La víctima de abusos del exmarido de Mónica Oltra denunciará a la consejería por abandonarla

Lo hará tras la sentencia de la Audiencia de Valencia que condena al educador a 5 años de prisión y que cuestiona con muchísima dureza la actuación del departamento de la vicepresidenta valenciana ante los hechos denunciados por la menor. La Fiscalía no tuvo conocimiento de la denuncia hasta que intervino la policía, pese a que la menor lo comunicó cuatro meses antes a la dirección del centro.

El fallo de la Sección Segunda de la audiencia afea al departamento de Oltra la "hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla".

"Frente a la absoluta imparcialidad predicable de la pericia del Instituto de Medicina Legal, el ‘informe reservado’ y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat, al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la conselleria por un educador", recoge la sentencia.

"Acciones civiles"

La misma considera "patente" que existía una "relación de dependencia entre las autoras del informe y la administración que les hace la encomienda". "Tanto es así que el Ministerio Fiscal solicitó que se hiciera expresa reserva de acciones civiles frente a la Generalitat", recuerda el fallo.

Y la defensa de la menor se acogerá precisamente a esta reserva de acciones para exigir responsabilidades. En estos momentos se encuentran analizando la sentencia, y fruto de ese análisis decidirán si actúan por la vía civil o si optan también por la penal contra los cargos concretos cuya actuación pone en duda la sentencia sobre los abusos.

Tras la defensa de la víctima se encuentra José Luis Roberto, líder del partido de ultraderecha España 2000 y dueño del despacho de abogados Roberto & Salazar. Roberto, entre otras personas, participó en 2017 en un escrache a Mónica Oltra en el domicilio de la dirigente.

Los hechos fueron denunciados, pero el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lliria absolvió finalmente a los cuatro acusados de España 2000 de coacciones y amenazas. La jueza apreció una "extralimitación de la libertad de expresión", pero no vio delito.

Igualdad replica

Igualdad, tras conocer la sentencia, argumentó que los expedientes e informes que realizó "tuvieron como origen la atención de la niña". "Los informes son el resultado de esa atención. También el de la fundación Espill a la que fue derivada la menor para su atención psicológica y emocional ante, en ese momento, una sospecha de abusos", subrayaron, e insistieron en que "la derivación a Espill viene motivada por una atención garantista de la menor".

Prueba de esa voluntad es que, "en la fase inicial de la instrucción, la Fiscalía reprocha a la Dirección Territorial que no se le haya remitido información". "La dirección política de la conselleria, nada más tener conocimiento del caso, ordenó a la Dirección Territorial que colaborara con Fiscalía, mediante escrito del subsecretario. Y, además, elaboró un protocolo en el que recordó a los centros y a las direcciones territoriales la obligación de comunicar a Fiscalía cualquier sospecha de abusos", precisó.

"Ante sospechas o insinuaciones de posibles injerencias de la dirección de la conselleria en contra de la niña negamos que hayan existido", agregó el departamento. "Es más, la dirección de la conselleria tuvo conocimiento del caso cuando ya habían pasado varios meses desde los hechos y con actuaciones realizadas por parte de la Dirección Territorial y del centro de menores", aseguraron.

"De hecho, las actuaciones de la dirección de la conselleria tratan de ser garantistas con la protección de la menor y de subsanar los errores detectados en el proceso administrativo", concluyeron.