La mujer del venezolano que reclama Maduro: "Yo acuso a Pedro Sánchez si le extradita y lo matan"

A la misma hora que Cismary Marcano clamaba llorando por evitar la extradición a Venezuela de su marido, Luis Quintero, a las puertas del Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno recibía en Moncloa al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), Filippo Grandi.

"Yo le pido a Pedro Sánchez y a todo su equipo que le respeten los derechos a mi esposo, y que no sea entregado a la dictadura de Venezuela. Mi esposo es inocente, ¡inocente! No cometió ningún delito, ninguna estafa. Les suplico que le den la oportunidad de demostrarlo".

Agarrada a un cartel que emplaza al presidente del Gobierno a no extraditar a Quintero, su mujer levanta la voz.

Entre tanto, Ernesto Luis Quintero Méndez (Cabinas, 1980), perseguido por el chavismo desde 2018, lleva un par de noches encerrado en una celda de Soto del Real, "a la espera del próximo vuelo que encuentre la Audiencia Nacional" para embarcarlo a Venezuela "y ser entregado al régimen de Nicolás Maduro, donde puede ser torturado o, peor, asesinado".

En el centro de Madrid, una mujer pequeña hace responsable al presidente Sánchez de la vida de su esposo: "Él ya presentó todas las pruebas y los recursos, pero nada de eso lo han tomado en cuenta. El ACNUR ha reclamado que no se le extradite porque se pueden violar sus derechos, pero no lo han respetado... si algo le llega a pasar ¡yo acuso a Pedro Sánchez por lo que le pueda pasar a mi esposo!".

En la plaza de las Salesas, a las puertas del Alto Tribunal, Cismary está acompañada por dos diputados de la resistencia opositora, por representantes de Refugiados sin Fronteras y por decenas de activistas venezolanos exiliados que, con banderas, mascarillas y frío, gritan:"¡Libertad, libertad!" ante los periodistas.

Amparado por ACNUR

Quintero nunca fue accionista de la empresa que supuestamente cometió una estafa en 2010. Quintero no está buscado por Interpol. Quintero ha sido amparado por ACNUR, que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que no lo entregue. Quintero tiene trabajo legal en España, una mujer y una hija con asilo político reconocido...

Pero Quintero está en la cárcel, a la espera de ser embarcado y aterrizar en Caracas "para ser entregado a un régimen que España no reconoce". Entre otras cosas, porque no respeta los derechos humanos, porque tortura, porque en sus cárceles se asesina.

Y Quintero, de hecho, ya ha sufrido mucho de todo eso: nunca se le ha reconocido su asistencia letrada, no se han recibido sus pruebas exculpatorias... "y además, si aquí hay que temer a la Covid, imaginen en una prisión venezolana", advierte Winston Flores, diputado opositor al chavismo.

Detenido hace dos días por orden de la Audiencia Nacional, este economista venezolano ha dormido ya dos noches en prisión, 48 horas de pesadilla. Será enviado a Caracas a pesar de que ni Interpol lo tiene incluido en su lista de código rojo ni el chavismo ha vuelto a mover un dedo desde hace tres años por reclamarlo.

Pero los papeles exculpatorios de Interpol llegaron un mes después de que el Ministerio del Interior español le hubiese denegado el asilo político... precisamente porque, supuestamente, lo buscaba Interpol.

Además, el régimen de Maduro lo usará "como cabeza de turco" una vez aterrice en Maiquetía, el aeropuerto internacional de Caracas, "a pesar de que España no reconoce el gobierno de Maduro" ni a su "Justicia manipulada".

Ante el Tribunal Supremo en esta mañana fría de febrero, su esposa gritaba y lloraba: "Por favor, por favor, no lo manden a Caracas, no tenemos a nadie más, mi niña de siete años y yo estamos solas aquí, por favor, él es inocente... y me ha llamado desde prisión unos segunditos para decirme que está bien, pero yo le noto angustiado".

Mientras, a su lado, el diputado de la Asamblea Nacional legítima -ésa que sí siguen reconociendo España y la Unión Europea- trataba de explicar el embrollo: "Nosotros entendemos que hay leyes, y las respetamos. Comprendemos que la Justicia tiene sus procesos, y los acatamos. Pero estamos aquí para denunciar un error que puede costarle la vida a un compañero inocente, Luis Quintero".

Una terrible paradoja

Este jueves, EL ESPAÑOL revelaba la terrible paradoja que vive este ciudadano venezolano, después de que el Consejo de Ministros autorizara su extradición, en contra, precisamente, de las recomendaciones de ACNUR, cuyo alto comisionado está de ronda este viernes entre Moncloa y los ministerios de Inclusión, Interior y Asuntos Exteriores.

"Creemos que es para una agenda bilateral ya cerrada", explicaba a este periódico Flores, "pero ojalá traten el tema... antes de que se encuentre ese primer vuelo a Caracas".

Quintero lleva años proclamando su inocencia, atendiendo todas las citaciones de los jueces y fiscales venezolanos. La comunidad venezolana en el exilio español aún confía en la sensibilidad del Gobierno. "Nos han dicho que van a revisar el caso, y que van a tratar de colaborar en todo lo posible", explica el diputado Flores.

A su lado se enjuga las lágrimas Cismary, que sí tiene la tarjeta de asilo. Así como su niña. Pero a Quintero le espera un proceso que, sin duda, será político. Por mucho que él no haya estado inmerso nunca en actividades opositoras.

En 2010, en pleno deterioro de la economía venezolana, con la hiperinflación rampando, Hugo Chávez decidió culpar a las compañías financieras y bursátiles de todos los males que había causado su deficiente gestión de los años de abundancia y altos precios del petróleo.

El régimen bolivariano expropió la compañía para la que trabajaba Quintero como analista de valores, y "el chavismo comenzó a usar la empresa para Dios sabe qué menesteres", expica Flores.

Quintero nunca había tenido responsabilidades en la compañía, pero al poco se abrió un proceso legal por estafa contra los accionistas "y en los papeles que iniciaron el caso, se le incluyó como directivo".

Ahora, por aquel "error", se le considera uno de los responsables de un supuesto delito, aunque nunca fue un directivo. De hecho, Quintero llegó a trabajar durante tres años para el régimen, cuando la sociedad fue intervenida y se le obligó a quedarse en las oficinas para ayudar a los interventores judiciales a su liquidación.

"Salve a mi marido, Pedro Sánchez, por favor... él no ha hecho nada, y yo tengo miedo", musita Cismary antes de irse.