Hace cuarenta años, en una España que se recuperaba de la asonada golpista del 23-F y en una Cataluña que tras la reinstauración de la autonomía vivía los primeros compases de la presidencia de Jordi Pujol, un grupo de intelectuales alertó de los peligros del "nacionalismo excluyente". Lo hicieron en el manifiesto de los 2.300, publicado en Diario 16, dirigido entonces por Pedro J. Ramírez, el 12 de marzo de 1981.
Los pistoleros del grupo terrorista Terra Lliure no tardaron en darles la razón atentando contra uno de sus firmantes. Varios de sus miembros secuestraron al profesor Federico Jiménez Losantos -quien acababa de publicar su primer libro, "Lo que queda de España"- le ataron a un árbol en un descampado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) y le dispararon en la pierna. Previamente le preguntaron si era uno de los firmantes del manifiesto, a lo que contestó que sí, y le dijeron que le iban a dejar "un recuerdo".
Jiménez Losantos, que tenía entonces treinta años y daba clases de lengua y literatura castellana en un Instituto de Enseñanza Media de Santa Coloma de Gramanet, terminaría convirtiéndose en el más célebre firmante del texto, junto al sociólogo Amando de Miguel.
Ambos, junto a varios de los firmantes originales del manifiesto que quedan vivos, como Santiago Trancón, José María Vizcay, José Carralero, Benjamín Oltra, José María Fernández y Amelia Romero, suscriben en este 40 aniversario otro texto junto al Premio Nobel, Mario Vargas Llosa, el filósofo Fernando Savater, y muchos otros escritores e intelectuales.
Una "precoz denuncia"
Todos ellos, y por iniciativa de la asociación Impulso Ciudadano, que dirige el ex diputado y fundador de Ciudadanos, José Domingo, firman ahora otro manifiesto, titulado "En defensa de la Nación Constitucional y por la igualdad de todos los españoles". En él elogian la "precoz denuncia" del texto de hace cuatro décadas sobre "los peligros del nacionalismo excluyente que iniciaba su proyecto de imposición lingüística y de eliminación delelel español de las instituciones".
Una denuncia que consideran sigue "vigente" por cuanto "desenmascaró las intenciones de un catalanismo que ahora se presenta abiertamente como nacionalismo hispanófobo y que tiene como objetivo derribar la Constitución de 1978, último dique de contención de su proyecto rupturista, hoy mimetizado en otras partes de España".
Los firmantes hacen responsables también a los "sucesivos gobiernos de España" de la situación a la que se llegó con el "ataque frontal a la democracia de septiembre y octubre de 2017" en referencia a la aprobación de las llamadas "leyes de desconexión" en el Parlament en contra del criterio de los letrados y al referéndum ilegal promovido por la Generalitat el 1-O.
Y es que según el manifiesto quienes han ostentado el Gobierno central se han movido "entre la indolencia y la inepcia" y "no han sabido encarar con determinación el desafío anticonstitucional y su desprecio reiterado a la ley y a las decisiones judiciales".
Un desafío, subrayan, cuyos responsables, en referencia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes fugados o condenados por sedición por el Tribunal Supremo "no solo no se arrepienten, sino que proclaman provocativamente que lo 'volverán a hacer'. Su amenaza sigue en pie" concluyen.
El texto está firmado también por el escritor Andrés Tarpiello, el fiscal y ex eurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, o la ex líder de UPyD, Rosa Díez.