El Gobierno de España no realizará una evaluación externa a la labor de los centros educativos durante la pandemia, como ha sido habitual desde 2016 a través de diferentes exámenes a los alumnos de sexto de Primaria y cuarto de la ESO.
El Ministerio de Educación argumenta que, como consecuencia del cese de la actividad presencial con motivo de la Covid-19, este tipo de evaluaciones "no se aconsejan o se hacen inviables", tanto por la situación educativa (alumnos fuera de las aulas) como por la falta de recursos humanos.
Así lo expresa el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria en la que anuncia también que el sistema de evaluación se parará hasta que se instaure el nuevo modelo educativo que implanta la LOMLOE, conocida como la ley Celaá.
De esta forma, este tipo de exámenes -que comparan los niveles educativos mediante pruebas tipo test a los alumnos-, no se celebraron durante el curso 2019/2020 (por la Covid) y tampoco se recuperarán ahora.
La supresión de estas pruebas durante el curso 2019/2020 y durante el 2020/2021 no tiene un impacto directo sobre el currículo educativo de los alumnos. Puesto que estas pruebas no tienen efectos académicos para ellos.
Aun así, fuentes del sector educativo destacan que sí son "muy valiosas" para hacer un diagnóstico de los sistemas educativos y permitir a la consejerías "realizar actuaciones de mejora".
Dos pruebas
El Gobierno recuerda que ya en un decreto de septiembre se decidió adoptar medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, estableciendo que durante el curso actual, "y con vigencia indefinida", no se realizarían las evaluaciones de 6º de Educación Primaria, ni 4º de ESO, apunta el documento.
Afirma, además, que una evaluación competencial con estándares metodológicos y científicos adecuados "necesita el desarrollo de un marco conceptual de referencia, recursos humanos y económicos" algo que, por la pandemia, no es posible tener.
Bien es cierto que, ahora que la actividad presencial sí ha vuelto a las aulas, Educación tiene la posibilidad de reactivar este modelo de evaluación. Aun así, el departamento de Isabel Celaá lo descarta y lo aplaza hasta que entre en vigor la LOMLOE.
Según esto, una vez se apruebe la nueva ley educativa (que actualmente está superando su trámite parlamentario en el Senado), el Ejecutivo habla de dos tipos de evaluaciones externas. Por un lado, las de diagnóstico en cuarto de primaria y segundo de la ESO. Y, por el otro lado, las evaluaciones generales del sistema educativo en sexto de primaria y cuarto de la ESO.
Para explicar este tipo de evaluaciones es necesario remontarse a los cursos 2016-2017 donde se realizaron las primeras, pues están todas ellas previstas por la actual ley de Educación, la Lomce.
Se trataba de un modelo de evaluación con carácter muestra y finalidad diagnóstica. Es decir, un test que no tiene efectos en las notas de los alumnos, pero que permite a las consejerías de Educación diagnosticar los fallos en los programas formativos.
En el caso de las pruebas del curso 2019/2020 estaban todas ellas previstas para finales del mes de mayo. En un primer momento se les dio a las comunidades la oportunidad de atrasarlas y, finalmente, se cancelaron.
Sin visión nacional
Aunque el objetivo era evaluar la situación del nivel educativo de todo el sistema español, el propio Gobierno de España no lo ve como una herramienta útil. En su propia respuesta parlamentaria, aseguran que cada una de las comunidades hace su particular prueba (test, análisis, cuestionarios, etc.), y es "imposible la equiparación". Y es que, aunque este tipo de evaluaciones sean de carácter general, la responsabilidad sobre su aplicación recae en las Administraciones educativas, dentro de sus territorios.
"Cabe señalar que, dado el ámbito territorial limitado de estas evaluaciones, estas no han cumplido la función de evaluación del sistema educativo a nivel nacional, puesto que se han realizado con diferentes instrumentos de evaluación (pruebas, cuestionarios de contexto, instrumentos de análisis, etc.) dentro de cada una de las comunidades autónomas", explica el Gobierno en la citada respuesta parlamentaria.
Estas pruebas que se dejan de hacer por segundo año consecutivo son muy valoradas en el sector educativo, puesto que ayudan a alcanzar objetivos para todo el alumnado "sin exclusión y sin excepción".
Se consideran como un elemento que proporciona "equidad", ya que obligan a todos los agentes del sistema a conseguir los mismos objetivos mínimos y comunes para todos los alumnos.
Por ejemplo, en un momento en el que se ha acusado a la escuela pública de hacer distinciones a la hora de impartir lenguas cooficiales dentro de sus centros, estas pruebas ayudarían a resolver si es cierto o no. Comparando el nivel en las capacitaciones del lenguaje entre las diferentes regiones, se podría conocer si los conocimientos básicos se han impartido en todas por igual.