia se ha acumulado del 24 de enero al 7 de febrero, cuando ya prácticamente todas las comunidades tenían sus medidas implantadas para evitar más contagios. Como se ve, está costando. El límite de alerta estuvo en 100 durante el verano y se subió un poco artificialmente a 250 cuando llegó la segunda ola. Todas esas comunidades están tres veces por encima de este último umbral, destacando por negativa la situación en Comunidad Valenciana , Castilla y León y La Rioja, por encima de los 900 casos por 100.000 habitantes.
Aunque las tendencias son lógicamente positivas -lo contrario, como sucedió en enero en Portugal sería lo noticiable-, lo cierto es que el ritmo de bajada aún es más lento de lo que nos gustaría. No solo en el número de contagios -117.458 en la última semana- sino en el de hospitalizados y, sobre todo, en el de camas UCI ocupadas. Aquí, el límite que pusieron comunidades y gobierno central en el Consejo Interterritorial fue del 35% de ocupación.
Recordemos una vez más que estos porcentajes se calculan sobre el total que cada comunidad establece como máximo posible. No sobre el número de camas UCI existente antes de la pandemia ni sobre el desplegado a lo largo de la misma. Sería el máximo a partir del cual tendríamos que empezar a evacuar a gente a otros lugares y, por supuesto, no incluye todas las patologías sino solamente la Covid-19.
Generalmente, entendemos que un 35% de ocupación Covid sobre el total de camas posibles, viene a ser un 75-80% sobre el total desplegado contando todas las patologías… y en torno al 100% de las camas UCI disponibles antes de la pandemia. A partir de ese 35%, estaríamos utilizando otros recursos del hospital en cuestión para tirar adelante y poder atender a todos los enfermos.
Obviamente, esta situación se puede dar puntualmente en un momento de crisis, durante unos cuantos días. El problema en España es que, a nivel nacional, la ocupación UCI lleva por encima de ese 35% ya casi tres semanas y sigue en el 43,16%, aunque con tendencia, insisto, a la baja. En algunas comunidades, como Cataluña o Baleares, el colapso dura ya más de un mes. En Comunidad Valenciana o Madrid, tres cuartos de lo mismo.
Un mes entero con las UCI hasta arriba no debería ser compatible con la idea de relajar medidas e ir abriendo comercios, hostelería, etc. De hecho, en Madrid no se han llegado a cerrar nunca pese a registrar más de 400 muertes a la semana. La idea de que “esto ya ha pasado” al ver las curvas de incremento caer, y pese al hecho de que la vacunación no vaya a la velocidad deseada por los miles de problemas habidos con AstraZeneca, parece instalada en las mentes de muchos de nuestros dirigentes como un atavismo.
No es un abierto “salvemos la Semana Santa” pero sí un soterrado “salvemos lo que podamos como podamos”. De esta manera, se produce un fenómeno algo cruel, que supone olvidar a las víctimas porque, al fin y al cabo, “no son suficientes” como para cerrar un país o una comunidad autónoma.
Así, aunque no se ha llegado a los picos de abril, en el último mes han muerto en España, según las comunidades autónomas, más de 12.000 personas. No han llenado titulares y no han merecido homenaje alguno, pero han muerto igualmente en las condiciones que sabemos que implica esta pandemia: solas, ahogándose, sin seres queridos cerca y sin un funeral ni un velatorio en condiciones para despedirse de ellas.
Al tratarse del último indicador en bajar y teniendo en cuenta el retraso de notificaciones que acumula el Ministerio, es muy probable que las cifras de Sanidad a lo largo de esta semana sigan subiendo. Desde el viernes se han añadido 909 víctimas al acumulado, pero, hay que insistir, eso no implica que hayan muerto durante el fin de semana sino que sus fichas se han cumplimentado durante estas últimas 72 horas.
De hecho, si nos vamos un poco más atrás, al final del puente de diciembre, del que se cumplen dos meses exactos, el Ministerio ha añadido 15.649 defunciones a su acumulado. Es una cantidad astronómica para una sola patología, por encima de la media mensual de enfermedades vinculadas a tumores cancerígenos y ligeramente por debajo de la relacionada con problemas cardiovasculares.
El problema es que aquí no hay que elegir: las muertes no se dividen sino que se acumulan. En marzo de 2020, la idea de cientos de muertos nos hizo meternos en nuestras casas y no salir en un buen tiempo. Un año y 62.295 muertes (oficiales) después, el mensaje parece el contrario: merece la pena seguir como si nada.