Tambores de huelga en prisiones: los funcionarios piden a Marlaska más sueldo y ser "autoridad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puede encontrarse con un nuevo frente en los próximos meses si los funcionarios de prisiones deciden recurrir a la huelga en las cárceles de toda España.

Los principales sindicatos que representan a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias han anunciado movilizaciones en el caso de que las reivindicaciones que vienen reclamando en los últimos años no se vean recogidas en el texto de la nueva ley de Función Pública penitenciaria cuyo borrador ya tiene Interior. 

Esas movilizaciones, aseguran a EL ESPAÑOL en fuentes sindicales, aumentarán de manera progresiva "si no se consigue reactivar la negociación y que ésta prevea las principales reivindicaciones".

Entre esas condiciones estarían una subida salarial, reclamada desde hace años. Si esta no llega con la nueva ley, aseguran, la huelga será una de las acciones que se planteen realizar. "No va a ser la primera acción, pero si no hay reacción en positivo por parte de la Administración, será una de ellas", aseguran desde el sindicato ACAIP.

El objetivo de la nueva ley que se está elaborando es el de "modernizar y recopilar" la legislación por la que se rigen los funcionarios de prisiones, "dispersa y en muchos casos preconstitucional". Con esa ley, la Administración pretende dar respuesta a las demandas de los funcionarios, que iniciaron movilizaciones hace cuatro años, en enero de 2017.

Agentes de la autoridad

Una de las principales e históricas reivindicaciones que exigen en esa ley es la de que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias sean considerados agentes de la autoridad. Esta medida les permitiría estar más protegidos en caso de agresión por parte de los internos.

Gracias a esta nueva consideración, el testimonio de los funcionarios tendría mayor fuerza ante los tribunales, como el que tiene el de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La pena por cometer un ataque contra ellos resultaría también mayor.

Otro reconocimiento que buscan es el de ser reconocidos dentro del Grupo B de la Administración General del Estado. Esto implicaría que todos los trabajadores "cobrarían lo mismo independientemente del centro en el que trabajen", explican desde ACAIP.

"Estas reivindicaciones deben ir acompañadas de la memoria económica en la que conste cómo y cuánto va a suponer en las retribuciones de los funcionarios. Ya que debe suponer un aumento salarial", añaden.

El pasado 24 de febrero se celebró la reunión extraordinaria de la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias. En ella se dio cuenta de que las alegaciones al borrador de la nueva ley iban a remitirse Interior. Desde entonces, dicen los funcionarios, no se les ha aclarado la situación en que se encuentra el texto. 

El trabajo con las organizaciones sindicales empezó el año pasado, a principios del verano. Se pretendía elaborar una ley que "reconociendo las especificidades del colectivo, supusiera una modernización de nuestra institución".

Movilizaciones

Con este proyecto se pretendía también mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de las cárceles. Desde entonces se han mantenido diversas reuniones, como la del pasado 3 de diciembre, cuando el ministro Marlaska pidió una memoria económica a Instituciones Penitenciarias.

Fueron los sindicatos ACAIP-UGT, CIG y CSIF presentaron una memoria económica que, a su juicio, resultaba suficiente para hacer frente a todos los supuestos de la ley y que contentaba también a los funcionarios. 

Para estas organizaciones, el borrador que presentó Interior "no recoge aspectos imprescindibles para poder dar apoyo al proyecto normativo". Después de ver ese proyecto que había elaborado Interior, los sindicatos decidieron presentar una serie de alegaciones.

A finales del mes de marzo, estas mismas organizaciones pidieron a Interior que realizara un esfuerzo para enmendar una situación que continúa encallada. Por eso, en la situación actual, las asociaciones advierten de que si las expectativas de los trabajadores no resultan satisfechas, comenzarán de nuevo las movilizaciones. Y en el fondo, la posibilidad de una nueva huelga en el sistema penitenciario.