La nueva ley de Universidades puede llevar al cierre de uno de cada tres centros privados

Entre esas exigencias, que se impondrían con carácter retroactivo, está la obligación de que cada Universidad tenga diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado. 

La mayoría de estos requerimientos supondrían un inconveniente para los centros de titularidad privada, más pequeños y con una oferta formativa más compacta que los de la pública.

El grupo parlamentario Ciudadanos en el Parlamento Europeo se ha hecho eco del malestar existente en el sector de la educación superior a través de una pregunta parlamentaria que impulsa José Ramón Bauzá.

La norma que critica Ciudadanos establece algunas modificaciones -que todavía no han sido aprobadas-, como la contratación del personal docente o la cantidad de grados por universidad, que pueden ser letales para los centros privados.

Una de estas reclamaciones (tal vez la más visible) es la referida al número de grados adscritos. En la actualidad existen muchas universidades privadas donde no se imparte un gran número de titulaciones, sino que son formaciones más enfocadas a un área, como por ejemplo negocios.

Esta nueva ley, por el contrario, obliga a que toda universidad cuente con una oferta de enseñanzas mínimas de "diez títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y tres programas oficiales de doctorado".

Oferta educativa

Los grados, además de en número, aumentan en áreas de conocimiento, puesto que en la oferta educativa deberán estar representadas "como mínimo" tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).

Charo Vega, secretaria general de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), explica a EL ESPAÑOL que también se añaden requisitos referidos a la presencia de, por ejemplo, instalaciones deportivas. Unas reclamaciones que, a su juicio, no dan cabida a las diferentes tipologías de centros.

Otro de los problemas que desde ACADE han encontrado al proyecto de ley, para el que han presentado enmiendas, es lo que incumbe a la investigación. La norma exige que todo centro destine un 5% del presupuesto a un programa propio de incentivación a la investigación.

Desde la asociación aseguran que es una cifra muy difícil de asumir para centros en los que no se tienen tantos recursos como la pública "ni financiación ajena".

Para Vega, este tipo de exigencias acotan a un único modelo la morfología de las Universidades. De hecho, algunos de los requisitos con respecto al profesorado se enfrentan "directamente" con su modelo educativo.

Jornada completa

Por ejemplo, la norma reclama una contratación casi a jornada completa de los profesores adjuntos. Algo "imposible para las universidades privada" cuyo atractivo es atraer expertos en la materia para impartir formación. "Profesionales que no pueden contratarse a tiempo completo".

El mensaje de ACADE es reiterar el valor de su formación con "cifras oficiales del Ministerio" y esperar a que el documento se apruebe de forma oficial. Porque, como también ellos mismos reprochan, no tienen voz en el proceso previo.

Y es que, al contrario que en muchos órganos consultivos,, ACADE denuncia que no tienen cabida dentro de estos. "Los agentes sociales en el Consejo de Universidades se lamentan tras haber reiterado, en varias ocasiones, su interés de modificar este hecho".

Con todo ello, Charo Vega reitera el valor de la privada para el sistema educativo español. "En los últimos años no han parado de crecer los estudiantes que prefieren seguir sus cursos en Universidades privadas. Su número se ha duplicado en la pasada década y en el curso 2018-2019, último del que hay cifras oficiales disponibles, registró una subida del 11,8%, pasando de los 253.000 alumnos del año anterior a 283.000", insiste.

Estas cifras son positivas, no sólo por sí mismas, sino porque contrastan con el "estancamiento" de matriculados en Universidades públicas. "En el curso 2018-2019, quedaron vacantes 25.000 plazas de estudios de grado ofrecidas por las universidades públicas, cuya tasa de ocupación no llegó ni al 90%", explica.

Del mismo modo, Vega defiende la privada como un tipo de
 educación más ligada al mercado laboral. Algo que "reflejan los datos": "La tasa de empleabilidad de las privadas es catorce puntos superior a la tasa de las públicas".

Por todo ello, piden que esta reforma universitaria "tengan en cuenta a la red de centros privados" sin condenarlas a cerrar por no poder cumplir con algunas de las exigencias anteriores.

Centros privados

Con todo ello, el parlamentario de Ciudadanos preguntó a la Eurocámara cómo valoraba la puesta en marcha de esta ley que "limitaría" la especialización y la saturación de la oferta de títulos y obligaría a cerrar al 36% de los centros de educación privados.

A ello, el Parlamento Europeo repuso que es un aspecto del que es "plenamente responsable" el Estado miembro, en este caso España. "La adopción de leyes y reglamentos sobre la creación, acreditación y garantía de calidad de las Universidades es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros", apuntan.

Por su parte, Bauzá ve en la respuesta un error, puesto que se escuda en aspectos competenciales. "Yo planteé esta pregunta para que se pronunciara sobre una propuesta que creo que sólo ahonda problemas estructurales de nuestro sistema educativo", ha explicado a EL ESPAÑOL.

La reforma que plantea Castells, a su juicio, impone unas condiciones que "no resuelven ninguno de los problemas del sistema español, sino que los agravan". A su parecer, la forma de educar en la privada es una respuesta a la demanda del mercado laboral que exige "profesionales con una formación especializada". 

"Eso lo han entendido tanto las universidades como los alumnos, por eso crece tanto el número de estudiantes en centros privados como el número de los mismos", ha argumentado. 

Sobre la obligatoriedad de ofrecer más títulos de los que ya se requería en la anterior regulación, Bauzá lo ve como una forma de "saturar aún más la oferta" y comprometiendo la viabilidad económica "de muchos centros privados, que le ahorran además una importante cantidad al Estado".

"Yo como liberal creo que la calidad educativa y la libertad de elección y de oferta van de la mano. Desde luego los centros privados son parte de la solución, y no el problema", ha apuntado.