El Congreso de los Diputados ha aprobado una Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas de la Covid-19 y el Plan de Vacunación en España. Una propuesta que llega después de conocerse que varios políticos y gestores no respetaron el orden establecido por el Ministerio de Sanidad (y que ha desembocado en una moción de censura en el caso murciano).
La iniciativa ha contado con 289 votos a favor y la casi unanimidad de los grupos (sólo 60 diputados se han abstenido y 1 ha votado en contra) aunque cada uno ha defendido la investigación de su visión personal. Mientras que los partidos de la derecha acusaban al Gobierno de haber actuado "tarde", los propulsores, Más País-Equo y Compromís, hablaban de investigar a las infantas.
Joan Baldoví, miembro de Compromís y encargado de presentar la propuesta, ha defendido que las vacunas deben distribuirse "con una lógica social". Es decir, primero a quien más la necesitan "y no a quien pueda pagarlas o al que se pueda colar", en una clara alusión a las infantas.
Además, ha añadido que, según sus cuentas, en España "más de 500 personas" se han vacunado "sin que le correspondiera".
Como adelantó EL ESPAÑOL, la investigación de las posibles irregularidades en el proceso de vacunación contra la Covid se presentó en coalición por los grupos Más País-Equo y Compromís. Sus objetivos son tres: controlar a los "caraduras", crear un órgano independiente para seguir el plan de vacunación y aumentar el porcentaje de sanitarios.
Durante el debate, Mas Madrid no ha entrado en dilucidar si habrá o no responsabilidades legales o administrativas (como multas) para los que se han saltado la cola. El objetivo es que el Poder Legislativo investigue los hechos y demorar las responsabilidades políticas en el caso de que las haya.
Hasta julio
La vida de esta comisión de investigación no será muy longeva y terminará en julio, cuando concluye el periodo de sesiones. De esta forma, coincidiría con la fecha que Sanidad se ha puesto para que el 70% de la población esté vacunada. Bien es cierto que el plazo puede ser ampliado si lo acuerdan los grupos.
El objetivo de esta comisión es que se analice la posible existencia de estructuras de tráfico de influencias que hayan permitido que la gente se saltara su turno de vacunación. Además, se señala directamente la existencia de "fallos" en el protocolo y se insta a los grupos a poder enmendarlos.
Aunque la mayoría de los grupos han votado a favor de la iniciativa, el PSOE ha mostrado su disconformidad con las formas. Guillermo Antonio Meijón, diputado socialista, ha calificado a la comisión de "distorsionar el proceso" fijándose "en lo malo". En su defensa, Meijón ha defendido que los que se saltaron la cola son "elementos marginales que no pueden contaminar el éxito de la vacunación".
El PP ha defendido la utilidad de la Comisión como un elemento para investigar la labor del Gobierno. Un trabajo que, a juicio del diputado, ha sido lento y ha estado marcado por un "gran caos logístico".
El portavoz adjunto del GPP, José Ignacio Echániz, ha asegurado que "es imprescindible" conocer todos los extremos relacionados con la gestión de la Covid-19, por lo que pide ampliar el objeto de la Comisión de Investigación sobre el plan de vacunación contra la pandemia, como lo ha propuesto el PP en varias ocasiones y "el Gobierno y sus socios lo han impedido".
"El Ejecutivo se ha vuelto a quitar de en medio y, en lugar de liderar y diseñar un plan nacional de vacunación como el resto de países desarrollados de nuestro entorno, ha permitido 17 planes distintos de vacunación, generando desigualdades, inequidades y descoordinación", ha finalizado.
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