El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, está elaborando una propuesta normativa para que la donación en vida de un órgano se considere causa específica de incapacidad temporal.

Esta ley dará especial protección laboral a aquellas personas que hayan decidido donar uno de sus órganos. Una modificación legislativa que implicaría una "prestación de la Seguridad Social acorde con la misma, equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente".

La norma, que todavía no se ha terminado de redactar, ampliaría la citada protección de los donantes vivos en el ámbito laboral. "Protección" en situaciones como: ausencias justificadas necesarias para su evaluación clínica y su comparecencia preceptiva ante el juez o, en caso preciso, ante el Comité de ética asistencial del hospital correspondiente.

El proyecto normativo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) responde a una demanda de aquellas personas que, en su libertad individual y sin ningún tipo de recompensa, donaban un órgano dentro del sistema sanitario español. Muchas de ellas, agrupadas en asociaciones de pacientes, denunciaban una situación de 'prejuicio' en su entorno laboral.

Es cierto que la acción de donar un órgano provoca "ausencias al puesto de trabajo necesarias para la realización de pruebas, someterse a una cirugía y recuperarse de la misma".

Situaciones que, hasta ahora, se realizaban sin protección social especial y que podían repercutir negativamente en las condiciones laborales del donante. Además, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, existía una importante reducción del tiempo de trabajo que acarrea en una bajada de sus ingresos.

Con esta norma, que todavía no es efectiva, el Gobierno pretende paliar esta situación así como las penalizaciones que algunos donantes sufren a la hora de contratar su seguro de vida.

De hecho, el Ministerio de Sanidad está valorando, junto a otros departamentos, la posibilidad de establecer "medidas que eviten que la donación de un órgano en vida sea considerada una contingencia específica en la contratación de un seguro de vida".

Inicios en el Congreso

La propuesta que ahora se hace efectiva ya comenzó su andadura en forma de incitativas parlamentarias tanto del PSOE como del PP. Ambos han presentado diferentes proyectos en estos años.

Por un lado, en octubre de 2018 el Congreso de los Diputados aprobó una enmienda transaccional, firmada por los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos, en la que se instaba al Gobierno a promover las "modificaciones legales necesarias para que la donación de un órgano por parte de un donante vivo constituyera causa de incapacidad temporal".

Una iniciativa que ahora se hace realidad y que, en ese momento, contó 343 votos a favor y sólo uno en contra.

Un mes más tarde, en noviembre, el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados presentaba una Proposición no de Ley relativa a la protección sociolaboral de las personas que deciden donar un órgano en vida.

La petición de los populares, que firmaba la por aquel entonces portavoz Dolors Montserrat, perseguía equiparar la baja laboral del donante vivo a la que tienen las mujeres gestantes durante el embarazo y el postparto.

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