En 2005, Monforte del Cid (Alicante) aprobó en un pleno municipal construir un polígono industrial que a día de hoy sigue sin accesos a la autovía a través de la CV 825. Durante el pasado verano, el Ayuntamiento, presidido por la alcaldesa María Dolores Berenguer (IU), llegó un acuerdo para contruir ese acceso por mucho menos dinero del presupuestado inicialmente.
El problema está en que ese acceso se encargó a una empresa privada ajena a los promotores del polígono: una empresa en la que trabaja el marido de la alcaldesa. Esa decisión es la que ha sido llevada a los tribunales.
La denuncia contra la alcaldesa y su concejal de Urbanismo, Ángel Gutiérrez Guillén, la ha interpuesto un partido político de nuevo cuño y sin representación (Partido Alicantino Regionalista). Sin embargo, quien la promueve, Santiago De Munck, conoce toda la historia, ya que fue secretario municipal de ese municipio durante 15 años, hasta 2018.
Según la denuncia, fue en plena pandemia cuando el marido de la alcaldesa, Javier Martínez Serra, fue contratado como analista de producción por la empresa Uvasdoce SL. Esta firma está ubicada en los terrenos rústicos contiguos al polígono Las Norias, pero no quiso entrar en su momento ahorrándose los costes de urbanización. Es la supuesta beneficiaria del convenio.
La alcaldesa niega que debía haberse abstenido porque su marido es trabajador de la empresa, no propietario. "En esa empresa trabajan 500 personas, raro sería que no tuviese un familiar trabajando allí. Eso no es motivo de abstención", asegura. Recuerda además que llegó a esa empresa por unas prácticas del Servicio Valenciano de Empleo (SERVEF) y que apenas cobra 900 euros al mes.
El denunciante pide al juzgado que investigue a Berenguer, a su concejal de Urbanismo y a quien hubiese facilitado la operación urbanística, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y contra el Medio Ambiente.
La operación urbanística
El denunciante sostiene que cuando se inició ese polígono quedó firmado que la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que lo promovía debía realizar dos rotondas de conexión con la autovía valoradas en alrededor de 400.000 euros, que más tarde pagaría la Entidad Estatal de Suelo (SEPES).
De todo aquello, nada. La actuación urbanística aprobada por pleno ahora es modificada por la Junta Local de Gobierno, sin pasar por pleno. La alcaldesa argumenta que es una "necesidad" construir el acceso y que como ni la Administración autonómica ni la estatal la ejecutan, se ha llegado a este acuerdo.
El pasado 22 de mayo, después de que el marido de la alcaldesa entrase en Uvasdoce SL, el concejal de Urbanismo presentó un escrito ante la Consejería de Política Territorial para que se autorizase la ejecución de un acceso al polígono. Y desde Obras Públicas se emitió un informe de idoneidad favorable para su ejecución.
Berenguer argumenta que el primer borrador para esta conexión es de un año antes de que su marido entrase a trabajar en Uvasdoce, en abril de 2019. En él, los promotores del polígono ya cifraban cuánto podía costar. La alcaldesa dice que ya ahí aparecía la empresa donde entró a trabajar su marido más tarde.
Se contrató a técnicos para realizar los informes y en menos de un mes, el 11 de junio, desde Consejería se autorizó la ejecución del acceso. Un mes después, la AIU (que según el denunciante se ahorraba tener que adelantar esos 400.000 euros de las rotondas) aprobó un convenio con el ayuntamiento en el que se incluía a la empresa en la que trabaja el marido de la alcaldesa sin que ésta formase parte del polígono.
En ese convenio se establecía que si Uvasdoce pagaba los 28.267,39 € presupuestados para ejecutar la conexión a la carretera, podría conectarse a las infraestructuras municipales del polígono. Es ahí donde el denunciante cifra en 1,2 millones de euros las pérdidas para el ayuntamiento.
Los propietarios del suelo en el polígono habían pagado 28 euros por metro cuadrado de costes de urbanización para tener pluviales, alcantarillas, viales y aceras. A Uvasdoce le iba a salir, pagando esos poco más de 28.000 euros, a 20 céntimos de euros el metro cuadrado (posee cerca de 45.000 metros cuadrados) para tener los mismos servicios municipales que sus vecinos.
Plano de situación donde está ubicada la empresa Uvasdoce SL.
Berenguer asegura que no existe delito urbanístico porque "no se recalifica ningún terreno. Uvasdoce sigue estando sobre terreno rústico porque Conselleria permite actividades agrícolas en ese suelo. No hay pelotazo".
Sin informes
"El 26 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno Local, sin un informe de Secretaría ni de la Intervención que avalase la decisión, acordó aprobar inicialmente el convenio", reza la denuncia. En noviembre se publicó en el BOP. Se abrió plazo de exposición pública y no se admitieron las alegaciones del Partido Alicantino Regionalista por "presunta falta de legitimación activa".
"Es especialmente significativo el hecho de que los funcionarios habilitados estatales hayan hecho una clara dejación de funciones y no hayan informado, como es preceptivo, sobre la existencia de un Plan Parcial y un convenio vigente que regula los accesos al Polígono Industrial, así como sobre los costes y repercusiones económicas del Convenio para las arcas municipales", añade la denuncia.
La alcaldesa quiso dejar claro a EL ESPAÑOL que se siente acosada por el denunciante y que se ha tenido que coger un mes de baja.