La actuación de la Policíal Nacional se ha visto envuelta en polémica tras la difusión de una intervención que tuvo lugar la pasada semana en Madrid, en la que varios agentes derribaron la puerta de una vivienda donde se estaba celebrando una fiesta ilegal y accedieron a ella sin orden judicial. En imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo los agentes tiran abajo la puerta ante la negativa de los asistentes a dejarlos entrar.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 21 de marzo en una vivienda de barrio Salamanca, en Madrid, en la que se encontraban reunidas más de una decena de personas. La Policía acudió al lugar y solicitó a los asistentes desde el rellano que abrieran la puerta y se identificaran. Una mujer, desde el interior, les contestó que debían identificarse y presentar una orden judicial y se negaron a abrir la puerta. Tras ese breve intercambio, los agentes derribaron la puerta en medio de una nube de polvo.

Según ha adelantado Confilegal, dentro de la vivienda había 14 personas, de las cuales nueve fueron detenidas y conducidas a la Comisaría del Distrito de Salamanca, donde fueron acusadas de un "delito de desobediencia grave".

Entonces, el juez de guardia ante el que fueron puestos a disposición los detenidos, validó la acción de la Policía porque, en concentro, la joven "sabía que y conocía que los funcionarios que se identificaban como policía, pertenecían a ese cuerpo", según el escrito de juez recogido por dicho medio.

"También sabía y conocía que su presentación en el domicilio (…) fue derivada de la existencia de una reunión prohibida por ley", y sabía que debía identificarse. "Por estos motivos debe entenderse que la privación de libertad era razonable a la actitud adoptada por [la joven] quien pudiera ser investigada por un presunto delito de desobediencia grave a la Autoridad, por el que debe entenderse que la detención fue ajustada a derecho", añade.

Sin embargo, los abogados de los detenidos opinan que la Policía actuó indebidamente, pudiendo cometer allanamiento de morada. En declaraciones a EL ESPAÑOL, el abogado Juango Ospina considera que la fiesta en sí "es una infracción leve, una desobediencia administrativa" y que, por lo tanto, "no hay delito". 

Aún así, explica que, incluso en el que caso de que existiera algún delito grave, "tampoco se habrían dado los motivos para violar el domicilio, que siempre debe hacerse con orden judicial" y en casos de "necesidad o urgencia". Y no cree que en este caso se dieran esas circusntancias. 

En ese sentido afrima que "las fuerzas y cuerpos de seguridad se extralimitaron", y por ello valoran pedir la nulidad de todo el proceso.

Esta fiesta se suma a las muchas que son intervenidas cada fin de semana por todo el territorio por infringir las medidas contra la pandemia de la Covid-19. Tan solo en Madrid, durante el puente de San José, se detuvieron a 65 personas y se sancionó a 1.450 por incumplir las medidas sanitarias.