La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el seno de la Benemérita, baraja celebrar una "gran manifestación" en Madrid la próxima primavera a modo de protesta ante lo que ellos definen como el "año negro" de Marlaska. En esa gran movilización, que matizan que se producirá "si la Covid-19 lo permite", se congregarían efectivos del insttuto armado para denunciar la gestión de este primer año del Gobierno de coalición.
Ese annus horribilis se resume en gran medida, para ellos, en el inmovilismo del Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente y María Gámez en la dirección de la Guardia Civil, ante cuestiones y demandas de los agentes. Algunas de ellas tienen que ver con reivindicaciones sobre la jornada laboral, con la distribución del plus de productividad o con las normas internas del cuerpo, que suponen, dice la AUGC, una "involución sin precedentes".
"Un año es el tiempo que le ha bastado al PSOE para dilapidar los escasos derechos de los guardias civiles", explican. A su juicio, el Ministerio del Interior ha querido "frenar el avance del movimiento asociativo y terminar con las ilusiones de los miembros del Cuerpo que albergaban la esperanza de la modernización de las relaciones laborales internas en la Guardia Civil".
Los guardias civiles, dice la asociación, son los trabajadores públicos "con menos derechos del Estado español, sin turnos de trabajo con cadencias fijas en su horario laboral -medida implantada en la Policía para hacer frente al Covid-19-, con unos pluses económicos discriminatorios y sin derecho a negociación colectiva ni cauces para reivindicar sus legítimas aspiraciones".
Por este motivo, AUGC ha advertido de que si no se produce "un cambio en las políticas de personal para avanzar en los derechos de los guardias civiles", convocarán esa gran congregación en las calles de Madrid durante los próximos meses.
El cese de De los Cobos
El año 2020, sin duda, ha sido convulso en la Benemérita. Entre otras vicisitudes, ha estado marcado por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, relegado de su puesto de forma fulminante por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil".
Las pesquisas sobre las que se le inquiría las estaban realizando sus subordinados. Los agentes a cargo del coronel ejercían como comisión de Policía Judicial por orden de la juez Carmen Rodríguez Medel y respondían ante ella y nadie más de sus averiguaciones.
El ministro Fernando Grande-Marlaska y el coronel Diego Pérez de los Cobos.
Su objetivo era tratar de dilucidar las posibles responsabilidades del Gobierno en la organización de las manifestaciones del 8-M en los albores de la pandemia.
"Es una investigación delicada para el Gobierno y tenemos que conocer lo que la Guardia Civil está entregando a la jueza". Éste fue el motivo que la directora general del instituto dio al coronel al comunicarle la decisión "de la cúpula del Ministerio" de apartarle como jefe de la Comandancia de Madrid.
Tercer tramo
Una de las principales protestas de la asociación mayoritaria ya ha a los agentes llevado a manifestarse en la calle en los últimos meses ante dependencias de la Benemérita. Se trata del reparto del tercer tramo de los 807 millones destinados al acuerdo de equiparación salarial con las policías autonómicas.
Ahora, tras ese acuerdo, pese a los años que se llevaba peleando, explican que un agente de la Benemérita "percibe menos cantidad económica que un policía nacional -aumentándose así la brecha salarial- a pesar de que el presupuesto era de un 59% para la Guardia Civil, frente a un 41% para Policía Nacional".
La asociación repasa además los diferentes reales decretos aprobados en el año de gestión del Ministerio del Interior, y los juzgan encaminados a "encorsetar" a las asociaciones profesionales. Las fuentes de la asociación citan, entre ellos, el Código de Conducta, algo que advierten como "un todo en uno para remilitarizar la Guardia Civil".
La asociación lamenta finalmente "la falta de coraje y valentía política para establecer las bases de una Guardia Civil del siglo XXI". "Avanzar sin dilación hacia una configuración de la institución como cuerpo policial moderno donde se sepa conjugar la naturaleza militar con las funciones policiales, pero a la vez se huya de militarismos e imposiciones", sostienen.