El anuncio del Gobierno de más presión fiscal tumba la campaña de Gabilondo de no tocar impuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunía este lunes con el grupo de expertos que va a elaborar un documento sobre la reforma de los impuestos en España, y en declaraciones a los medios de comunicación dejaba claro que la prioridad del Ejecutivo será modificar aquellos tributos "vinculados a la rizqueza".

En concreto: patrimonio, sucesiones y donaciones. Todo ello, argumentaba la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, para evitar que la descentralización "deje vacíos" algunos de estos gravámenes.

Naturalmente no pronunciaba la palabra Madrid, pero dado que ella misma excluía a País Vasco y Navarra, con sus propios sistemas de recaudación, y que la madrileña es la única autonomía que bonifica patrimonio (también, junto a otras comunidades autónomas, sucesiones y donaciones) la incidencia de sus palabras en la batalla del 4-M era innegable.

Más aún cuando Gabilondo, acogiéndose a lo transitorio del próximo Gobierno de la Comunidad de Madrid, se había comprometido a no tocar, al menos hasta las próximas elecciones de 2023, ningún impuesto. Y teniendo en cuenta además que la ministra hablaba de un plan de reforma fiscal para el próximo 2022. 

Ayuso: "Caretas fuera"

No tardaban Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado en señalar esta contradicción a través de sus perfiles de Twitter, en términos muy severos. "Caretas fuera" afirmaba la presidenta madrileña. Menos críptico, el líder de la oposición clamaba un "échense la mano a la cartera. Este es el infierno fiscal que nos espera. Sanchismo o Libertad".

El consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, por su parte, acusaba a Montero de "demostrar algo que ya sabíamos, que el PSOE siempre ha querido dar un hachazo fiscal a los madrileños" pese a que "Gabilondo lo intentó disimular, nos intentó engañar, pero es que ni siquiera son capaces de disimular quince días seguidos" concluía. Lasquetty cifraba en "dos mil euros por contribuyente" lo que supondría para los madrileños la implementación de esa reforma fiscal del Ejecutivo socialista. 

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, aseguraba que "en Madrid no hay que subir impuestos a familias y pymes, como pretenden PSOE-Podemos, sino seguir fomentando el empleo. Tenemos que lograr que se mantenga en el Gobierno la política sensata de Ciudadanos: impuestos bajos, lucha contra la corrupción y políticas sociales ambiciosas" concluía. 

Un debate antiguo 

El debate sobre la armonización fiscal con Madrid en el punto de mira no es nuevo. La izquierda se ha referido a él acusando incluso a los gobiernos del PP en la autonomía de practicar "dumping fiscal" al bonificar casi en su totalidad impuestos como el de patromonio o sucesiones.  

A finales de 2020, y dentro del debate sobre los Presupuestos Generales del Estado que terminó apoyando ERC, el portavoz de los independentistas catalanes en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se descolgó planteando una igualación de las políticas fiscales a nivel autonómico.

Algo que casaba mal con la tradicional reivindicación del nacionalismo catalán de mayor autonomía para fijar sus propios impuestos, como recordó entonces el ex ministro de Hacienda, Cristobal Montero. "Lo que se está plantenado va en contra de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que está reconocida en la Constitución, igual que para las entidades locales" aseguró el ex dirigente del PP. 

El volantazo de Gabilondo en materia fiscal, que ahora parece desbaratado por los planes del Gobierno, se produjo al mismo tiempo que vetaba a Podemos para pactos postelectores y mientras lanzaba guiños al electorado de Ciudadanos.

Precisamente el partido naranja sufrió en 2015 que se le asociara con una formación que pretendía modificar el impuesto de sucesiones, según el relato que hacen personas que trabajaron en la candidatura de Ignacio Aguado. En 2019 el ahora ex vicepresidente madrileño, posiblemente escarmentado por la experiencia, pulió esa propuesta fiscal, algo muy sensible en una Comunidad de Madrid en la que el PP presume desde hace décadas de una política de bajos impuestos.