La primera en lanzar esta propuesta ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el simposio 'Wake Up, Spain!', donde ha asegurado que llevará su plan de vacunación conjunto a las instituciones europeas.

Durante el encuentro organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I, la presidenta ha reiterado que las grandes empresas "pueden ayudar en la vacunación" y agilizar la inmunización entre sus empleados. Una iniciativa que va a trasladar su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La explicación de Ayuso es clara: si una gran empresa (con su correspondiente servicio sanitario) tiene las vacunas suficientes, puede inmunizar a todos sus empleados con gran rapidez y aliviar de ese peso al sistema sanitario público, que se dedicaría a inocular a otro tipo de población.

La puerta ya se ha empezado a abrir por parte del Ministerio de Sanidad. A preguntas de EL ESPAÑOL, el departamento que dirige Carolina Darias ha recordado que las Comunidades Autónomas "son las que tienen que organizar su proceso de vacunación" con los recursos "que consideren oportunos, ya que son las que tienen las competencias".

Aun así, las fuentes gubernamentales confían en el poder del sistema sanitario público. "El Sistema Nacional de Salud", aseguran, "está suficientemente preparado para abordar una campaña de vacunación masiva como ha demostrado, sin ir más lejos, en la última campaña de la gripe".

En este punto, es necesario remarcar que, en el caso de la gripe, las empresas privadas son agentes activos en el periodo de vacunación. Son muchas las que adquieren este tipo de vacunas y se encargan de inocularla a sus empleados, una población fuera de las recomendadas por las autoridades sanitarias (personas mayores, vulnerables o de alto riesgo).

Apoyo de CCAA

La petición de Ayuso se suma a la de otras regiones, de todo signo político, que han reiterado que este proyecto puede funcionar, cuando lleguen las vacunas necesarias para abordarlo.

Ahora mismo, y dada la escasa cantidad de dosis que está enviando el sistema centralizado de compras europeo, el sistema está perfectamente dotado para cogerle el pulso. Pero, si llegan muchas más vacunas en los próximos meses, esto cambiará y se precisará de más manos. Es entonces cuando entrarán las empresas privadas.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha ofrecido en numerosas ocasiones su colaboración a la Administración pública en lo que respecta a la campaña de vacunación. De hecho, ha firmado acuerdos con varias Comunidades Autónomas en el marco del Plan Sumamos Salud+Economía, cuyo objetivo es, entre otros, que las empresas colaboren en la inmunización masiva contra la Covid.

La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha son las regiones que han llegado a acuerdos con la CEOE para abrir líneas de colaboración y con el claro objetivo de acelerar la vacunación cuando España reciba dosis suficientes.

En una entrevista concedida a Invertia, Cristina Contel, presidenta de la Comisión de Sanidad de la CEOE, ha incidido en que "todos los sectores sanitarios acreditados y competentes deben ser tenidos en cuenta por las Comunidades Autónomas con un único objetivo: vacunar, vacunar y vacunar. Cuanto antes y a la mayor población posible".

Además, Contel ha criticado a las regiones que han rechazado la ayuda del sector privado para acelerar la campaña. "¿Qué motivo sólido y objetivo existe para rechazar la ayuda de profesionales sanitarios que cuentan con la misma capacitación, se han licenciado en las mismas instituciones y cuya única diferencia es el ámbito en el que prestan sus servicios? Si tenemos que referirnos a motivos ideológicos, no se sostiene el rechazo".

'Ok' de la EMA

En un momento en el que la compra de viales se está centralizando en la Comisión Europea, la propuesta de las autonomías y de la CEOE es la de ser muleta del sistema sanitario. Es decir, no adquirir plenamente vacunas, sino distribuir las que llegan a las respectivas Comunidades Autónomas.

Pero la inclusión de los grandes grupos empresariales puede ir más allá. Concretamente, a que las empresas compren sus propias partidas de vacunas y las repartan entre sus empleados. Este supuesto es mucho más lejano, pero también un deseo de la patronal y las autonomías.

Por ahora, la alta demanda y la poca disponibilidad de viales hacen casi imposible la adquisición de compuestos fuera del marco de la Unión Europea, pero no imposible. Una compra de vacunas de la Covid, en su contexto legal, se articularía igual que la de cualquier otro producto sanitario o vacuna.

La única condición legal que deben cumplir las regiones es que las vacunas antiCovid que compren estén aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y, por tanto, se puedan comercializar en la Unión Europea.

Que el Ministerio de Sanidad abra la puerta al proyecto que propone Madrid o la CEOE es un cambio de criterio respecto a lo que defendían en enero, aunque en el ese momento había muchas menos vacunas disponibles.

Nada más comenzar la campaña, las empresas privadas dedicadas a la salud se ofrecieron como agentes para acelerar la vacunación y el Ministerio lo descartó. Desde Sanidad, se aseguraba que el sistema público tenía la capacidad suficiente para llevar a cabo ese trabajo.