Los funcionarios de prisiones logran unir a Vox y a ERC en su lucha por ser "agentes de la autoridad"

"La pregunta es por qué nadie se atrevió a hacerlo antes. Vamos a por todas". Era una de las reivindicaciones históricas de numerosos sindicatos. Ahora puede convertirse en una realidad. Este martes uno de los sindicatos mayoritarios presentará en sociedad, arropado por distintos representantes de las principales asociaciones políticas el primer Anteproyecto de Ley del Estatuto de los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Esta iniciativa ha conseguido algo que ninguna otra había logrado hasta ahora, y es aunar el apoyo de Vox y Esquerra Republicana de Cataluña. Lo logran ahora defendiendo los derechos de los funcionarios de prisiones.

Se trata de un documento que engloba y reúne una serie de reformas en las leyes por las que se rigen los funcionarios de las cárceles españolas y cuya aspiración es la de elevar la calificación de estos profesionales. Una de esas medidas no puede ser más clara en su formulación. Quienes la han elaborado exigen como una de las principales medidas comenzar a ser considerados como agentes de la autoridad.

"Es un trabajo que llevamos realizando durante nueve meses con abogados y profesore en derecho", explica Manuel Galisteo, de Tu Abandono Me Puede Matar. "Tenemos muchísima ilusión. No pedimos nada que no sea ilegal e imposible".

Grandes espadas de partidos como el PP, Cs, Vox o ERC estarán presentes este martes en la presentación de este anteproyecto (11 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes). Es preciso recordar cómo, a diferencia de otras comunidades, Cataluña ostenta de manera exclusiva la gestión de sus cárceles. 

Esto les ha resultado muy útil en los últimos meses con los presos del procés cumpliendo allí su condena. Tal y como contó EL ESPAÑOL, los equipos de educadores perciben cada vez más malestar entre los internos por los “privilegios” que se les otorga a los dirigentes condenados por sedición que, a diferencia de los activistas Jordi Sánchez o Jordi Cuixart, todavía no han pasado entre rejas una cuarta parte de su pena.

Fuentes cercanas a la formación independentista aseguran que siempre apoyarán la reivindicaciones justas de los trabajadores. Eso sí, si en el estatuto que se presente al final se menosprecian los derechos de los presos "nos tendrán enfrente". 

Con este estatuto el sindicato, que aglutina a 4.000 trabajadores de las cárceles de todo el país, propone abandonar la mesa de negociación de la Administración General del Estado. "Lo hacemos para, por fin, tener nuestra propia mesa de negociación sectorial de Prisiones".

Uniforme y formación

La idea es intentar que el texto, un documento de unas 77 páginas, dé buenos resultados y pueda llevarse al Congreso de los Diputados para convertirse en un Proyecto de Ley. Entre las principales reivindicaciones se encuentra la de empezar a ser considerados como agentes de autoridad, una medida respaldada en los últimos meses por PP, Vox y Ciudadanos y por la que también se inclinan desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Esta medida les permitiría estar más protegidos en caso de agresión por parte de alguno de los internos. En los tribunales quedarían blindados ante los presos, ya que su testimonio tendría un valor mayor, como lo tienen a día de hoy los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cambiar el uniforme de los funcionarios de las cárceles será otra de las medidas adoptar. Calzado adecuado, identificaciones, prendas de otro color distinto que les distinga de los presos.

El sindicato que promueve la redacción de este anteproyecto argumenta que ellos, al un grupo tan particular dentro de los funcionarios públicos, necesitan ver reconocida esa singularidad con una ley modernizada y propia, adaptada a sus características tan concretas como trabajadores al servicio de las instituciones. 

Especialización

El proyecto que quieren implementar, aseguran fuentes del sindicato a EL ESPAÑOL, implicaría también un importante incremento en formación, en instrucción específica para atender a presos con delitos muy concretos: yihadistas, a mafiosos, a criminales de gran peligrosidad y otros asuntos similares.

A la presentación del anteproyecto no acudirá representación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Mientras tanto, el secretario general, Ángel Luis Ortiz, lleva por su cuenta una agenda de reuniones en esa línea de modernizar el trabajo que se desempeña en las prisiones españolas.